El Economista

El Banco de Información de Telecomunicaciones, uno de los repositorios de información de mayor prestigio en las telecomunicaciones iberoamericanas, no ha sido alimentado en casi 150 días y esto por un desorden de datos que dejó el extinto regulador IFT, asegura la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
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La mañana de este viernes 9 de enero, extrabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México se manifiestan frente a las instalaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para exigir el pago de indemnizaciones.

Alrededor de 20 personas bloquearon la avenida Insurgentes en un día donde la CRT va a presentar su plan de licitaciones de espectro radioeléctrico para 2026, en la que contemplan licitar espectro para redes móviles 5G.

Los extrabajadores del IFT solicitan que se respeten sus derechos laborales y acusaron a la presidenta de la CRT, Norma Solano, de no actuar por el respeto de los derechos de los trabajadores. 

La propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reveló el 11 de diciembre que no se llegó a un acuerdo con los extrabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto a su indemnización, por lo que el asunto irá a tribunales.

El Economista

El año 2025 está por acabar, pero no los asuntos relacionados con la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ocurrida en octubre, en particular las indemnizaciones para un centenar de trabajadores de libre designación que todavía demandan el pago de esos recursos, que hasta ahora sumarían 38 millones de pesos.

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El Economista

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) manifestó su disposición de alcanzar una solución para que un grupo de 89 extrabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) consigan una indemnización económica por la pérdida de su fuente de trabajo que causó la extinción en octubre de esa autoridad.

La CRT es el nuevo regulador de telecomunicaciones y radiodifusión de México desde el 17 de octubre pasado, y tras su conformación ha sumado a su plantilla laboral a diversos funcionarios que anteriormente trabajaron para el IFT.

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El Economista Jorge Bravo

Semanas después de mi artículo “Indemnizaciones del IFT”, los extrabajadores de libre designación del Instituto Federal de Telecomunicaciones volvieron a buscarme de manera confidencial. La preocupación que entonces expresaban permanece intacta. La situación se ha agravado, pese a que existe un marco institucional para evitarlo y pese a que las autoridades habían mostrado sensibilidad y disposición para encontrar una salida justa.

Este grupo comenzó siendo de 133 personas. La mayoría son subdirectores, jefes de departamento, enlaces y personal técnico que realizaba labores operativas y de supervisión. No son los funcionarios que ganaban más ni pertenecen al círculo de altos mandos. Son el ejército técnico del ex regulador.

Algunos dejaron de participar en el movimiento porque se incorporaron a la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y prefieren ya no reclamar. Otros 89 exigen un trato igualitario frente a la ley y seguir el precedente del INAI donde sí se pagaron indemnizaciones.

Los trabajadores de libre designación del IFT ya recibieron su finiquito y pudieron acceder a su seguro de separación individual (prestación que requiere la firma de la hoja administrativa de baja). Ese documento acredita que la relación laboral concluyó por ministerio de ley debido a la extinción del IFT. Sin embargo, no implica una renuncia a sus derechos laborales.

No obstante, la indemnización constitucional por supresión de plazas (3 meses de salario más 20 días por año de servicio) no ha sido reconocida para este grupo. El Pleno del IFT aprobó el Acuerdo P/IFT/050925/297 que reconoce el pago de indemnizaciones y finiquitos. El acuerdo existe y benefició a la mayoría del personal, pero no llegó a quienes ocupaban puestos de libre designación, a pesar de pertenecer y cumplir con todos los requisitos del servicio profesional de carrera.

Es imprescindible que la opinión pública no se confunda. El seguro de separación (prestación que los trabajadores acumulan mediante aportes voluntarios individuales) se cobra cuando se causa baja y exige la firma de la hoja administrativa de baja. El finiquito comprende pagos proporcionales por salario, aguinaldo y vacaciones por el tiempo efectivamente laborado.

