Prensa Comisión Europea

La Comisión Europea concluyó preliminarmente que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos infringían la Ley de Servicios Digitales (DSA) por no proteger a los menores de la exposición a contenido pornográfico en sus servicios.

Evaluación de riesgos 

Las conclusiones preliminares de la Comisión indican que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no identificaron ni evaluaron diligentemente los riesgos que sus plataformas suponen para los menores que acceden a sus servicios. 

Incluso cuando se identificaron riesgos, Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no realizaron una evaluación exhaustiva, ya que no utilizaron metodologías objetivas y exhaustivas. Por ejemplo, la evaluación hizo hincapié de manera desproporcionada en las preocupaciones centradas en las empresas, como el daño a la reputación, en lugar de centrarse en los riesgos sociales para los menores, como exige la Ley de Servicios Digitales. 

Además, los hallazgos muestran que en sus evaluaciones de riesgos Stripchat, Xvideos y XNXX tergiversaron o no consideraron sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de los niños y las herramientas de garantía de la edad.

Medidas de reducción del riesgo 

La Comisión también concluyó preliminarmente que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no han implementado medidas efectivas para evitar que los menores accedan a sus servicios, por lo tanto, no protegen los derechos y el bienestar de los menores.

A pesar de afirmar en sus Términos de Servicios que sus servicios son solo para adultos, las cuatro plataformas permiten a los menores acceder a sus plataformas con un simple clic confirmando que son mayores de 18 años. 

La Comisión considera que la «autodeclaración» no es una medida eficaz, y también considera que las medidas de mitigación adicionales, como la difuminación de páginas, las advertencias de contenido y las etiquetas «restringidas a adultos», implementadas por todas estas plataformas, no impiden efectivamente que los menores accedan a contenidos nocivos.

En esta fase, la Comisión considera que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos deben aplicar medidas de verificación de la edad que preserven la privacidad para proteger a los niños de contenidos nocivos. 

Estas conclusiones no prejuzgan el resultado final de la investigación.

Próximos pasos

En el ejercicio de su derecho de defensa, XVideos, XNXX, PornHub y Stripchat tienen ahora la posibilidad de examinar los documentos que figuran en los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares de la Comisión. Las plataformas pueden tomar medidas para remediar las infracciones. Paralelamente, se consultará al Comité Europeo de Servicios Digitales. 

Si finalmente se confirman los puntos de vista de la Comisión, esta podrá emitir una decisión de incumplimiento, que podrá dar lugar a una multa proporcional a la infracción que en ningún caso superará el 6 % del volumen de negocios anual mundial total del proveedor. La Comisión también puede imponer multas coercitivas para obligar a una plataforma a cumplir.

Antecedentes

Estas conclusiones preliminares forman parte de los procedimientos formales incoados por la Comisión contra XVideos, XNXX, PornHub y Stripchat en el marco de la Ley de Servicios Digitales el 27 de mayo de 2025. Los hallazgos preliminares se basan en una investigación en profundidad que incluyó un análisis de los informes de evaluación de riesgos de Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos, datos y documentos internos, así como las respuestas de las plataformas a las solicitudes de información y entrevistas con expertos en el campo.  

La Comisión utilizó las Directrices de la Ley de Servicios Digitales de 2025 sobre la protección de los menores como punto de referencia para evaluar el cumplimiento por parte de las plataformas de la obligación de garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores. Las directrices de la Ley de Servicios Digitales identifican la verificación de la edad como una medida proporcionada y eficaz para mitigar el riesgo de que los menores accedan a servicios de contenidos para adultos. La Comisión está desarrollando una aplicación de verificación de la edad de la UE, que servirá como norma de referencia para un método de verificación de la edad fácil de usar y que preserve la privacidad. Esta aplicación de verificación de la edad se está probando actualmente con los Estados miembros, las plataformas en línea y otros terceros. Será plenamente interoperable con las futuras carteras de identidad digital de la UE.

