Jorge Atton | Director Ejecutivo de Attsons Consulting

Chile se encuentra en un punto de inflexión crítico para su desarrollo económico y social. Mientras el debate público tradicional continúa encasillado en categorías analógicas, el acelerado ritmo de la convergencia tecnológica y la irrupción masiva de la Inteligencia Artificial (IA) han dejado absolutamente obsoletos los marcos normativos e institucionales que gobernaron el sector durante las últimas décadas. 

La arquitectura regulatoria chilena no sólo ha quedado rezagada frente al dinamismo del ecosistema, sino que padece una asfixiante fragmentación y sobre-regulación que amenaza con paralizar la inversión, desviar recursos hacia la burocracia y erosionar el liderazgo regional del país.

Como quedó de manifiesto en el reciente Chile Digital Summit organizado por DPL Group y en los estudios de Centros de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, la premisa de partida debe ser drástica y categórica: el concepto tradicional de “telecomunicaciones” ha muerto. 

Tal como lo advirtió con agudeza el exsubsecretario Jorge Atton, hoy resulta inadecuado e ineficaz seguir regulando bajo el paraguas conceptual de los servicios telefónicos del siglo pasado. 

La realidad actual exige hablar de infraestructura digital interconectada, la columna vertebral intangible donde convergen fibras ópticas, Centros de Datos de alta densidad, redes móviles de quinta generación (5G), capacidades satelitales multi-órbita y complejas capas de procesamiento computacional.

Esta metamorfosis se ha visto vertiginosamente acelerada por el auge global de la IA Generativa. La IA no es sólo una aplicación de software; es una tecnología de propósito general que exige un consumo exabrupto de ancho de banda, almacenamiento distribuido y latencias mínimas. 

La explosión en la transmisión de datos asociada a los modelos de lenguaje y el procesamiento en la Nube reconfigura estructuralmente la demanda de conectividad. 

Sin embargo, Chile intenta gestionar esta revolución tecnológica con una institucionalidad rígida, concebida para la era del par de cobre.

La trampa de la sobre-regulación y los silos estatales

El diagnóstico compartido por exsubsecretarios de distintas administraciones —como Pamela Gidi, Pedro Huichalaf, Claudio Araya y Jorge Atton— apunta a una falla estructural grave: la hiper-fragmentación regulatoria y la lenta tramitación legislativa. 

A medida que emergen nuevas normas (protección de datos, ciberseguridad, Inteligencia Artificial, permisólogía ambiental y municipal), el Estado chileno ha reaccionado superponiendo “capas de regulación” inconexas sobre las empresas del sector.

Estudios recientes del cet.la demuestran que esta sobre-regulación genera costos directos e indirectos significativos que desvían capital estratégico —que debería destinarse a la inversión en infraestructura e innovación— hacia el cumplimiento burocrático y el pago de cargas administrativas. 

Enfoques arcaicos centrados en sanciones, multas, afán recaudatorio y fragmentación municipal paralizan despliegues de antenas y redes de alta velocidad.

Además, cuando la responsabilidad de la transformación digital se disemina entre cuatro o cinco ministerios (Transportes y Telecomunicaciones, Ciencia, Economía, Interior y Hacienda), la paradoja es evidente: no es responsabilidad prioritaria de ninguno. 

Esta dispersión genera duplicidad de permisos, vacíos normativos y competencias cruzadas. Todo esto se agrava con la lentitud del Congreso, donde proyectos de ley clave tardan entre cinco y seis años en aprobarse, haciendo que las normas nazcan desfasadas frente al estado del arte de la industria.

Soberanía digital y el nuevo ciclo regulatorio

Otro eje ineludible analizado en la cumbre sectorial es el nuevo paradigma de la soberanía digital. 

En un entorno internacional signado por conflictos geopolíticos y presiones de grandes potencias tecnológicas, la soberanía ya no significa aislamiento autárquico ni el control estatal exclusivo de las redes. 

Significa resiliencia, autonomía en la toma de decisiones estratégicas, diversidad de proveedores y una gobernanza efectiva de los datos nacionales.

Decisiones regulatorias erráticas, la falta de certezas o presiones externas —como las controversias asociadas a proyectos de trazado de cables submarinos o restricciones geopolíticas sobre autoridades regulatorias— ponen en riesgo la reputación de Chile como una plaza segura, neutral y predecible para el capital internacional. 

La verdadera soberanía exige construir arquitecturas abiertas e interoperables que combinen fibra óptica terrestre, infraestructura satelital multi-órbita resiliente ante desastres naturales y ciberataques y una red de Centros de Datos de clase mundial.

