El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó parcialmente la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO, por sus siglas en portugués) para 2024 (Ley 14.791/2023), cuya sanción fue publicada este martes 2 de enero en el Diario Oficial de la Unión, con cambios significativos, especialmente en lo que respecta al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).

El gobierno decidió mantener la meta de déficit fiscal cero para este año, lo que significa la intención de equilibrar las cuentas públicas, evitando gastar más de lo que recauda.

Sin embargo, los gastos del Presupuesto de Inversión destinados al Nuevo PAC no están incluidos en la meta de déficit primario, permitiendo gastos adicionales, siempre que se respete el límite establecido de hasta 5 mil millones de reales.

Aprobada por el Congreso Nacional a finales del año pasado a través del PLN 4/2023, la LDO en el texto del relator, el diputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), incluía una complementación de la propuesta original sugiriendo un recorte de 6.3 mil millones de reales en el PAC, lo que ciertamente afectaría algunos de los proyectos del programa.

El PAC contempla inversiones del orden de 61 mil millones de reales, de los cuales 18 mil millones se destinarán a la expansión de las redes 4G y 5G en el país, además de conectar escuelas y unidades de salud, así como construir 28 nuevas infovías.

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Intervalo de cumplimiento

Las cuentas de la Unión se considerarán cumplidas si el resultado varía entre un déficit de 28.75 mil millones de reales y un superávit de igual valor. Este intervalo corresponde al 0.25 por ciento del PIB para más o para menos, según lo establecido por la nueva legislación fiscal (Ley Complementaria 200, de 2023).

El crecimiento previsto del Producto Interno Bruto (PIB) es de 2.3 por ciento en 2024 y de 2.8 por ciento en 2025. Además, el fondo electoral para las elecciones municipales de este año no superará los 4.9 mil millones de reales.

Vetos

Lula vetó diversos ítems, incluido el cronograma obligatorio para la ejecución de enmiendas parlamentarias y la programación de enmiendas de comisiones permanentes de la Cámara y del Senado. El gobierno argumenta que tales medidas podrían afectar la gestión presupuestaria y financiera.

Otro veto relevante se dio al ítem que buscaba evitar gastos relacionados con temas como la invasión de propiedades rurales, la influencia en la orientación sexual de niños y adolescentes, y la deconstrucción del concepto de familia tradicional. El presidente destacó que estas prohibiciones iban en contra de decisiones judiciales vinculantes para la Administración Pública federal.

Con información de la Agência Senado