En el transcurso de estas investigaciones, el trabajo de la Comisión ha contado con el apoyo de las autoridades nacionales pertinentes, incluidas la Autoridad de Radiotelevisión y Servicios Digitales chipriota y la Oficina Checa de Telecomunicaciones, respectivamente, los coordinadores de servicios digitales para Chipre y para Chequia, los dos Estados miembros de establecimiento de estas plataformas de muy alta capacidad. También se consultó a ARCOM, al coordinador francés de servicios digitales y a la autoridad alemana de medios de comunicación de Renania del Norte-Westfalia, entre los reguladores nacionales que ya habían tomado medidas para investigar las plataformas pornográficas a nivel nacional.   

Paralelamente, los coordinadores nacionales de servicios digitales, responsables de su supervisión, están llevando a cabo una acción coordinada contra las plataformas pornográficas más pequeñas no conformes. Esta acción coordinada tiene por objeto garantizar que la Ley de Servicios Digitales se aplique de manera coherente en todas las plataformas en línea de todos los tamaños en la UE.

La preocupación por el ciberacoso y la salud mental ha llevado a varios gobiernos a endurecer las restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad. Bajo la premisa de que el uso compulsivo fomenta la depresión y la ansiedad, diversos gobiernos impulsan leyes que obligan a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios. Estas medidas van desde controles parentales estrictos hasta la prohibición total de cuentas para menores de 14 ó 16 años, dependiendo del país.

Australia, junto con Francia, España y el Reino Unido, han decidido tomar las riendas y dejar de confiar en que las redes sociales se vigilen solas. En el caso de Australia, la nueva legislación establece multas de hasta 50 millones de dólares australianos para las plataformas que no tomen medidas efectivas para impedir el acceso de menores.

En Francia, el gobierno ha impulsado una ley que prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 15 años, una iniciativa respaldada por el presidente Emmanuel Macron para combatir el uso excesivo de pantallas. Por su parte, España planea elevar esta restricción hasta los 16 años, incluyendo medidas de responsabilidad legal y penal para los directivos de las plataformas que permitan discursos de odio. Mientras que Reino Unido ha iniciado una consulta pública nacional para evaluar prohibiciones similares.

No obstante, uno de los principales problemas es que, para confirmar la edad, estas plataformas podrían exigir documentos oficiales o datos biométricos, lo que pone en riesgo la privacidad de las personas.

Países como Dinamarca, Alemania y Eslovenia debaten actualmente fijar la edad mínima en 15 ó 16 años. Mientras Dinamarca apunta a iniciar restricciones en 2026, Alemania mantiene dudas sobre la viabilidad de una prohibición total debido a desacuerdos en su coalición de gobierno.

El endurecimiento de las normas también ha llegado a Asia, donde países como Indonesia ya proyectan prohibiciones para menores de 16 años en servicios como Instagram y TikTok. Asimismo, el gobierno de Malasia ratificó su postura en noviembre de 2025, avanzando en una legislación que entrará en vigor este 2026 para restringir el acceso a redes sociales en este mismo rango de edad.

La estrategia de autorregulación de TikTok ante el debate regulatorio

Ante este panorama, plataformas como TikTok apuestan por medidas de moderación interna y controles parentales como eje central de su estrategia. La empresa sostiene que su servicio está diseñado para mayores de 13 años y no permite cuentas por debajo de esa edad. Afirma que establecer límites claros es parte de la responsabilidad de la industria y reconoce que, si bien la verificación inicial puede superarse incorrectamente en algunos casos, implementa revisiones adicionales que permiten eliminar cerca de 6 millones de cuentas de menores cada mes a nivel global.

TikTok implementa más de 50 configuraciones automáticas de seguridad diferenciadas por edad: para usuarios de entre 13 y 16 años restringe mensajes directos, recomendaciones en el feed “Para Ti” y comentarios de desconocidos. Para menores de 18, las cuentas son privadas por defecto, con un límite de 60 minutos de pantalla y sin acceso a transmisiones en vivo.