Para lograrlo, la regulación chilena debe migrar hacia las mejores prácticas internacionales de Mejora Regulatoria. Esto implica incorporar herramientas modernas como Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex-ante y ex-post, mecanismos de evaluación participativa y esquemas de prueba adaptativos como sandboxes regulatorios, autorregulación y co-regulación que permitan desregular cuando la dinámica del mercado convergente lo justifique.

Chile como hub digital regional: tareas urgentes de política pública

A pesar de las trabas institucionales, la oportunidad histórica para el país sigue intacta. Chile reúne ventajas comparativas excepcionales para consolidarse definitivamente como el hub digital indiscutido de América Latina: estabilidad macroeconómica, una matriz energética limpia y renovable, talento técnico calificado y la atracción de inversiones de alto impacto (como la nueva Región de AWS y la proliferación de data centers hyperscale).

No obstante, el país no alcanzará ese destino por inercia. Se requiere que el gobierno asuma el liderazgo y ejecute de forma urgente cuatro tareas fundamentales de política pública:

Chile no puede darse el lujo de seguir enfrentando el futuro digital con la institucionalidad y las categorías normativas del pasado. 

Llegó la hora de que el Ejecutivo asuma la infraestructura digital como una prioridad estratégica nacional y de Estado, erradicando la sobre-regulación antes de que la burocracia desvanezca la oportunidad de liderar la economía digital en la región.

Referencias y fuentes de análisis de política pública:

Análisis de soberanía satelital y resiliencia en infraestructura crítica (DPL News / Hughes).

Panel ‘Chile y la ruta digital: institucionalidad para la innovación’, Chile Digital Summit (DPL News). Intervenciones de exsubsecretarios Claudio Araya, Pamela Gidi, Jorge Atton y Pedro Huichalaf Roa.

Estudio ‘Casos de estudio para la mejora regulatoria en el entorno digital convergente’, Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la / CLT).

Fuente: El Peruano

El Mundial 2026 no solo marcará un antes y un después dentro de las canchas. También representará uno de los mayores desafíos para la infraestructura digital de América Latina, debido al crecimiento sin precedentes del consumo de contenido en línea, el uso de inteligencia artificial (IA) y las transmisiones en streaming.

A diferencia de ediciones anteriores, la experiencia de millones de aficionados estará estrechamente vinculada a plataformas digitales. Además de seguir los partidos en vivo, los usuarios utilizarán aplicaciones móviles, redes sociales, servicios en la nube, apuestas deportivas y herramientas basadas en inteligencia artificial, y generarán una enorme presión sobre centros de datos, redes de telecomunicaciones y proveedores de servicios digitales.

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Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando rápidamente las economías y las sociedades, abriendo nuevas posibilidades para mejorar la productividad, fortalecer los servicios públicos, ampliar el alcance de la salud y la educación y acelerar la resiliencia climática. Sin embargo, en la era de la IA, el desafío va mucho más allá de la disponibilidad de la tecnología. Aprovechar plenamente los beneficios de esta transformación requiere algo más que conectividad: exige habilidades digitales y redes de alto desempeño y confianza que ofrezcan oportunidades seguras, resilientes e inclusivas para que personas, empresas e instituciones interactúen con las tecnologías emergentes.

Sin un acceso equitativo a la conectividad, a las habilidades digitales y a las capacidades de IA, América Latina corre el riesgo de enfrentar una nueva brecha digital, que va más allá de las poblaciones vulnerables o las comunidades desatendidas para incluir a cualquier persona que carezca de las herramientas, el conocimiento o las oportunidades para participar activamente en la innovación impulsada por IA, contribuir a ella y beneficiarse de sus oportunidades.

El potencial para la región es significativo. Estimaciones recientes sugieren que la IA podría añadir entre 3.6 % y 6.7% al PIB regional, mientras que otros pronósticos señalan aumentos de hasta 5.4% hacia 2030, equivalentes a cientos de miles de millones de dólares en valor.

América Latina se encuentra en una encrucijada. Con las bases adecuadas, la IA puede impulsar un crecimiento inclusivo. Sin ellas, los beneficios podrían distribuirse de manera desigual, limitando la participación más amplia en la economía digital.

Dónde estamos hoy

La conectividad se ha expandido, pero el uso sigue rezagado. Alrededor del 28% de las y los latinoamericanos, aproximadamente 174 millones de personas, viven dentro de la cobertura de banda ancha móvil y no utilizan Internet móvil. Un 7% adicional permanece fuera de cobertura, principalmente en zonas rurales y remotas. Factores como la asequibilidad, el acceso a dispositivos, la alfabetización digital, la disponibilidad de contenidos relevantes y la calidad del servicio siguen frenando la adopción.