La indemnización derivada de la supresión de plazas es constitucional y contempla 3 meses de salario más 20 días por cada año de servicio. La firma de la hoja de baja no equivale a renuncia de derechos. Fue un trámite administrativo derivado de la extinción del IFT, no una renuncia expresa.

Los testimonios indican que la autoridad había expresado voluntad para resolver el caso. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino, manifestó a los inconformes que la transición institucional no dejaría desprotegidos a los trabajadores ni afectaría a quienes menos ganan.

La presidenta de la CRT, Norma Solano, sostuvo mesas de mediación para conciliar con la Secretaría de Hacienda y los extrabajadores. El discurso de ambas autoridades siempre fue favorable a construir una solución viable y empeñaron su palabra, pero siguen sin pagarse las indemnizaciones.

La nota informativa que la CRT emitió el 11 de diciembre reconoce ese esfuerzo de mediación. También señala que la conciliación se interrumpió cuando los extrabajadores firmaron la hoja para acceder a su seguro. Pero no hay que confundir seguro y finiquito con indemnización. El seguro de separación no sustituye la indemnización. La conclusión de la CRT es que ahora el litigio se canalizará hacia las instancias jurisdiccionales competentes, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Los extrabajadores de libre designación del IFT plantean que el trato es desigual frente a otros organismos constitucionales autónomos extintos, particularmente el INAI, donde el personal de libre designación sí recibió indemnizaciones. Afirman que ese precedente demuestra que sí existe una interpretación administrativa favorable a reconocer derechos a este tipo de trabajadores.

Subrayan que la CRT y la ATDT ofrecieron una ruta que garantiza equidad y que retirarse de la negociación sin una propuesta concreta contrasta con la palabra empeñada. La diferencia entre lo legal, el precedente del INAI, lo acordado, lo anunciado y lo ejecutado detona un sentimiento de injusticia y frustración entre los extrabajadores.

El personal en esta situación no busca un enfrentamiento ni un desgaste institucional. Son profesionales que han laborado años en regulación, no cuentan con los ingresos altos que tuvieron algunos puestos de funcionarios públicos y enfrentan incertidumbre laboral. Reclaman derechos e igualdad de trato por una razón jurídica y moral.

La razón jurídica es la interpretación del artículo 123 constitucional, el cual establece la indemnización por supresión de plazas cuando no existe posibilidad de reubicación. Ese supuesto se cumple de forma literal por la extinción del IFT. La razón moral es que la extinción de un órgano del Estado no debe dejar en vulnerabilidad a su capital humano.

El camino más largo es la demanda laboral ante los tribunales y nadie lo desea. Los trabajadores saben que conciliar en tribunales tardaría años. Confían en que la justicia les dará la razón, lo cual obligaría al Estado a pagar indemnizaciones, actualizaciones y costos procesales. Una resolución judicial tardía nunca es ideal. Un mal pleito, tampoco.

Una negociación permite reconstruir confianza, cerrar el expediente sin litigios prolongados y demostrar que la transición institucional por la extinción del IFT y la reforma de telecomunicaciones es una transformación con derechos, no una reingeniería a costa de los trabajadores.

Tanto Merino como Solano han mostrado disposición. Ambos poseen credenciales técnicas y políticas para liderar una solución. El reconocimiento a su sensibilidad es genuino. En las conversaciones privadas con el movimiento, los trabajadores destacan que ambos funcionarios los recibieron, escucharon y explicaron las posibilidades normativas. Esa disposición es un activo valioso.

¿Por qué insistir en una salida negociada y para qué plantear esta discusión en la opinión pública? Para que prevalezcan los derechos laborales y el principio de igualdad. Si el INAI indemnizó a su personal de libre designación, no existe motivo para un trato desigual con el IFT. Ningún trabajador debe quedar atrás en procesos de reingeniería administrativa. El Estado puede evitar que el camino más largo, el judicial, se convierta en el único. Siempre existe margen para el entendimiento. La extinción del IFT no significa extinción de derechos.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reveló que no se llegó a un acuerdo con los extrabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto a su indemnización, por lo que el asunto irá a tribunales.