Asimismo, destacan las herramientas de supervisión familiar que permiten a padres o tutores gestionar el tiempo de uso, bloquear la aplicación en horarios determinados, revisar seguidores y filtrar contenidos mediante la función de “sincronización familiar”.

La empresa asevera que la plataforma es un espacio de descubrimiento y aprendizaje, donde los adolescentes acceden a contenidos de ciencia, educación, arte o cultura creados por especialistas, museos y docentes. En materia de seguridad, la compañía afirma que todo el contenido es moderado y que el 98.5% del material que infringe sus políticas es eliminado de manera proactiva, antes de recibir reportes de los usuarios.

Avances en América

A la par de estos esfuerzos corporativos, el entorno legal evoluciona rápidamente. En Estados Unidos, la regulación avanza a nivel estatal: Utah fue pionero en 2023 con leyes de acceso controlado, mientras que Florida aprobó en 2024 la ley HB 3, que prohíbe cuentas a menores de 14 años y exige consentimiento parental para jóvenes de 14 y 15 años; medidas que estados como Arkansas, Ohio y Texas ya analizan replicar.

En América Latina, el enfoque se centra en la protección de datos y responsabilidad digital. Brasil destaca con la aprobación del ECA Digital (Ley N.° 15.211), que entrará en vigor en marzo de 2026 bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Protección de Datos. Esta norma impone la “privacidad por diseño”, prohíbe la autodeclaración de edad y restringe tanto la publicidad dirigida a menores como las loot boxes en videojuegos.

Por su parte, México registra avances locales significativos ante la falta de una prohibición nacional. En la Ciudad de México se presentó una iniciativa de Ley General para establecer responsabilidades compartidas entre tutores, escuelas y plataformas. Simultáneamente, el congreso de Nuevo León aprobó una propuesta para restringir redes sociales a menores de 15 años y obligar a los concesionarios a implementar mecanismos de control parental.

“Prohibir sólo incrementa el riesgo”

El enfoque prohibitivo que predomina en las nuevas agendas internacionales es cuestionado también por especialistas que ven en estas normas una respuesta superficial ante fenómenos estructurales de violencia y consumo digital.

Angélica Contreras, consultora en comunicación con perspectiva de género y derechos digitales, colaboradora de la Asociación Civil Cultivando Género en Aguascalientes y exintegrante del Consejo Asesor de Seguridad de TikTok, advierte que las iniciativas que buscan restringir o prohibir el acceso de menores a redes sociales no atacan el problema de fondo. “Las iniciativas que buscan restringir desde la prohibición son una curita. Están tapando parcialmente el problema, pero no abordan la raíz”, comentó a DPL News.

Aunque reconoce riesgos como el ciberacoso y la salud mental, subraya que cualquier política debe priorizar el interés superior de la niñez y la Observación General 25 del Comité de los Derechos del Niño, la cual insta a los Estados a garantizar un acceso seguro mediante educación y acompañamiento.

Para la especialista, “prohibir sólo incrementa el riesgo”, ya que el miedo a la represalia impide que los menores denuncien situaciones de peligro. La clave reside en combinar regulación con formación digital, tanto para jóvenes como para adultos, quienes a menudo carecen de habilidades para orientar. Contreras concluye que, al estar los mundos físico y digital profundamente conectados, la solución no es la restricción, sino el acompañamiento y el desarrollo de habilidades para un uso responsable y no violento.

En conclusión, la seguridad digital de la infancia no depende de una sola solución. El éxito de estos nuevos marcos legales y corporativos no se medirá por cuántas cuentas se eliminen, sino por la capacidad de construir un ecosistema digital donde la innovación y el interés superior de la niñez coexistan de manera segura.

El Economista Jorge Bravo

Australia abrió un nuevo capítulo en la regulación digital al imponer, desde el 10 de diciembre de 2025, una prohibición del uso de las grandes redes sociales para menores de 16 años.

