El gobierno español respondió a los cuestionamientos de la administración de Estados Unidos sobre el uso de tecnología Huawei en su sistema de escuchas telefónicas, al señalar que su implementación es limitada y no representa riesgos para la seguridad nacional.

En un comunicado citado por medios locales, funcionarios españoles explicaron que el almacenamiento de Huawei dentro del sistema judicial de escuchas telefónicas Sitel representa sólo una parte menor de un sistema hermético, auditado, aislado y certificado que cumple con los más altos estándares de seguridad nacional.

La controversia surgió cuando dos altos cargos republicanos del Congreso estadounidense, el senador Tom Cotton y el representante Rick Crawford, enviaron una carta el pasado 16 de julio a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, solicitando una revisión de los acuerdos de intercambio de inteligencia con España. Los legisladores norteamericanos expresaron preocupación por contratos valorados en 12.3 millones de euros entre el Ministerio del Interior español y Huawei para servicios relacionados con sistemas de interceptación telefónica.

En la carta, los legisladores argumentan que “Huawei tiene estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh) y está sujeta a las leyes chinas de Inteligencia Nacional y de Seguridad de los Datos, las cuales obligan a Huawei a proporcionar al PCCh acceso a cualquier información que dicho partido considere necesaria”.

Por su parte, el gobierno español enfatizó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no mantiene ningún contrato con Huawei y que los equipos de la empresa china no se utilizan para manejar información clasificada. Además, destacaron que el sistema Sitel está completamente aislado de cualquier entorno externo y cuenta con supervisión continua por parte de un equipo especializado en ciberseguridad.

“En esencia, Huawei y el PCCh podrían tener acceso encubierto al sistema de interceptación legal de una nación aliada de la OTAN, lo que les permitiría monitorear investigaciones españolas sobre espías del PCCh y otras innumerables actividades de inteligencia”, apuntaron los legisladores.

El gobierno de Estados Unidos ha apuntado en reiteradas ocasiones que Huawei está sujeta a las actividades de espionaje del gobierno chino. La empresa, en tanto, ha rechazado tales acusaciones, al señalar que nunca se le ha pedido espiar y que incluso se negaría a hacerlo. El gobierno español, bajo reglas más generales de la Comisión Europea (CE), ha designado a Huawei como proveedor de alto riesgo, por lo que ha sido excluida de procesos de despliegue de nuevas redes.

 La Prensa Gráfica Gabriela Villarroel

Diputados del oficialismo en la comisión de Seguridad avalaron ayer reformas a las leyes de crimen organizado, de telecomunicaciones y especial de intervención a las telecomunicaciones que crean mecanismos de vigilancia ciudadana más simplificados, y obligan a compañías telefónicas a brindar datos personales de sus usuarios.

Entre las reformas que se aprobarán a ley de intervención, hay una modificación que permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) librarse de las auditorías de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a su centro de escuchas telefónicas, publicadas y entregadas cada año a la Asamblea Legislativa.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que las reformas buscan “hacer más eficaz el uso de las escuchas telefónicas para obtener pruebas incriminatorias que permitan capturar a las estructuras terroristas”, en el marco de la llamada “guerra contra las pandillas” que ejecuta el Gobierno en el régimen de excepción.

Las iniciativas fueron entregadas a la Asamblea Legislativa el pasado 14 de septiembre, y a pesar de su carácter “urgente”, no habían sido discutidas durante casi un mes por la bancada oficialista. En la jornada de este jueves, los diputados recibieron observaciones leídas por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que se incorporaron automáticamente, sin ningún tipo de discusión de los parlamentarios.

“Pedimos que se puedan unificar las propuestas y aportes del fiscal general, porque han sido bastante acertadas”, se limitó a decir el diputado Francisco Villatoro, de Nuevas Ideas. Giovanni Zaldaña, también oficialista, pidió inmediatamente que se emitiera el dictamen.

Sin auditorías

Una de las propuestas del fiscal general fue profundizar los cambios hechos al artículo 33 de la ley de intervención de las telecomunicaciones, sobre la fiscalización del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, un ente adscrito a la FGR que se encarga de las escuchas telefónicas a los ciudadanos, previa orden judicial.

Mientras el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, había pedido únicamente que se eliminara la obligación de la PDDH de practicar auditorías anuales a este Centro, el fiscal fue más allá: pidió que la PDDH designe a un delegado al interior del Centro de Intervención, que se encargará de supervisar el quehacer de la institución, sin emitir ningún tipo de informe.

“Esto es para corregir errores del pasado, cuando se pretendía fiscalizar sobre el sistema de intervención de las telecomunicaciones que posee el Centro. En realidad, la función del procurador es únicamente verificar que no se violenten garantías constitucionales”, explicó el fiscal Rodolfo Delgado a la comisión. Ni oficialistas ni opositores le cuestionaron al respecto.

El titular del Ministerio Público también pidió que se eliminen todo tipo de procedimientos de oficio hechos desde la PDDH, en referencia incluso a auditorías específicas, “y que solo se hagan cuando haya una denuncia sobre violaciones al derecho a la intimidad” de un afectado.