La conectividad significativa es tan importante como la cobertura de red. Aunque países como Brasil y México se sitúan por encima del promedio regional de las Américas en el Índice de Desarrollo de las TIC de la UIT, los resultados de conectividad en la región reflejan una realidad más compleja. América Latina presenta una puntuación más alta en conectividad significativa (83.9) que en conectividad universal (71.0), lo que refleja avances en la calidad y las capacidades de las redes. Sin embargo, pese a estos progresos, la adopción y la participación amplia continúan rezagadas, lo que subraya que expandir el acceso por sí solo no es suficiente.

Al mismo tiempo, la adopción de IA se acelera en América Latina, generando tanto oportunidades como urgencia. La última edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) muestra que los países de la región están incorporando cada vez más tecnologías de IA, pero persisten importantes brechas estructurales en infraestructura digital, talento, inversión y preparación para escalar soluciones de IA. Si bien mercados líderes como Chile, Brasil, Uruguay y México avanzan en estrategias nacionales de IA y en el fortalecimiento de ecosistemas de innovación, buena parte de la región todavía enfrenta obstáculos para convertir este dinamismo en beneficios sociales y económicos de amplio alcance. Este desafío es cada vez más apremiante a medida que la IA se integra en servicios esenciales como salud, educación y sistemas financieros, donde el acceso y la preparación desiguales podrían reforzar las desigualdades existentes.

De acuerdo con ILIA, el talento sigue siendo una restricción crítica en la región. La alfabetización general en IA crece más rápido que la formación profesional y especializada, lo que genera un cuello de botella persistente en el desarrollo de habilidades avanzadas y limita la capacidad de América Latina para construir soluciones de IA relevantes para los contextos locales. Al mismo tiempo, muchos países aún carecen de rutas de formación temprana en IA y de programas académicos avanzados que fortalezcan el desarrollo de talento. El riesgo es claro: niveles desiguales de preparación podrían limitar la capacidad de la región para capturar plenamente los beneficios de la IA, creando nuevas brechas entre quienes pueden desarrollar, adoptar y aprovechar estas tecnologías y quienes no.

Tres pilares para la inclusión digital en la era de la IA

1) Acceso significativo

La conectividad de alto desempeño es la capa base. Permite nuevos servicios, automatización e innovación más amplia. El acceso fijo inalámbrico (Fixed Wireless Access, FWA) puede ampliar la banda ancha de forma rápida y eficiente en áreas desatendidas. La infraestructura sostenible y energéticamente eficiente mantiene las redes escalables y asequibles en el tiempo.

2) Infraestructura digital confiable

A medida que la IA respalda servicios de educación, salud, finanzas y seguridad pública, las redes deben ser resilientes, seguras, respetuosas de la privacidad y transparentes. Las personas e instituciones adoptan la IA cuando confían en la infraestructura que la sostiene. Para América Latina, contar con redes 5G y futuras generaciones de redes seguras y de alto desempeño es un requisito previo para una transformación verdaderamente inclusiva.

3) Talento y habilidades para aprovechar la IA

El talento humano es el motor que impulsa la innovación y el desarrollo tecnológico. Los avances en infraestructura, datos y tecnología sólo pueden generar un impacto limitado sin las habilidades necesarias para adoptar y utilizar de manera efectiva la Inteligencia Artificial. A medida que la IA generativa continúa reduciendo las barreras de acceso, las capacidades humanas se vuelven aún más críticas para asegurar una adopción significativa y efectiva de estas tecnologías.

Cómo la colaboración impulsa la inclusión digital

• Academia e institutos técnicos, para preparar talento: Ericsson colabora con el Tecnológico de Monterrey en México para fortalecer la exposición a tecnologías emergentes y habilidades relevantes para la industria; con el INA en Costa Rica para ampliar la capacitación en TIC; y con el SENAI en Brasil para apoyar el desarrollo de capacidades técnicas avanzadas.
• Sector público, para fortalecer capacidades y conocimiento: A través de Transformative Connectivity for Public Policy Makers, parte de Connect To Learn de Ericsson, colaboramos con instituciones de Brasil, Costa Rica, República Dominicana y Panamá para fortalecer capacidades en temas sobre conectividad, ecosistemas digitales y el potencial de la tecnología como habilitador del desarrollo socioeconómico.
• Industria, para traducir las redes en valor cotidiano: Las alianzas con clientes y actores del ecosistema permiten transformar las redes de alto desempeño en servicios que las personas y las empresas utilizan en su día a día. En toda América Latina, muchas de estas colaboraciones se enfocan en las primeras etapas de la educación, ayudando a fortalecer las habilidades digitales y STEM fundamentales, apoyar la adopción tecnológica a largo plazo y crear caminos de participación futura en la economía digital.