La ley obliga a plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, X, Facebook, Reddit, Twitch, Kick o Threads a desactivar cuentas que no cumplan la edad mínima o enfrentar sanciones millonarias. El objetivo es reducir la exposición a contenidos nocivos, acoso sexual y efectos adversos sobre la salud mental en etapas tampranas y sensibles del desarrollo. La restricción la impone una autoridad que se dedica a muchas cosas: el Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones, Deportes y Artes de Australia.

La ley impone obligaciones de comprobación de edad, reportes mensuales ante el regulador (eSafety Commissioner) y multas alcanzan 50 millones de dólares australianos para plataformas que no demuestren haber tomado pasos razonables hacia el cumplimiento. Las excepciones incluyen servicios con fines educativos, profesionales o de apoyo sanitario, los cuales quedaron fuera de la definición de plataforma “restringida”.

¿Por qué Australia dio este paso radical? La narrativa pública se apoya en evidencia científica que vincula el uso intenso de redes sociales con mayor prevalencia de angustia psicológica, autolesiones y depresión entre adolescentes. Las encuestas mostraron un amplio apoyo ciudadano hacia medidas más estrictas en el uso de redes sociales por menores. Estas evidencias científicas no son banales, pero no bastan para justificar una prohibición absoluta sin analizar efectos colaterales.

Las grandes plataformas han respondido con cumplimiento de la ley y críticas. Meta y Google anunciaron medidas para desconectar cuentas de usuarios menores de 16 años y ofrecer vías de apelación o verificación documental en casos de errores. Snap y TikTok emitieron comunicados donde reconocen la necesidad de proteger a los jóvenes, pero advierten sobre la eficacia y la seguridad de los métodos de verificación y el riesgo de empujar a los chicos hacia espacios opacos de la red. Las plataformas plantearon que la norma fue apresurada y que la tecnología de “age assurance” o “seguro de edad” presenta tasas de error significativas.

Las críticas técnicas y éticas también merecen atención. Ensayos piloto encargados por el gobierno australiano evidenciaron fallas en las herramientas de verificación, tanto en precisión como en respeto a la privacidad. La exigencia de verificar la edad sin crear bases de datos biométricas masivas es un rompecabezas técnico. Además, imponer controles invasivos puede normalizar la recolección de documentos e imágenes de rostros, lo cual abre otros riesgos, filtraciones y uso comercial no deseado. Finalmente, existe un peligro real de desvío hacia aplicaciones y foros menos regulados donde la protección es nula.

Desde la óptica de la política pública, la prohibición es una medida punitiva donde la prevención educativa y el fortalecimiento del entorno familiar y escolar son caminos más beneficiosos. Existen intervenciones con mejores resultados potenciales como alfabetización digital en edad temprana, herramientas de control parental transparentes y auditables, regulación dirigida a algoritmos de recomendación (donde radica buena parte del problema) y servicios de salud mental accesibles para los jóvenes. Prohibir no elimina el atractivo social de las plataformas ni los incentivos para la creación de cuentas falsas o el uso de VPNs para evadir la restricción de edad.

El efecto de arrastre ya es global. La Asamblea Nacional de Francia acaba de aprobar una iniciativa para prohibir redes sociales a menores de 15 años y pasaría al Senado para ratificarla. En un mensaje en X, el presidente Emmanuel Macrón mencionó lo que está en el fondo de esta regulación, la geopolítica digital: “el cerebro de nuestros hijos no está a la venta. Ni en plataformas estadounidenses ni en cadenas chinas”. El Reino Unido está en consultas públicas sobre un mínimo de 16 años para acceso sin controles parentales.

Estas experiencias ilustran intentos regulatorios hacia restricciones de acceso por edad en algunas democracias. Sin embargo, Europa enfrenta simultáneamente críticas por un enfoque regulador que erosiona la competitividad y la innovación. La discusión no debe polarizarse entre protección e innovación, sino cómo equilibrar ambos objetivos.

