La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina resolvió a favor de Telefónica en la medida cautelar en la que la empresa solicitó la suspensión del DNU 690 y sus consecuencias. El fallo en segunda instancia –la primera lo había desestimado– es un nuevo golpe al gobierno a 16 meses de la declaración de las TIC como servicio público aunque, en la práctica, los operadores ya no cumplen a rajatabla con los alcances de la medida.

“Estamos convencidos que todo el ecosistema necesita reglas claras que den previsibilidad y permitan la sostenibilidad de la industria; motor estratégico para el crecimiento del país y desarrollo de la sociedad”, dijo la empresa tras celebrar la medida que, como en otros casos, se aplicará inicialmente por el plazo de seis meses.

La nulidad alcanza específicamente a los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto y también declara la inaplicabilidad de la resolución 1466/2020, que disponía límites máximos en los aumentos; la 203/2021, de adecuación de precios minoristas para proveedores de servicios móviles; y de la 204/2021, de adecuación de precios minoristas para otros servicios, entre otros.

El caso de Telefónica se suma al de otras empresas que ya han logrado fallos favorables por este tema. El más resonante, por el ida y vuelta que provocó con el gobierno, fue el de Telecom Argentina, pero hubo otros, entre ellos el de Telecentro y DirecTV. El listado de fallos en su contra llevó al gobierno a presentar proyectos para convertir el Decreto en ley, un objetivo que todavía no superó la etapa de debate.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a licenciatarios un aumento de hasta un 5 por ciento en sus tarifas minoristas, retroactivo al primero de julio de 2021. Los incrementos, advirtió, sólo podrán ser aplicados por aquellos que hubieran cumplido con las disposiciones previas, lo que mantendrá vigente la polémica por los precios en Argentina.

La anuencia para subir tarifas fue dada a los proveedores mediante la resolución 862/2021, en la que también se expone que los aumentos previstos “no abarcan ni alcanzan a los precios de las Prestaciones Básicas Universales (PBU)” y otras medidas coyunturales. La medida se publicó en la mañana de hoy y entrará en vigencia este jueves 15 de julio.

El artículo 1 es el que habilita el aumento para planes prepago y pospago en móviles, tomando como referencia los precios autorizados por resolución 1466/2020 y 203/2021 (ver infografía al final). El siguiente establece en 25 pesos el valor máximo de recarga de 50 MB de datos móviles por día, en 0.38 pesos el segundo de voz y en cinco pesos el precio del SMS para prepagos.

El artículo 3 da vía libre al incremento de hasta cinco por ciento para licenciatarios de Internet, telefonía fija y televisión (mediante vínculo físico y DTH), en este caso con referencia a los precios vigentes según resolución 1466/2020, 27/2021, 28/2021 y 204/2021 (ver infografía al final). Las empresas tendrán 15 días para avisar al regulador cambios en su esquema de precios.

El artículo 5 dispone que “cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiera sido aplicado por licenciatarios y supere los valores autorizados deberá ser reintegrado a los usuarios en la próxima factura a emitir”. Además indica que, en esos casos, los prestadores no podrán proceder a suspender el servicio ante falta de pago. La ejecución de esta práctica dará lugar a la aplicación de sanciones, advierte.

La polémica por los precios en Argentina se encendió el año pasado, cuando el Ejecutivo declaró a las TIC servicios esenciales y públicos (DNU 690/2020) y dictó medidas adicionales: topes de aumentos y prestaciones mínimas obligatorias. Inmediatamente las empresas se quejaron de las disposiciones, en un contexto de aumento de costos para prestar servicios y alta inflación.

Los operadores fueron a la justicia por esta situación y varios de ellos lograron autorización para aumentar precios más allá de lo dispuesto por el decreto 690 y sus posteriores. El caso más resonante es el de Telecom Argentina, pues luego de que la justicia fallara a su favor el gobierno recurrió la medida, aunque una instancia superior denegó el recurso.

La sala II del Tribunal Contencioso Administrativo Federal de Argentina decidió este miércoles brindarle una medida cautelar a DirecTV y Telecentro que suspende, por seis meses, los efectos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que declaró servicios públicos a las comunicaciones y fijó un control de precios.