Estos esfuerzos reflejan el compromiso de larga data de Ericsson con la colaboración como motor de la inclusión digital. Al trabajar de la mano con la academia, los gobiernos, los clientes y los socios del ecosistema, buscamos contribuir al fortalecimiento de las habilidades, el conocimiento y las condiciones habilitantes necesarias para que más personas e instituciones participen de manera significativa en una economía cada vez más digital y habilitada por la IA.

Una agenda práctica para una IA inclusiva en América Latina

Para construir un ecosistema de IA más inclusivo en América Latina, la región debe ir más allá de ampliar la cobertura y enfocarse en cerrar la brecha de uso. Acelerar el desarrollo de habilidades digitales alineadas con las necesidades del mercado laboral, desde capacidades digitales básicas hasta competencias avanzadas en IA, datos y computación en la Nube, será fundamental para asegurar que personas y empresas puedan beneficiarse de las tecnologías emergentes.

También es fundamental fortalecer una infraestructura digital confiable, de alto desempeño y sostenible, priorizando la resiliencia, la seguridad, la privacidad, la transparencia y la eficiencia energética en las redes 5G y futuras. Ampliar el acceso a la banda ancha mediante soluciones eficientes como el acceso fijo inalámbrico (FWA), combinado con iniciativas que impulsen la adopción y el desarrollo de habilidades, será clave para garantizar que los beneficios de la digitalización impulsada por IA lleguen a más personas y comunidades en toda la región.

La IA está reconfigurando la economía de la inclusión. Cuando las personas cuentan con acceso asequible, redes confiables y sostenibles, y las habilidades necesarias para aprovecharlas, la IA puede convertirse en una poderosa herramienta de progreso compartido. América Latina tiene una oportunidad única. Si se alinean acceso, confianza y habilidades, la región puede convertir la IA en una oportunidad para el desarrollo sostenible a gran escala.

La discusión sobre cables submarinos pasó a integrar oficialmente la agenda regulatoria de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil. En medio del avance de la Inteligencia Artificial, la expansión de los Centros de Datos y el aumento de la dependencia de infraestructura digital crítica, la Agencia busca entender hasta dónde debe llegar su actuación sobre las redes internacionales de conectividad y cuáles son los riesgos que enfrenta el país al mantener una gobernanza fragmentada sobre estos activos.

La consulta pública que comienza este 26 de mayo, oficialmente enfocada en cables submarinos y seguridad de la infraestructura digital, revela una preocupación más amplia: el temor de que Brasil se esté volviendo altamente dependiente de una infraestructura considerada estratégica sin mecanismos equivalentes de coordinación institucional, protección regulatoria, resiliencia y, principalmente, seguridad: un conjunto esencial para la soberanía digital.

En entrevista con DPL News, el consejero de la Anatel, Alexandre Freire, afirma que el país necesita abandonar la visión de que la infraestructura digital es apenas una capa operativa de Internet.

“Hoy, distintos sectores de la economía comparten la misma infraestructura crítica de conectividad. Eso cambia completamente la escala del debate regulatorio”, dijo. “Además, estamos discutiendo el posicionamiento de Brasil en la economía digital global”, enfatizó.

Freire señaló que la Anatel sigue los movimientos internacionales de protección de infraestructura digital crítica, pero rechaza la idea de simplemente replicar modelos adoptados por otros países.

“El desafío no es copiar modelos extranjeros. El desafío es comprender tendencias globales y construir soluciones compatibles con la realidad brasileña”, aseveró.

Y para el consejero, la tendencia internacional apunta hacia un enfoque integrado de resiliencia, que involucra seguridad física, seguridad cibernética, monitoreo, continuidad operativa y respuesta a incidentes.

Este es el gancho que apunta hacia otra preocupación de la consulta pública, relacionada con la concentración geográfica en puntos de aterrizaje. De acuerdo con Freire, el crecimiento acelerado de la economía digital amplió la dependencia brasileña de una infraestructura estratégica, al mismo tiempo que aumentó la presión por redes resilientes y previsibilidad para inversiones de largo plazo.

“La infraestructura crítica exige estabilidad regulatoria, previsibilidad y seguridad jurídica. Esto es particularmente importante en inversiones de largo plazo como cables submarinos, Centros de Datos y redes de alta capacidad”, afirmó.

Para el consejero, el debate también ocurre en medio de una ventana de oportunidad para Brasil en la carrera global por infraestructura digital. “Brasil tiene una oportunidad histórica de consolidar el liderazgo regional en infraestructura digital. Tenemos una posición geográfica estratégica, expansión de Centros de Datos, una matriz energética relevante y una creciente importancia en el flujo internacional de datos”, dijo.