En América Latina la mirada dominante sigue siendo conectar, habilitar derechos fundamentales y promover innovación para el crecimiento económico. La prioridad es cerrar brechas de acceso y elevar la calidad de la experiencia digital antes que restringirla. Un enfoque coherente incluye conectividad, alfabetización digital y políticas de protección infantil que no sacrifiquen la inclusión y el acceso a múltiples recursos en la red.

El debate no es si debemos proteger a los niños y adolescentes de los riesgos que existen en Internet. La interrogante es cómo hacerlo sin crear nuevos daños institucionales, sin empujar a los jóvenes hacia peligros mayores y sin erosionar la privacidad y la libertad.

Los jóvenes vieron en lo digital un refugio ante la percepción de inseguridad y temores que provoca el mundo físico, con violencia, crimen, drogas y más vicios. Los adultos hemos descuidado los espacios de auténtica socialización y los hemos dejado a merced de maleantes y la inseguridad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, nos sentimos inseguros en el cajero automático, en la calle, el transporte público, las carreteras, los bancos, los mercados, los parques, en los automóviles y en los centros comerciales.

¿Cómo no quieren que los jóvenes no se sumerjan en el smartphone y las redes sociales si el mundo es percibido como un espacio amenazante? Según la encuesta, la escuela es el espacio donde la población percibe más seguridad, ahí está la oportunidad: en la educación.

Australia ha puesto la prohibición de las redes sociales a menores en el centro del debate global. Quien diseñe políticas a partir de ahora tendrá que demostrar no sólo buenas intenciones, sino evidencia de eficacia, proporcionalidad y preservación de derechos. Prohibir es políticamente rentable en el corto plazo, pero no es la política pública más inteligente ni la más sostenible. Es una puerta falsa y siempre la más sencilla cuando lo que hay que hacer implica más esfuerzo y recursos.

Twitter: @beltmondi

Prensa DigitalEs

La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, que engloba a las empresas de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, ha celebrado hoy en el Congreso de los Diputados la jornada “Infancia y adolescencia en la era digital: un reto legislativo y social”, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, parlamentarios, y del tercer sector, con el objetivo de analizar los riesgos a los que se enfrentan los menores en internet y avanzar hacia una digitalización más segura, inclusiva y responsable.

Isaura Leal, secretaria segunda de la Mesa del Congreso de lo Diputados, dio la bienvenida al Congreso a los asistentes, y llamó a alcanzar el mayor consenso posible de los grupos políticos para conseguir una ley que proteja al niños y adolescentes.

Durante la inauguración, Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, recordó que seis de cada diez adolescentes acceden a contenidos pornográficos, muchos antes de los ocho años, y que los casos de ciberacoso aumentaron un 37% en el último año, lo que, según destacó, “exige una respuesta pública y social al mismo ritmo que evolucionan los riesgos digitales”. 

Sánchez Galindo subrayó que la protección de la infancia es una “condición para la innovación, no un freno”. Destacó que DigitalES fue la única patronal tecnológica firmante del Pacto de Estado por la protección de los menores en internet, e insistió en que la futura Ley Orgánica de protección debe ser “una norma urgente y eficaz, con una distribución clara de responsabilidades a lo largo de toda la cadena de valor digital”. 

En este sentido señaló que “desarrolladores de software, plataformas y redes sociales deben desempeñar un papel central en la implementación de herramientas de verificación de edad, clasificación de contenidos y control de acceso, en línea con la normativa europea Digital Services Act (DSA)”. Para el director general, la norma “debe exigir además la retirada inmediata de contenidos ilícitos”.