La cautelar también incluye las resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) número 1466/2020, 1467/2020 y 204/2021.

El tribunal concluye, de acuerdo con un análisis, que “la configuración de circunstancias que prima facie colocan bajo serio y fundado cuestionamiento el estándar de razonabilidad y la legitimidad del decreto 690/20 y de las resoluciones del Enacom adoptadas en consecuencia, por la directa afectación que generan a los derechos de propiedad de las accionantes” (DirecTV y Telecentro).

Esta cautelar se suma a la que ya había logrado Telecom Argentina a finales de abril pasado por el mismo Tribunal. Esta medida fue recurrida por el Enacom, recurso que fue denegado ayer.

También hubo otros fallos emitidos por la justicia cordobesa a favor de Catriel Televisora Color y de TV Cable Color, y de la justicia misionera a favor de Video Color Campo Grande.

De esta forma, la industria de telecomunicaciones sigue cosechando victorias en el camino judicial contra la norma que impuso el control de precios en Argentina.

Telecom Argentina celebra lo que es un nuevo round a su favor en la lucha por los precios en el mercado argentino. La empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal denegó el recurso presentado por el Estado en su contra. Agregó que la resolución se dio el 18 de junio pasado, pero tomó estado público en las últimas horas.

“La sociedad fue notificada que (se) resolvió por mayoría denegar los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra la sentencia de la sala que hizo lugar a la apelación interpuesta (…) contra los artículos 1 a 6 del decreto 690 y las resoluciones 1466/2020, 1467/2020 y 204/21”, indicó la empresa.

Todavía no hubo respuesta oficial del Enacom, pero seguramente en las próximas horas se conocerán los argumentos de su parte para continuar la disputa. Telecom Argentina había tomado una decisión judicial a su favor para aumentar sus precios por fuera de lo permitido en el decreto 690 y sus reglamentos, y el Estado apeló, incluso con palabras del presidente Alberto Fernández en contra de la medida.

La lucha entre operadores y gobierno viene de agosto de 2020, cuando se declaró a las TIC servicios públicos en Argentina. Luego se definieron topes de aumento para prestadores y obligación de ofrecer servicios básicos (PBU) que no han convencido a la industria a pesar de mesas de diálogo y reglas extraordinarias que permitieron incrementos limitados de tarifas en los primeros meses de 2021.

Las empresas defienden que las reglas hacen imposible dar servicios y mantener inversiones previstas en un contexto de alta inflación de costos que crecieron por encima del 50 por ciento, mientras que las autoridades defienden que la situación de emergencia por la pandemia los obliga a tomar medidas antipáticas. Hace 15 días, el regulador comunicó otra autorización de aumento, pero luego quitó el comunicado de su página, lo que incrementó las tensiones y provocó, de nuevo, desconcierto entre los operadores.

Se suma un nuevo documento al listado que compone la fuerte disputa entre el gobierno y los operadores por el decreto 690 y sus reglamentaciones en Argentina. Luego de la resonante celebración de Telecom Argentina, esta vez Video Color Campo Grande logró una cautelar, también por el plazo de seis meses.

El demandante había solicitado que “se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los artículos 1 a 6 del DNU 690 y sus reglamentos por ser violatorios de preceptos constitucionales afectando el derecho a la propiedad, el ejercicio de industria lícita, la libre competencia, la seguridad jurídica y el principio de razonabilidad de las leyes”.

Tras revisar los pormenores, el Juzgado Federal de Eldorado (Misiones) dio lugar al pedido de la compañía y, como consecuencia, dispuso la suspensión del decreto. El documento al que tuvo acceso DPL News tiene 25 páginas y la firma del juez federal Miguel Ángel Guerrero.

Seguramente no sea este el último revés para el gobierno por su decisión de declarar públicos y esenciales a los servicios TIC, poner tope a los aumentos y crear planes básicos universales de prestación obligatoria. También hubo varios a su favor. Lo cierto es que los casos son como rounds ganados para uno y otro lado en una lucha que, al parecer, se definirá por puntos.