En su evaluación, este conjunto es lo que le da al país el potencial de convertirse en un hub regional del Atlántico Sur.

Este martes 26 de mayo, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) abrirá una consulta pública para discutir la necesidad de un marco regulatorio aplicable a los cables submarinos en Brasil.

La propuesta integra la Agenda Regulatoria 2025-2026 de la Agencia y prevé la recolección de contribuciones sobre seguridad, resiliencia, gobernanza, fiscalización y modelos regulatorios para la infraestructura internacional de datos.

A diferencia de la consulta pública del Ministerio de Comunicaciones realizada en 2025, más enfocada en la formulación de una política pública de incentivos para la expansión de los cables submarinos y en la reducción de burocracias para licencias y reparaciones, la de Anatel profundiza la discusión regulatoria y operativa con fuerte preocupación por la seguridad cibernética.

La minuta surge a raíz de una propuesta presentada por el consejero Alexandre Freire y aprobada por unanimidad por el consejo directivo de la Agencia.

Durante la actualización del Reglamento de Seguridad Cibernética Aplicada al Sector de Telecomunicaciones (R-Ciber), Freire defendió ampliar el control regulatorio para operadores de cables submarinos debido a la criticidad de la infraestructura y su integración con otras infraestructuras críticas, como los Data Centers.

En este sentido, las contribuciones deberán responder sobre posibles requisitos mínimos de seguridad física y cibernética, mecanismos de monitoreo, modelos de certificación y autorización, además de alternativas para reducir riesgos asociados a la concentración geográfica de los puntos de aterrizaje de los cables, incluyendo incentivos para diversificar la localización de la infraestructura.

Actualmente, Brasil concentra landing points en hubs como Fortaleza, Río de Janeiro y São Paulo, lo que apunta a posibles vulnerabilidades sistémicas para la conectividad nacional.

El documento destaca que los cables submarinos representan aproximadamente 99% del tráfico internacional de datos de Brasil y clasifica la infraestructura como estratégica para la soberanía, la seguridad nacional y el funcionamiento de la economía digital. La Anatel prevé concluir el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) hasta finales de 2026.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT) de Bolivia sostuvo una reunión con CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, con miras a coordinar una agenda estratégica conjunta para impulsar proyectos de infraestructura digital.

Durante la reunión, que congregó al director ejecutivo de la ATT, Carlos Agreda Lerma, y Julissa Cruz, recién nombrada directora de Infraestructura Digital Sostenible de CAF, ambos participantes coincidieron en la importancia de establecer una hoja de ruta técnica.

Según el regulador sectorial boliviano, el objetivo primordial fue explorar mecanismos de financiamiento y cooperación internacional destinados a proyectos estratégicos para modernizar la infraestructura existente, reducir la brecha digital y fomentar la innovación tecnológica en beneficio de la población boliviana.

“Este acercamiento representa una oportunidad fundamental para apalancar recursos y conocimiento técnico que aceleren la transformación digital de Bolivia. Estamos trabajando para que nuestros proyectos cuenten con el respaldo de organismos internacionales de primer nivel”, asentó Agreda Lerma.

Finalmente, la ATT señaló que, con estas acciones, reafirma su compromiso de gestionar alianzas interinstitucionales que garanticen una regulación eficiente y un desarrollo tecnológico sostenible, con el fin último de posicionar a Bolivia como un referente regional bajo los estándares de infraestructura digital moderna.

Imagina despertar un día y descubrir que nada funciona: no hay señal móvil, los pagos electrónicos fallan, los hospitales no pueden acceder a historiales clínicos y las alertas de emergencia nunca llegan. No hay explosiones, ni pantallas en negro que adviertan un ataque. Todo parece normal, pero los sistemas que sostienen la vida cotidiana simplemente han dejado de responder.

Ese escenario, que podría parecer propio de una distopía tecnológica, es en realidad una posibilidad cada vez más concreta. Un nuevo informe de la UIT, UNDRR y SciencesPo advierte que la próxima gran crisis digital podría ser un colapso silencioso provocado por la fragilidad de una infraestructura global profundamente interconectada.

Durante años, la conversación global sobre riesgos digitales ha estado dominada por la ciberseguridad: ransomware, filtraciones de datos y ataques a infraestructuras críticas.

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Sin embargo, el informe When digital systems fail plantea que la próxima gran crisis digital podría no ser provocada por actores maliciosos, sino por el colapso silencioso de sistemas digitales interconectados que sostienen la economía y los servicios esenciales.

