La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicaron una actualización de los derechos mínimos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones en México, sin embargo, especialistas cuestionan algunos puntos.

La nueva carta de derechos incluye 138 derechos, a diferencia de la anterior que tenía únicamente 41.

Michel Hernández Tafoya, director General de la asociación civil Observatel, cuestionó algunos derechos, ya que considera que la carta no es tan amigable para los usuarios, además de que eliminaron algunos derechos importantes.

El especialista explicó que en el tema de desbloqueo de teléfonos, la carta anterior establecía que los usuarios tenían derecho a que les informaran por escrito si el equipo se entregaba desbloqueado, además del derecho que tenían de desbloquearlo una vez pagado el dispositivo. No obstante, en la nueva carta se eliminó la obligación de informar, y da un plazo de 24 horas para que la compañía telefónica desbloquee el dispositivo.

También señaló que es de llamar la atención que aunque la banda ancha es un derecho humano, y el IFT publicó el 27 de diciembre los parámetros aplicables, en la nueva carta no se hace mención al derecho que tienen los usuarios a recibir este servicio bajo esos parámetros.

Hernándes Tafoya destacó, asimismo, que en la nueva carta se incorporan derechos en materia de neutralidad de la red; sin embargo, acusa que “la redacción es cuestionable y engañosa porque reconoce el derecho a acceder a contenidos, aplicaciones y servicios ofrecidos por el proveedor, pero eso no dicen los lineamientos del propio IFT”.

“Creo que una carta de derechos mínimos debería ser más amigable para los usuarios y mucho más simple. En lo personal, me gustaba más el formato de la anterior, siento que en esta casi copian la NOM184”, aseveró.

Al gobierno de México le falta compromiso sobre el desarrollo de la Política de Inclusión Digital Universal (PIDU) y la Estrategia Digital Nacional (EDN), políticas que a más de dos años de la nueva administración federal no se han desarrollado, reveló Michel Hernández, Consejero de Observatel.

El miembro de Observatel publicó las respuestas a solicitudes de información hechas al gobierno federal sobre las estrategias mencionadas; sin embargo, las instituciones consultadas contestaron en algunos casos que no eran sus atribuciones, o bien que la estrategia seguía aún en construcción. Incluso, algunas mostraron desconocimiento del tema.

El documento señala que las instituciones encargadas de desarrollar la PIDU son, de acuerdo con el marco jurídico, la Oficina de la Presidencia a través de la Coordinación de la EDN, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); mientras que a la Secretaría de la Función Pública le correspondería vigilar la aplicación de algunas estrategias o políticas asociadas a la PIDU.

Michel Hernández solicitó a la Oficina de Presidencia información sobre la PIDU, y la respuesta que recibió fue que realizaron una búsqueda exhaustiva; sin embargo, no encontraron documentación al respecto en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, por lo que pidieron que se hiciera la solicitud a la SCT, pues ellos son los encargados de conducir y elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Al no ser su atribución, el Consejero de Observatel consultó a la Oficina de la Presidencia sobre la EDN, y ésta contestó que “al momento (28 octubre 2020) no se ha concluido el trabajo de elaboración de dicho documento”.

También solicitó información a la SCT sobre la PIDU y su respuesta fue la siguiente: “La política de Inclusión Digital Universal continúa en desarrollo y construcción (10 julio 2020), ya que consta de varios elementos tales como el Programa de Cobertura Social y el Programa de Conectividad de los Sitios Públicos más los que se implementen en el futuro. Por lo tanto, la Política de Inclusión Digital Universal no está concluida”.

Además, la SCT aseveró en la misma respuesta que las acciones y desarrollo de dichos programas están a cargo de la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. No obstante, Hernández señala que en el Acuerdo de Creación de dicha empresa pública no hace referencia alguna sobre dichas obligaciones y atribuciones.

El Consejero de Observatel acudió entonces a solicitar información a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, pero su respuesta no estuvo relacionada con la PIDU.

“Pareciera incluso que CFE Telecomunicaciones no está al tanto de la existencia de un mandato constitucional a cargo del Ejecutivo relativo a la elaboración de la PIDU”, señala el documento.

Asimismo, el documento muestra la consulta hecha a la Secretaría de la Función Pública, quien en su respuesta refirió a la política fijada por la Administración de Enrique Peña Nieto sobre la EDN 2013-2018.