Telecom logró ganar una batalla en la pelea por el control de precios en Argentina, luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo Federal admitiera una medida cautelar para frenar los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690.

Si bien el fallo le permite sólo a Telecom Argentina recuperar la libertad de fijar sus precios por seis meses, no sería raro que los demás operadores pidan tratamiento igualitario ante la Justicia.

Rápidamente, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) emitió un comunicado diciendo que no se sorprendió por el fallo y que “tomará las medidas legales correspondientes e interpondrá un recurso federal para elevar el tratamiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Esta resolución no modifica lo que venía ocurriendo en la práctica desde la promulgación de dicho DNU ratificado por Ley, ya que Telecom incumple el mismo desde hace más de ocho meses”, afirmó el regulador. Y es que Telecom Argentina mantuvo los aumentos de precios amparándose en los fallos emitidos en tribunales provinciales, como los de Catriel Televisora Color y otro de TV Cable Color.

“Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, Enacom reforzó la defensa de los derechos de los usuarios y usuarias, protegiendo siempre la competencia y las necesidades comerciales, y abriendo canales de diálogo permanentes con todos los actores involucrados, incluyendo a los operadores del mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, desde el primer momento, Telecom Argentina optó por el incumplimiento y la judicialización de todas las medidas dictadas en favor de las y los usuarios”, explicó el regulador.

Luego de que el Enacom intimara a los operadores porque sus facturas de enero se elevaron más del 5 por ciento permitido, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) expresó su preocupación por la situación de incertidumbre y por la falta de un camino de sostenibilidad para las TIC.

Según el organismo, “la política de control de precios instrumentada sin sustento técnico, que representa una anomalía en la región, pone en grave riesgo la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas del sector, y compromete el futuro del desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina”.

Para la asociación, se deben revisar las medidas, recuperar el tono de diálogo y alcanzar soluciones regulatorias basadas en criterios técnicos que permitan al país asegurar la sustentabilidad de la industria.

La Asociación volvió a recalcar que no es sostenible que con una inflación anual del 36.1 por ciento –de 26.2 por ciento en el periodo de abril a diciembre durante el cual permanecieron congelados todos los precios de los servicios TIC (en el caso del servicio móvil prepago la congelación de precios rigió desde fines de 2019)– se obligue a las empresas a tener un tope de aumento del 5 por ciento para todos los servicios, insuficiente para cubrir sus costos reales. Considerando además que la devaluación superó el 40 por ciento, lo cual afecta a una industria con buena parte de sus insumos en dólares.

“Asiet comparte la preocupación por el cierre de las brechas digitales, pero mayores niveles de conectividad no se alcanzarán por decreto, sino generando las condiciones necesarias para que más y mejores servicios lleguen a más argentinos y argentinas”.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, el gobierno declaró servicio público en competencia a las comunicaciones, congeló las tarifas todo el 2020 y comenzó a controlar los incrementos. A finales de diciembre, el Ejecutivo autorizó a las empresas a subir los precios un 5 por ciento a partir de enero, algo que las compañías consideraron insuficiente.

El Economista Nicolás Lucas

Argentina empieza el martes 1 de septiembre un ciclo económico de precios congelados para servicios de telecomunicaciones que durará hasta el jueves 31 de diciembre. Esta política tarifaria resulta de un decreto presidencial con fuerza legal equiparable a una ley constitucional.

Se trata de un Decreto de Necesidad de Urgencia con expediente DNU 690/2020 anunciado por el presidente Alberto Fernández en redes sociales y que en la práctica, además de una serie de medidas que impacta a toda la industria de telecomunicaciones y TIC local, invalida las tarifas que ya había planeado cada operador para cobrar al consumidor desde esta semana en el país con la cuarentena más larga del mundo por la pandemia —más de 155 días— y con una inflación interanual confirmada para julio del 42.4 por ciento.

Con el DNU 690/2020 el gobierno de Fernández pretende garantizar el acceso de los argentinos de a pie a los servicios de telecomunicaciones (televisión de paga, telefonía e Internet) en los siguientes meses, después de que la pandemia de coronavirus tiró 12.3% la actividad económica solamente en junio y cuando la paridad peso-dólar apunta a cerrar el año en 87.12 unidades entre los analistas más conservadores.