El reporte advierte que la creciente interdependencia entre redes eléctricas, Centros de Datos, satélites y cables submarinos ha creado un nuevo tipo de vulnerabilidad: riesgos sistémicos invisibles que se propagan en cascada.

“Lo que puede parecer ciencia ficción —que fallen los pagos, los hospitales pierdan datos o las alertas de emergencia no lleguen— es un escenario plausible”, señala el informe desarrollado por especialistas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

Fallas invisibles e impactos masivos

A diferencia de los ciberataques, que suelen ser visibles y reconocibles, las fallas sistémicas digitales no se anuncian. No hay explosiones, ni mensajes de advertencia. Los sistemas simplemente dejan de funcionar.

Este tipo de disrupciones suelen comenzar con eventos aparentemente manejables —por ejemplo, una ola de calor, una falla eléctrica localizada o el corte de un cable submarino— que, debido a la interdependencia de las infraestructuras, terminan escalando rápidamente.

De acuerdo con el informe, hasta 89% de las interrupciones digitales asociadas a desastres naturales no son causadas por el evento inicial, sino por efectos secundarios en cascada. Además, el número de personas afectadas puede multiplicarse hasta por 10 respecto a la exposición inicial.

La vulnerabilidad radica, además de la tecnología, en la forma en que los sistemas han sido diseñados: optimizados para ser eficientes, pero no necesariamente para ser resilientes ante fallas simultáneas.

Interdependencias ocultas

Otro de los hallazgos del informe es la existencia de dependencias invisibles entre sectores críticos.

Por ejemplo, los sistemas financieros dependen de la sincronización de tiempo vía satélite; los hospitales usan plataformas en la Nube para acceder a historiales clínicos; las alertas de emergencia necesitan los Centros de Datos que también soportan servicios comerciales, y las redes móviles requieren sistemas de enfriamiento y suministro eléctrico continuo.

Estas interconexiones ―alerta el reporte― no siempre están documentadas ni son consideradas en los marcos tradicionales de gestión de riesgos.

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“Las dependencias han sido creadas a partir de decisiones racionales individuales, pero sin mecanismos para evaluar su impacto en el sistema en su conjunto”, indica el documento.

De esta manera, en el ecosistema digital actual una falla en un componente puede desencadenar disrupciones en múltiples sectores simultáneamente, desde telecomunicaciones hasta salud y finanzas.

Infraestructura crítica

Más allá del impacto operativo, el informe subraya una dimensión aún más preocupante: la fragilidad de la infraestructura digital que sostiene la economía global.

Actualmente, actividades como realizar pagos electrónicos, el comercio internacional, la logística y los servicios públicos dependen de una arquitectura interconectada:

• Más de 11,800 Centros de Datos operan a nivel global.
• Los cables submarinos transportan más del 99% del tráfico internacional de Internet.
• El consumo energético de los Centros de Datos podría alcanzar cerca del 3% del total mundial para 2030.

Así, incluso los eventos a nivel local pueden tener consecuencias globales. Un fallo en un Centro de Datos, por ejemplo, puede interrumpir servicios financieros, plataformas digitales y sistemas gubernamentales al mismo tiempo.

El informe documenta múltiples casos recientes donde algunos eventos climáticos extremos o fallas eléctricas han provocado caídas en servicios de Nube y telecomunicaciones.

No obstante, los modelos económicos actuales no capturan adecuadamente el impacto total de estas disrupciones. Más allá de las pérdidas directas, como transacciones no realizadas, los estragos abarcan interrupciones en cadenas de suministro, cierre de negocios, fallas en servicios públicos y pérdida de confianza en sistemas digitales.

El informe enfatiza que esto genera un subregistro del riesgo real y dificulta la toma de decisiones a nivel regulatorio y empresarial.

Preparación insuficiente

A pesar de que muchos de estos riesgos han sido documentados durante años, el informe identifica que no hay suficientes mecanismos para traducir el conocimiento en acción coordinada.

En muchos casos, las alertas existen pero no se activan protocolos; los riesgos son conocidos, pero no están integrados en políticas públicas; o las responsabilidades están fragmentadas entre actores públicos y privados.

Además, la creciente digitalización ha erosionado las capacidades de respuesta analógica. “Nuestra capacidad para operar sin sistemas digitales ha disminuido”, advierte el reporte.

Esto significa que, ante una falla prolongada, las alternativas manuales podrían no ser suficientes para sostener los servicios críticos.

Frente a este escenario, los expertos plantean la necesidad de un cambio rumbo a un enfoque que incluya los siguientes elementos para avanzar hacia una comprensión más amplia del riesgo digital, lo cual implica integrar riesgos no intencionales en la planificación, fortalecer la cooperación internacional, desarrollar capacidades de respaldo analógico y mejorar la coordinación entre sectores.