El nuevo órgano regulador mexicano aseveró que los extrabajadores del IFT demandan el pago de una liquidación adicional al finiquito que les fue otorgado por el propio Instituto.

“La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha mantenido un diálogo permanente con el grupo para mediar en este proceso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero lamentablemente no es posible continuar con esa mediación, debido a que los extrabajadores decidieron firmar su baja ante el extinto organismo, a fin de acceder a su seguro de separación”, detalló la CRT.

Por lo anterior, el nuevo órgano regulador informó que los extrabajadores deberán dirigirse a las autoridades laborales del país para continuar con el proceso correspondiente.

“De acuerdo con el propio grupo, varios de los extrabajadores decidieron desistirse de la exigencia de liquidación, por lo que el número de integrantes se redujo de 133 a 89. La CRT continuará informando con transparencia y actuando con estricto apego a la normatividad”, agregó la Comisión.

El Universal

Los 133 extrabajadores de “libre designación” del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que demandaban su liquidación, decidieron firmar su baja definitiva para poder cobrar su Seguro de Separación Individualizado (SSI) con la compañía Metlife. Así, se invalidó la intermediación administrativa que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) había iniciado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la posibilidad de una liquidación.

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Proceso Jorge Bravo

La creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones, abre una nueva oportunidad de rehacer la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión con el objetivo de alcanzar un México con inclusión digital universal, significativa e innovador. Pero también replicar riesgos del pasado. 

El diseño institucional de la CRT recuerda la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y hereda esquemas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Por ello conviene preguntarse qué errores no repetir si la nueva CRT aspira a ser moderna, técnica y confiable.

Primero: la independencia no es un capricho burocrático, es la condición para tomar decisiones técnicas creíbles. La Cofetel operó históricamente con un diseño institucional que permitía fuertes influencias políticas. Esa falta de blindaje erosionó su capacidad técnica y su legitimidad ante los actores del mercado.

Aprender de ello obliga a la CRT a diseñar salvaguardas frente a cambios de dirección política y garantizar mandatos, nombramientos y remociones que prioricen la estabilidad técnica por encima de la conveniencia política. Sin instituciones que resistan la presión oficialista, las políticas públicas y la regulación se convierten en reacciones ideológicas y no en instrumentos para la conectividad y la competencia.

Segundo: la evidencia y los datos deben ser el corazón de cada resolución. El IFT logró en su vida institucional avances normativos y herramientas técnicas que impulsaron competencia y transparencia; sin embargo, también fue objeto de señalamientos por una narrativa oportunista al no resolver casos como el poder sustancial en TV de paga o hacer análisis de competencia con datos añejos, lo que derivó en un debilitamiento de su capacidad para tomar decisiones con datos.

La CRT debe tomar en serio la cultura de la evidencia empírica (consultas públicas, indicadores claros y abundantes, acceso a datos históricos y recientes, metodologías públicas y evaluaciones constantes) para que sus decisiones resistan el escrutinio público, la judicialización y la reinterpretación política. Los datos y la transparencia metodológica son la mejor defensa contra la arbitrariedad y la retórica.

Tercero: evitar la tentación de apretar tuercas regulatorias sin diagnósticos certeros. Ajustar el mercado es legítimo cuando hay fallas documentadas, pero es destructivo cuando se hace de manera indiscriminada o sin calibrar los impactos y costos de la regulación.

La experiencia del IFT muestra que regulaciones exorbitantes e intervencionistas como la preponderancia generan litigios, pereza regulatoria, incertidumbre y, sobre todo, desalientan la inversión y el avance digital. La CRT debe ser predecible mediante consultas públicas, reglas claras, procesos con plazos razonables, mecanismos de diálogo y recursos técnicos para que las empresas entiendan cómo cumplir y por qué es necesario.