A la industria local le causa resquemor la oración “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” que se lee en el decreto, porque esas palabras significan, además de que no podrán cobrar una tarifa apegada a costos, que los operadores no podrán recuperar su inversión en el corto y mediano plazos en una Argentina cuya inflación esfuma el poder adquisitivo, ni podrán desplegar nuevas inversiones con celeridad para otras innovaciones como la tecnología 5G, porque apenas habrá dinero para el mantenimiento de la red existente.

El mercado argentino de telecomunicaciones reportó ingresos por 148,251 millones de pesos hasta marzo pasado, 2,008 millones de dólares, y la industria móvil participa con el 46.21% de esa cifra, por eso estos operadores, presionados por las cargas fiscales por usar activos del Estado como el espectro y por soportar junto con los operadores fijos el grueso del golpe económico de no desconectar líneas no pagadas y mantener óptimas las redes en la pandemia, estallan contra el DNU 690/2020. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ya ha comenzado primeras reuniones con ellos de cara a la nueva regulación tarifaria.

Desde Argentina se escucha en la industria que el decreto podría traer consigo una reedición del conflicto Casa Rosada-Grupo Clarín, que ya casi una década atrás enfrentó a esas partes, pero los cableros pequeños y las cooperativas provinciales también resultarán afectadas porque no tienen poder de escala para allegarse de insumos. Esto, en principio, dificultará que Argentina pueda llegar a los casi seis millones de argentinos que todavía no tienen acceso a internet y dos millones de hogares a los que no llega una red pública o privada de telecomunicaciones, el 15% de la población del país.

El primer Decreto de Necesidad de Urgencia de Alberto Fernández de su gobierno en materia de telecomunicaciones y TICs está provocando análisis de reconocidos personajes del sector latinoamericano como José Otero y profundas coberturas con distintas voces por parte de DPL Group y TeleSemana, los medios de la especialidad en la región. Aquí, por orden alfabético, cuatro personalidades argentinas también respetadas por su industria;

Sonia Agnese, analista en jefe para América Latina de Ovum

El decreto avanza sobre varios aspectos adicionales donde tampoco se tiene certeza de su alcance, ya que hace una declaración del tipo de servicios como servicios públicos, esenciales en competencia y estratégicos. De entre todo, se puede vislumbrar así una mayor gerencia del Estado en el control de estos servicios y particularmente con lo que tiene que ver con el esquema de precios, que hasta el momento eran libres.

Esta es una situación preocupante, ya que fue una falta de institucionalidad y de continuidad de las políticas públicas. Las empresas y quienes invierten, lo hacen dentro de un marco legal y regulatorio, previendo contar con reglas claras y transparentes. El dictado de una norma que, por más que tenga buenas intenciones de querer dar conectividad a todos los argentinos, debe tener en cuenta lo que implica desde el punto de vista económico: hacer una evaluación seria de los impactos que puede tener una normativa así.

Sabemos lo importante y crítico que es para todos contar con Internet y estar comunicados, y más allá de tener buenas intenciones, la implementación de la norma puede tener justamente el impacto contrario de los objetivos planteados. Durante la pandemia hemos visto muy positivo el diálogo público privado y el trabajo coordinado. Este tipo de decisiones sin posibilidad de discusión y diálogo son muy riesgosas. Los posibles impactos en el congelamiento de las inversiones y el deterioro de la calidad de servicio son preocupantes.

Las telecomunicaciones han sido clave de la pandemia para amortiguar el efecto de la cuarentena con actividades online, pero siendo más importante todavía en el mundo  post-Covid, siendo hoy un catalizador del desarrollo económico futuro.

Enrique Carrier, analista en telecomunicaciones y nuevos medios de Carrier y Asociados

Un aumento de la tarifa en México no sería tan evidente, pero que en una economía tan inflacionaria como es el caso de Argentina, donde este año se espera un 40% de inflación, esto es un tema recurrente, porque cada cierta cantidad de meses tienes que actualizarlas como operador, porque no puedes esperar a que pase un año y se deprecie 40% tu ingreso.