En todo caso, estas auditorías tendrán carácter de reservado, y serán remitidas directamente al mismo fiscal de la República, para que él mismo decida si tomará acción, indicó Delgado.

Actualmente, tanto las auditorías al Centro de Intervención como los informes especiales son remitidos a la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa.

La Estrella de Panamá

Víctimas, abogados y querellantes están “decepcionados” ante la absolución del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009- 2014) en el caso de las escuchas ilegales durante su mandato, conocido como “pinchazos”, al ser un fallo que “desnuda” la falta de “imparcialidad” de la Justicia del país.

“Es un fallo que pone al descubierto la fragilidad de la Administración de Justicia de nuestro país. Aquí hay Justicia para quien puede pagarla, dilatarla y no hay para los que no tienen recursos”, dijo a Efe Balbina Herrera, una de las querellantes de la supuestas escuchas telefónicas.

Según Herrera, durante el juicio se logró demostrar que sí “hubo pinchazos” a pesar de que no se pudo acreditar que Martinelli dio las órdenes para realizar las escuchas, pero “resulta que todos los subalternos eran responsables menos el presidente de la República, que era el jefe del Consejo de Seguridad”.

Según José Eugenio Stoute, otra de las supuestas víctimas, “no se ha hecho justicia” pues “se aportaron todas las pruebas requeridas para darle la pena máxima, pese a ello, explicaron que nadie lo vio”, aunque “quedó clarísimo quién era el autor intelectual, porque no podía haber otro”.

El fallo fue “decepcionante” para “las víctimas, querellantes, y parte de la sociedad panameña que tiene consciencia del grado de descomposición del régimen”, pues ahora “esto va a ser ingobernable” y el país será “un Estado fallido”, agregó Stoute.

UN FALLO EN “CONTRA” DE LA LEY

“La sorpresa ha sido mayúscula al ver una sentencia contraderecho, y que a mi juicio pone punto final a toda credibilidad al sistema judicial panameño”, declaró a Efe Stoute, quien siguió “muy puntual” el juicio, que duró 67 días.

Para el abogado querellante Carlos Herrera Morán, el fallo es “aberrante” y “absurdo”, pues está “divorciado totalmente de la Constitución y la ley”.

“Pone en relieve y al descubierto que las estructuras del sistema judicial panameño no tienen capacidad para poder juzgar con imparcialidad y objetividad a alguien con poder económico y político”, explicó Morán a Efe.

El abogado añadió que la decisión del tribunal “decepciona a la mayoría de la sociedad panameña, aunque no se puede negar que hay un sector que no entiende que la consigna de ‘robó pero hizo’ nos va a llevar al descalabro nacional”.

Un tribunal de Panamá absolvió este martes al expresidente Martinelli de los delitos de interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, con los que afrontaba una pena de hasta 8 años de cárcel, en marco de un nuevo juicio del “Caso Pinchazos”, tras la anulación del primero en 2019 en el que fue declarado “no culpable”.

El tribunal, compuesto por tres juezas, consideró de forma unánime que el “expresidente no había dado las órdenes para realizar interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial”, informó el Órgano Judicial.

El expresidente, de 69 años, estaba acusado de interceptar las telecomunicaciones de más de un centenar de personas, entre ellos empresarios, políticos opositores e incluso aliados suyos, y periodistas, según las investigaciones.

La Estrella de Panamá Mirta Rodríguez P.

Mientras que el expresidente panameño Ricardo Martinelli deberá enfrentar este miércoles, 21 de julio, un nuevo juicio por su supuestas  escuchas telefónicas o los llamados “pinchazos”, el jurista y experto en derechos humanos internacional, Víctor Rodríguez Rescia, advirtió que Panamá debe cumplir con la declaración que emitió la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la detención arbitraria del exgobernante panameño, de lo contrario estaría “ignorando” su compromiso con los estándares internacionales.

“Aquí no se trata de defender o no a Martinelli, se trata de defender la institucionalidad, porque esas debilidades institucionales en la falta de utilización y vinculatoriedad de las decisiones de Naciones Unidas, que son Órganos creados por tratados son vinculantes, son obligatorios, no están pintados en la pared”, afirmó  Rodríguez Rescia, en declaraciones a KW Continente y Nex TV.

El también presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos con sede en Ginebra, Suiza, destacó que este caso se presentó por violación al derecho de la libertad del expresidente Martinelli y el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU hizo el análisis pertinente de todo el proceso, tanto de la prueba (no solo de la manera en que fue detenido), cómo se instruyó, cómo se investigó y las debilidades.

Posteriormente, Naciones Unidas “prácticamente emitió una resolución que debe ser cumplida, pero que no ha sido cumplida por Panamá. Después en el proceso se le absuelve al presidente Martinelli, pero luego se genera una nulidad y ahora se está repitiendo el proceso. Yo siempre digo que en guerra avisada no muere soldado”, sentenció Rodríguez Rescia.