Reforma Jorge F. Negrete P.

Nuestra sociedad digital, el nacimiento de los derechos humanos en el mundo digital, la competitividad económica de nuestro país, la innovación y preparar un México digital global depende de una simple conexión a Internet proporcionada por las empresas de infraestructura digital.

Te conectas y accedes al ejercicio de todos tus derechos fundamentales en un mundo digital: libertad de expresión, derecho a la información, a la educación, la cultura, la movilidad, al trabajo y, con ello, fortaleces instituciones democráticas e incluso a la República. Se han invertido miles de millones de dólares y desplegado la más poderosa infraestructura de nuestra civilización para garantizar este acceso.

El 30 de junio de este año termina el periodo que se otorgó a los usuarios de telefonía para registrar sus números y líneas de acceso. No cumplir esta disposición desencadena sanciones expresas como la suspensión del servicio, corte automático de llamadas, SMS y datos móviles.

En términos prácticos, significa la pérdida del derecho de acceso a Internet y demás servicios de telecomunicaciones. Se trata de una decisión mayúscula para nuestra sociedad, economía, el Estado y la República. Esta disposición legal fue apoyada incuestionablemente por todos los operadores de telecomunicaciones. Han cumplido con la ley y colaboran con la autoridad.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece este mandato. En consecuencia, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los Lineamientos respectivos. El paraguas bajo el cual nace esta iniciativa es el Marco de Seguridad Nacional y Pública. El objetivo es “fortalecer la seguridad pública, facilitar la investigación de delitos y reducir la impunidad en casos de extorsión y fraude telefónico”.

He sido prudente con el tema, pero dada la fecha inminente de cumplimiento y la instrucción de la CRC esta semana de seguir con el proceso, que debo señalar lo siguiente: hay un error monumental en el diseño legislativo que está orillando al regulador a ir en contra de su función.

¿Por qué necesito el registro? Es un principio de orden institucional para habilitar derechos fundamentales en el mundo digital. ¿Cuáles? Todos, incluido el derecho a la seguridad. Los derechos fundamentales son indivisibles e interdependientes. Por eso, fundar una política de registro de móviles a partir de la seguridad nacional y pública es parcial, injusto y condiciona el ejercicio de todos los derechos fundamentales a un enfoque restringido, que genera un efecto de marginación y juicio sumario administrativo.

No cumplir un requisito administrativo fundado en el marco de seguridad pública conculca de forma inmediata todos los derechos fundamentales. Una acción draconiana que el legislador no comprendió. Pierdes tu derecho de acceso a Internet sin el debido proceso.

¿Cómo garantizar la confianza en el registro? Es vital la fortaleza institucional del registro. Debe ir acompañado de una política pública robusta en ciberseguridad y el reposicionamiento del sistema de protección de datos personales, elevando esa área a nivel de una oficina independiente. La desconfianza surge por la historia reciente (6 años) de ataques en materia de ciberseguridad a distintas áreas del gobierno mexicano y el desprecio que existió a la privacidad y a los datos personales.

El efecto inmediato que puede existir es el uso uso masivo de e-sims o chips de otros países por la delincuencia organizada y la población en su conjunto. Cancelación masiva del derecho de acceso a Internet, constituyendo la mayor violación de derechos digitales que se haya visto en occidente.

La baja de ingresos para el gobierno en materia de economía digital y su consecuente impacto en empresas de Internet, plataformas de movilidad, pagos digitales y la pérdida de base de usuarios de los operadores de telecomunicaciones. El impacto mediático para el gobierno es innecesario y puede ser monumental nacional e internacionalmente.

Presidente de DPL Group

X / @fernegretep

Buenos Aires. Expertos en regulación e infraestructura digital coincidieron en que la incertidumbre y la sobrecarga normativa son los principales obstáculos para el desarrollo de la conectividad y el despegue de la Inteligencia Artificial (IA) en América Latina.

Especialistas debatieron sobre las estrategias necesarias para impulsar la inversión, la competencia y la certeza jurídica en la región durante el Argentina Digital Summit 2026, organizado por DPL Group.

Cristhian Lizcano Ortiz, consultor de asuntos jurídicos regulatorios, señaló que la región padece una gran sobrecarga normativa para los operadores de redes de telecomunicaciones, por lo que la mejor forma de dinamizar el sector es la simplificación.