Durante la pandemia ya hubo dos acuerdos entre las empresas y el regulador para mantener los precios sin modificaciones. El último acuerdo era hasta el 31 de agosto. Se había acordado hace tres meses mantener las tarifas sin alzas, con lo cual las empresas decían: “ahora sí ya puedo empezar a hacer ajustes” y entonces allí empezó toda una discusión, porque más allá del trato, el gobierno tampoco quería anunciar en medio de todo este contexto de la pandemia y su impopularidad, que se habrían aumentos de 10% en los precios de las TIC en general.

Mucho de la implementación, de lo bueno o malo que va a ser esto, cae en manos del regulador, que va ser el que va tener que adecuar la mecánica para aprobar los cambios en precios y para quiénes, porque en la Argentina hay también más de 1,200 operadores. Es decir, ¿cómo va a ir aprobarle las tarifas a cada uno de esos 1,200 operadores y además en función de qué mercado o de la tecnología que actúan? No es lo mismo el costo del servicio para un operador con fibra óptica operando en Buenos Aires, donde hay mucha densidad de población, frente al que está operando un servicio inalámbrico en algún lugar remoto de una provincia.

La cuestión es que se quiere tener algún control sobre los precios y lo lógico que como Estado se quiere controlar los precios de un servicio, obviamente que será más un control hacia la baja. Si se empieza desde el punto de que este año las empresas no actualizan sus precios, en una economía que tiene un 40% de inflación, los efectos prácticos que tienes como operador es ir disminuyendo el valor del servicio, la inversión.

Agustín Garzón, director de Enacom en el gobierno de Mauricio Macri

El decreto rompe la lógica y los negocios que se estaban ejecutando en la Argentina, porque se viene una inseguridad jurídica grande. No se entiende si debió publicarse de ese modo y se viene un inseguridad jurídica importante, porque si los precios no pasan a por el filtro la competencia y están fijados por el gobierno, lo primero que hacen las empresas es dejar de invertir, porque tienen la incertidumbre de qué va pasar en el futuro y cómo van a recuperar su inversión.

Esto va en sentido contrario, porque en los últimos cuatro años todas la métricas de conectividad en Argentina, tanto la cobertura, la velocidad y el acceso, avanzaban. Pudieron pensar en una fuerte inversión pública para los lugares donde las redes privadas no llegan o dar incentivos a los privados para llegar allí.

En un mercado que requiere de inversiones de largo plazo, diez años, esto puede ser una bomba, porque si querían llegar con la universalidad de acceso, bien pudieron crear una tarifa social sin intervenir el mercado y ahora podríamos terminar con un conflicto en el CIADI —Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones—.

La gente va recordar si esto no funciona. Cuando vea que su servicio no funciona o que la expansión no continúa, al primero que va a hacer responsable es al gobierno, con lo cual ellos no podrían obtener un rédito político de este decreto. Con esta medida, la Argentina puede olvidarse del 5G en un buen rato.

Alejandro Prince, director de Prince Consulting

El sector venía negociando y apoyando las medidas del gobierno frente a la pandemia, pero el decreto aparece de noche y con sorpresa, sin que los mismos funcionarios del área tuvieran conocimiento previo. El decreto es inconsulto, inoportuno y probablemente, contraproducente. 

En debate está si las TICs son o deben ser un servicio público; de interés público, esencial o estratégico, es relevante. Bien pueden ser un servicio público y ser brindado por privados en competencia.

El punto es si el privado en concesión o el Estado debe permitir o promover el acceso equitativo y las oportunidades de inclusión, no sólo conectividad, sino dispositivos y alfabetización digital; o si están obligados y en qué plazo y condiciones a proveerlo a todos. Tenemos un servicio universal desde la liberalización de las telecomunicaciones y parece no haber sido usado eficientemente. 

Internet es un derecho humano y es un bien público, como la salud, la defensa, la seguridad. Debe ser provisto a todos, porque es un bien provechoso en sí mismo para cada usuario que ejerza ese derecho. Es ideal que sea provisto y utilizado inteligentemente para usos de información, comunicación, entretenimiento, y de modo creciente para trabajar y educarse.