Cuarto: la relación con la sociedad y los mercados no puede reducirse a comunicados de prensa. La Cofetel fue criticada por “funcionar” como una caja cerrada de decisiones técnicas desconectadas del ecosistema (operadores, academia, sociedad civil y usuarios). Si la CRT reproduce esa distancia social e industrial, será percibida como soberbia y ajena a problemas reales de conectividad e industriales.

Participación pública significativa mediante consultas transparentes y foros con representantes de la industria, usuarios y otros sectores deben ser rutina, no excepción. La interacción con la prensa, la academia y la presencia en foros fortalece las capacidades internas, las mejores prácticas y legitima decisiones complejas.

Quinto: fomentar la inversión privada y pública debe ser una prioridad normativa. La mejor regulación no es la que constriñe sino la que crea condiciones: certeza jurídica, reglas de juego estables y predecibles, esquemas de incentivos para despliegue de fibra y espectro y modelos regulatorios que permitan la innovación.

La CRT debe evitar crear ventanillas burocráticas que encarezcan proyectos o trámites que paralicen despliegues; en su lugar, debe diseñar rutas ágiles para concesiones y colaboración público-privada que aceleren la cobertura, digitalización e innovación.

Sexto: participación internacional y aprendizaje constante. La experiencia de la comunidad regulatoria mundial ofrece lecciones y estándares que aumentan la calidad técnica de las decisiones. El aislamiento internacional es un grave error porque disminuye la capacidad de dialogar, comparar, validar metodologías y adoptar mejores prácticas. La CRT necesita reconstruir redes de cooperación y participar activamente en foros multilaterales para estar a la vanguardia.

Finalmente, la estructura interna importa mediante perfiles técnicos robustos, diversidad de formación en economistas, ingenieros, abogados y comunicadores, así como órganos consultivos. Además, estrategias de comunicación social que traduzcan decisiones técnicas en beneficios tangibles para los usuarios son imprescindibles para ganar legitimidad.

La CRT tiene una ventana de oportunidad al rehacer la institucionalidad sin repetir los vicios de la Cofetel ni reproducir la soberbia que llevaron al desfase del IFT. La lección es clara y exige humildad institucional y regulatoria mediante independencia técnica respaldada por transparencia, evidencia empírica, datos, fogueo internacional y diálogo permanente con la sociedad y los mercados.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México reveló avances en el diálogo con el grupo de 133 extrabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quienes laboraban bajo el esquema de libre designación y no fueron liquidados por el instituto.

El grupo de trabajadores se encontraba en un esquema laboral ante el IFT que no les dio el beneficio de recibir una liquidación luego de la desaparición del órgano regulador creado tras la reforma de 2013.

“En un acto de apertura y conciliación, este lunes 3 de noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo en las instalaciones de la Comisión, donde se registraron avances significativos que permitirán continuar con la gestión de las demandas de los extrabajadores, quienes desempeñaban diversos niveles operativos y no fueron liquidados por el IFT, al asegurar que no formaban parte del Servicio Profesional de Carrera y fueron contratados por designación directa”, informó la CRT.

La Comisión afirmó que está atenta de los tiempos y determinaciones que para tal efecto marquen las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Anticorrupción y Buen Gobierno, a fin de estar en condiciones de proceder en coordinación con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

“La CRT reafirma su compromiso con la transparencia, el diálogo y el respeto a los derechos laborales de este grupo de trabajadores, por lo que acompañará este proceso con responsabilidad institucional y sensibilidad social”, añadió el nuevo órgano regulador mexicano de las telecomunicaciones.

El Economista

El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, junto con la Anatel de Brasil y la CRC de Colombia, uno de los tres reguladores más innovadores de América Latina, extinguió su vida con el primer minuto del viernes 17 de octubre, pero no su obra: El IFT trabajó doce años para bajar los precios de los servicios móviles a la mitad y para duplicar las conexiones de Internet en los hogares mexicanos, al mismo tiempo que amplió la pluralidad en la radio y la televisión con licitaciones de espectro; y reguló también para que en una década se multiplicara la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en México.

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