“Para la protección de la infancia no valen excusas ni económicas ni técnicas” subrayó, alertando de que no podemos permitir que se produzca una falsa sensación de seguridad en la sociedad, “que es lo que sucedería si no somos capaces de integrar plenamente a las grandes plataformas, redes sociales y proveedores de servicios intermediarios en internet”

Bloque social

En la primera mesa de la jornada, las organizaciones participantes —Save the Children, UNICEF y Fundación SOL—, representadas respectivamente por Catalina Perazzo, Nacho Guadix y Claudia Perazzo, coincidieron en la urgencia de reforzar la protección de la infancia en el entorno digital desde una responsabilidad compartida entre familias, administraciones y plataformas tecnológicas.
Las organizaciones subrayaron la necesidad de:

• Mecanismos reales de verificación de edad y control parental, acompañados de educación digital y afectivo-sexual para familias y menores.
• Mayor responsabilidad y transparencia de las plataformas, especialmente en la prevención del abuso y la explotación sexual infantil, el tratamiento de datos y la moderación de contenidos.
• Dotar de recursos a las familias y reducir las brechas digitales, para que puedan ejercer un acompañamiento efectivo.
• Legislar con agilidad y con una visión estructural de la inteligencia artificial, reconociendo su impacto en la exposición, la privacidad y los sesgos que afectan a niños y adolescentes.

En conjunto, coincidieron en que la tecnología no es el problema, sino la falta de respuesta y coordinación social, y en que la protección digital de la infancia requiere acción urgente, cooperación y coherencia entre lo legal, lo educativo y lo tecnológico.

Bloque parlamentario

En las intervenciones de los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox, Sumar y PNV), todos los representantes coincidieron en la necesidad de una acción coordinada y un consenso amplio en torno a la futura Ley Orgánica, aunque con distintos matices.

Juan Luis Pedreño (PP) sugirió que su grupo no apoyará la ley en su redacción actual, al considerarla “poco práctica y sin base suficiente para ser aplicable”. Reclamó una estrategia nacional alineada con Europa y alertó del riesgo de generar una “falsa sensación de seguridad” si la norma no aborda de forma realista los contenidos inapropiados y los algoritmos que los promueven.

Adriana Maldonado (PSOE) defendió la ley como una oportunidad para garantizar los derechos digitales de los menores y situar a España al nivel de otros países europeos. Recordó que el Parlamento Europeo ha aprobado establecer en 16 años la edad mínima de acceso a redes sociales,” algo que no se está cumpliendo”, y subrayó que los sistemas de verificación de edad serán la herramienta clave para hacer cumplir las obligaciones de las plataformas.

Alberto Rodríguez Almeida (Vox) reivindicó el papel central de los padres en la educación digital de los hijos y criticó que el texto legal “mencione a los progenitores apenas dos veces”. Sostuvo que la protección de los menores debe provenir de las familias y no del control estatal, advirtiendo que el Gobierno “no debe sustituir a los padres en sus responsabilidades”.

Nahuel González (Sumar) defendió que la regulación debe priorizar el interés general frente al beneficio empresarial. Propuso limitar el poder de las grandes tecnológicas, educar en el uso ético de las herramientas digitales y garantizar la soberanía sobre los algoritmos. “El odio y la desinformación venden, y ahí es donde la política debe actuar”, afirmó.

 Nerea Rentería (PNV) destacó la importancia de una coordinación efectiva entre el Estado y las comunidades autónomas, respetando las competencias territoriales y la diversidad lingüística y cultural. Consideró necesario un nivel homogéneo de protección en todo el país y abogó por una ley consensuada, realista y con involucración de las plataformas y redes sciales en el diseño de entornos seguros.

En la clausura del encuentro, el presidente de DigitalES, Federico Linares, hizo un llamamiento para alcanzar una ley “ambiciosa y aplicable” que distribuya las responsabilidades, exigiendo más a quienes diseñan los entornos digitales globales, como plataformas o redes sociales, y evitando sobrecargar a quienes sostienen las redes. “Muchos de los riesgos nacen en entornos digitales globales diseñados sin suficiente atención a la protección de los menores”, afirmó.

La clausura corrió a cargo del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien destacó que el 94% de la ciudadanía apoya la regulación del acceso de menores a entornos digitales. Bolaños anunció que el Gobierno impulsará la colaboración con el sector privado para implantar sistemas eficaces de verificación de edad, y avanzó que España propondrá el debate a nivel europeo, con el objetivo de que la futura ley sea “referente en Europa y garante de los derechos digitales de los menores”.

