Un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la Ciudad de México busca regular el uso de las plataformas de entrega de comida y mercancías a domicilio ―como Uber Eats, DiDi Food y Sin Delantal―, con el fin de garantizar la seguridad de los repartidores.

La propuesta, presentada por Jorge Gaviño, diputado y vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital, plantea reformar la Ley de Movilidad para incluir lineamientos de operación de las plataformas tecnológicas de reparto.

Gaviño pide que las empresas digitales cuenten con una serie de requisitos que incluyen una licencia operativa acreditada por la Secretaría de Movilidad (Semovi), la cual corrobore que cumplen con criterios de seguridad, eficiencia y calidad.

Otro de los requisitos que se exigirían a las plataformas es un programa para la prevención de riesgos de los repartidores, que contemple condiciones mínimas estipuladas por la Semovi; así como un esquema de aseguramiento a favor de las personas que realicen la entrega de bienes a través de las aplicaciones.

Sobre este último punto, el proyecto de ley apunta a que el seguro para los repartidores los ampare de responsabilidad civil, riesgos de accidentes y muerte de ellos o terceros, mediante una póliza de seguros de una institución especializada.

El diputado del PRD sostiene que el seguro debe ser costeado por las compañías tecnológicas y no por los repartidores. O, en su caso, las plataformas pueden optar por acreditar el cumplimiento de prestaciones de seguridad social para cubrir el riesgo de accidentes o muerte de sus socios repartidores.

Además, el documento plantea que el seguro se tendría que hacer extensivo al robo total, parcial o daños materiales de los bienes y vehículos empleados para realizar las actividades de reparto, durante los tiempos de traslado, recepción de mercancías y hasta la entrega final.

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Por otro lado, la propuesta del PRD conmina a las plataformas tecnológicas a mantener actualizado un padrón de personas repartidoras, al igual que los medios de transporte a través de los que realizan su trabajo, y establecer medidas para que los usuarios de este servicio conozcan los datos de los repartidores.

Las empresas digitales también estarán obligadas a no divulgar la información referente al servicio de entrega a domicilio, como itinerarios, frecuencia de uso, datos de usuarios y tipos de entrega, con el objetivo de apegarse a las reglas de protección de datos personales existentes en México. La única excepción será bajo el mandato judicial de una autoridad competente.

En caso de que existan controversias entre las plataformas y los repartidores por la imposición de sanciones y suspensiones a estos últimos, el proyecto señala que la Semovi se encargaría de dirimir estos procesos, pues estará facultada para determinar medidas precautorias o definitivas.

En caso de que las empresas tecnológicas no cumplan con las disposiciones del proyecto de ley (si llega a decretarse), el diputado de la bancada del PRD propone que se impongan multas económicas que van de las 100 hasta las 10 mil Unidades de Medida y Actualización (cada UMA mensual y anual es de 2,925 y 35,101 pesos en 2022).

La iniciativa de ley presentada será discutida por el Congreso de la Ciudad de México en los siguientes días. 

Jorge Gaviño es uno de los diputados más activos en el tema de la regulación de las aplicaciones digitales. Además de ésta, el diputado ingresó en febrero otro proyecto legislativo que pretende regular las tarifas de las plataformas de transporte.

Sin embargo, dicha propuesta podría ser contraproducente. Las empresas tecnológicas advierten que intervenir en el esquema de tarifas sería atentar contra su modelo de negocios, lo cual a largo plazo genería precios poco competitivos para los usuarios y afectaría la calidad y eficiencia de los servicios.