Para ello, Lizcano Ortiz propone la revisión de cargas, la aplicación de sandboxes regulatorios, y la reducción de cargas fiscales, impositivas y locales. Además, enfatizó la necesidad de una mejor gestión de los costos del espectro, vinculándolos a obligaciones de cobertura.

Juan Ignacio Crosta, director de BlueNote Management Consulting, analizó los modelos de financiamiento de infraestructura digital, destacando que el modelo privado ha sido el dominante y más exitoso.

Dijo que los catalizadores del modelo privado han sido la estimación de la demanda, un marco regulatorio estable en costos y un ecosistema definido. Respecto a la “autopista de IA”, sugirió que cuanto menos se intervenga en el marco regulatorio, mejor será, y descartó la aplicación directa del modelo híbrido (inversión pública-privada).

Enrique González, socio director de EFTS Group, afirmó que el verdadero problema no es la falta de capital, sino la falta de certidumbre.

El experto detectó una deficiencia de información, datos y evidencia empírica verificable que está fragmentada entre el sector privado, el oficial y la academia. Dijo que para mitigar la incertidumbre y atraer decisiones de inversión, considera esencial un gran esfuerzo regional en la integración de esta información para crear métricas confiables y actualizadas.

Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, usó a Chile como ejemplo de éxito en la región, donde la inversión privada alcanza 97% del total y el país tiene uno de los costos de GB más baratos.

Atribuyó este logro a una visión estratégica de largo plazo sostenida y, fundamentalmente, a la “certeza regulatoria,” que mantiene las garantías jurídicas y los tiempos de inversión.

Niccoló Comini, especialista senior en Desarrollo Digital del Banco Mundial, indicó que la “carretera de la IA” debe fundamentarse en conectividad asequible y marcos robustos de protección de datos y ciberseguridad.

Subrayó que el rol de los organismos multilaterales es reducir el riesgo para las inversiones, apoyar a los países en crear entornos habilitantes y facilitar la coordinación público-privada para que se invierta donde el sector privado no lo hacía.

Por su parte, Inmaculada Cava, analista política de la OCDE, se centró en Colombia, indicando que, si bien la conectividad es un claro habilitador de la IA, los resultados en el país siguen siendo insuficientes.

La especialista destacó la baja calidad de la conectividad móvil, sobre todo en zonas rurales, y señaló la concentración en el mercado móvil como un desafío estructural que limita la competencia, la innovación y potencialmente la inversión. Concluyó que se requieren marcos regulatorios más ágiles que promuevan la competencia.

Prensa ACTI

En Chile, la infraestructura digital dejó de ser un “tema TI” para convertirse en un componente crítico de continuidad operacional del país. Data centers, servicios cloud, conectividad y ciberseguridad hoy sostienen pagos, logística, telecomunicaciones, servicios públicos, salud y operación industrial. Cuando esa base falla, se interrumpen servicios esenciales y se afecta directamente el desarrollo de la economía digital.

“Hoy la infraestructura digital es infraestructura crítica. Necesitamos plazos ciertos y reglas claras para invertir responsablemente en data centers, cloud y conectividad, porque de eso depende la continuidad de servicios clave para personas y empresas”, asegura Luz María García, Gerenta General de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI A.G.).

Desde el gremio advierten que el principal riesgo no es tecnológico, sino de ejecución: la sobrerregulación, la fragmentación normativa y la lentitud en la entrega de permisos elevan la incertidumbre y retrasan proyectos estratégicos. En un contexto donde aumenta la demanda de capacidad de cómputo por analítica avanzada e inteligencia artificial, los atrasos se traducen en pérdida de competitividad y en mayores costos operativos para el país.

“El costo de no avanzar no es teórico: son proyectos que se postergan o se van a otros mercados, generando más riesgo operacional y menos desarrollo del ecosistema local. Chile puede liderar, pero requiere coordinación público-privada y una agenda de permisos y regulación a la altura del desafío”, agrega García.

Desde la asociación aseguran que destrabar la inversión no significa bajar estándares. Al contrario: significa modernizar el Estado para dar certeza, con criterios homogéneos, tramitación eficiente y coordinación intersectorial, incorporando exigencias de sostenibilidad desde el diseño. “El país ya cuenta con un Plan Nacional de Data Centers y lineamientos técnicos para su evaluación ambiental, lo que hace aún más urgente contar con rutas de aprobación predecibles y plazos acotados”, complementa APELLIDO.

En este contexto, ACTI invita a establecer una mesa de trabajo con metas y tiempos definidos, entre autoridades sectoriales, gobiernos regionales e industria, para acelerar la ejecución de inversiones  fundamentales en infraestructura digital crítica, fortalecer la resiliencia del país y asegurar que Chile no pierda la oportunidad de consolidarse como hub digital regional.