Infobae

Dinamarca, Eslovenia y Chipre se han sumado a la propuesta de España, Francia y Grecia de establecer una edad mínima en la Unión Europea para poder acceder a las redes sociales, informaron este lunes fuentes diplomáticas.

Leer más: https://www.infobae.com/america/agencias/2025/06/02/dinamarca-eslovenia-y-chipre-se-suman-al-plan-espanol-de-prohibir-las-redes-a-menores/

SIT

Es tarea de todos proteger a la población infantil de Guatemala; por ello, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) reafirmó su compromiso con la protección de la niñez y adolescencia en entornos digitales al participar activamente en la reunión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación (CITIC).

Leer más: https://guatemala.gob.gt/la-sit-lidera-esfuerzos-interinstitucionales-en-la-lucha-contra-la-explotacion-sexual-infantil-en-linea/

La Comisión Europea abrió una consulta pública para mejorar la protección de los menores en línea. El proyecto, basado en la Ley de Servicios Digitales (DSA), busca reforzar la seguridad infantil en plataformas digitales, desde redes sociales hasta sitios de video y juegos en línea.

La propuesta incluye medidas como verificar la edad de los usuarios, la configuración predeterminada de cuentas privadas, recomendaciones de contenido más seguras, mecanismos de moderación adaptados a niños y canales de denuncia fáciles de usar. También ofrece orientación sobre cómo las plataformas deben organizarse internamente para cumplir con estos objetivos.

“El borrador de directrices que publicamos contribuirá a crear un entorno en línea mejor y más seguro para los usuarios más jóvenes”, declaró Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia. “La seguridad de los niños en línea es nuestra máxima prioridad”.

El texto preliminar no solo apunta a las gigantes tecnológicas —como las que superan los 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea—, sino también a cualquier plataforma accesible para menores, con excepción de micro y pequeñas empresas.

Jóvenes embajadores de la iniciativa Better Internet for Kids (BIK+), junto con otros actores relevantes, han participado activamente en la elaboración del borrador. La consulta pública estará abierta hasta el 10 de junio de 2025 y la Comisión invita a participar a niños, padres, autoridades nacionales, empresas tecnológicas y expertos.

Está previsto que las directrices se adopten antes del verano, lo que representará un avance significativo en los esfuerzos de la UE por crear un ecosistema digital más seguro para la infancia.

Desconcierto

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el 26 de abril de 2023, la película “The Purge: Anarchy – 12 horas para sobrevivir” fue transmitida por la señal de HBO, a través del servicio de televisión de pago de VTR, a las 10:42 de la mañana, durante el horario protegido para menores de edad.

Este horario está destinado a asegurar que no se emita contenido inapropiado para niños y adolescentes, y esta película en particular contiene escenas de violencia explícita, por lo que está clasificada solo para mayores de 14 años.

Leer más: https://eldesconcierto.cl/2024/10/17/cntv-multa-con-5-mill-a-vtr-por-transmitir-la-purga-en-horario-de-proteccion-de-menores

La Nación

La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó este lunes en el Boletín Oficial una resolución general que permite que los adolescentes a partir de los 13 años puedan operar en el mercado de capitales. Hasta ahora, los menores podían abrir una cuenta en un banco e invertir el dinero en fondos comunes de inversión o plazos fijos con la autorización de un mayor, pero ahora podrán comprar y vender acciones, bonos, obligaciones negociables, Cedear y cauciones, entre otros instrumentos.

Leer más: https://www.lanacion.com.ar/economia/cnv-los-mayores-de-13-anos-podran-operar-en-el-mercado-de-capitales-nid06102024/

Metro

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, firmó varios proyectos legislativos que abarcan la protección de la privacidad de los menores en el entorno digital, la promoción del turismo gastronómico, el fomento de la autoestima y la concienciación sobre condiciones de salud específicas.

Las medidas resaltan el compromiso con el bienestar social, la protección de la niñez y el desarrollo económico sostenible en la isla.

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