Manifestó que “si ya las Naciones Unidas observó el proceso y dio una mirada desde afuera de los estándares internacionales, es decir, de los tratados que Panamá se ha comprometido a cumplir, y ya hizo un análisis de este caso, entonces, ya debería observarse esos estándares y no ignorarlos… porque finalmente a quien se responsabiliza es a Panamá, y no al poder judicial, y quien va a pagar las consecuencias en términos de reparaciones es el pueblo,… que se pueden cobrar”.

Sin embargo, el jurista consideró que este es un tema de “actitud” por parte del Estado, de que, “si se compromete a asumir la responsabilidad, de cumplir los tratados internacionales, lo tiene que hacer de buena fe, con humildad, inclusive, siguiendo los estándares internacionales, y no ignorándolos”.

El documento aprobado el 15 de agosto de 2019 y publicado el pasado 2 de octubre, concluye que la detención provisional de Martinelli en Panamá violó  la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

En la misma  ordena que Panamá como signatario, indemnice al exmandatario y realice una investigación “exhaustiva” e “independiente” en relación con las decisiones que fueron tomadas para mantenerlo en detención provisional desde el 11 de junio de 2018 hasta el 12 de junio de 2019.

Sin embargo, añadió Rodríguez Rescia: “mucho ojo, porque en el caso de Martinelli, lo mismo que en el caso de Ricardo Traad (exdirector del desaparecido Servicio Marítimo Nacional), (a quien también se le demostró la detención ilegal arbitraria), si sigue vinculado en un proceso hay consecuencias, y sería un incumplimiento o mora de carácter internacional, que deja mal parado a Panamá”.

Mencionó que el caso del expresidente Martinelli, no solo está ante el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas sino también se está tramitando ante el Comité de Derechos Humanos del organismo. Y en ese contexto dijo que le ha llamado mucho la atención de “que en Panamá hay un problema de cultura jurídica, y se cree que el litigio empieza y muere en el Sistema Interamericano, y eso es un grave error. No solo la Comisión y la Corte Interamericana existen”. https://809d78ba5a3b8fbf8b79135c9936b6a8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Recapituló que antes de la Comisión, del Sistema Interamericano y de la Convención Americana, en Naciones Unidas ya existía un tratado anterior, y que más bien la Convención copió los estándares del pacto de derechos civiles y políticos de 1966, que son los estándares que utilizó el grupo de trabajo para determinar las violaciones por detención arbitraria en el caso de Martinelli y de Tradd; mismo que también utiliza el Comité de Derechos humanos

Entonces, “los jueces lo que deben hacer en lugar de taparse la vista es aplicar los tratados internacionales, no solo a convención sino en pacto como derecho interno en Panamá aquí y ahora. Si los jueces y juezas creen que los tratados de derechos internacionales son solamente para litigar afuera, están totalmente equivocados, porque hay un control de convencionalidad que se aplica en todas las circunstancias en el marco de constitucionalidad de Panamá”.

A su juicio, ahora “la tarea que hay es  reeducar o reconstruir la mentalidad de que los tratados no son vinculantes para Panamá. Esa es una tarea apoteósica que hay y que empiezan en las facultades de Derecho. Me pregunto ¿dónde están los Colegio de Abogados en esos temas, porque son ellos los usuarios del sistema de justicia?”.

Rodríguez Rescia también se refirió a la medida de protección dictada por las Naciones Unidas por el tema salud del expresidente Martinelli, expresando que se trata de una especie de medida cautelar emitida por el Comité de Derechos Humanos no por el grupo de trabajo.

Explicó que debe informarse ante esta instancia (Comité de Derechos Humanos) si a Martinelli se le está respetando los riesgos de salud que puede tener en el marco de su detención y de todo el caso que lo involucra. Es decir, “no se limita solo a la situación carcelaria en que la estuvo, especialmente, porque ha pasado por transes médicos que están documentados y que son importantes”, dijo.

Afirmó que “el acceso a la justicia tiene que ver también con la calidad de la justicia y también en el trato que se le da a la persona en términos de salud para enfrentar una justicia con el debido proceso y con derecho a la defensa apropiadamente”.

Resaltó que el Comité de Derechos Humanos es como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel global, y es el que vela por la protección del pacto del principal tratado de Naciones Unidas en general.

Sin embargo, “hay muy pocos casos que se llevan ante el Comité de Derechos Humanos, porque hay una nueva formación jurídica que cree que el mundo empieza y muere con el Sistema Interamericano”, por lo que “hay que activar los mecanismos de Naciones Unidas, porque son potentes, porque son importantes, porque tienen mandato para hacerlo y porque Panamá se comprometió de buena fe, ratificó esos tratados y aceptó las jurisdicciones en la competencia del Comité de Derechos Humanos”.

Por lo tanto, “no se puede después de haber aceptado internacionalmente la competencia contenciosa del Comité de Derechos Humanos, desistir de ella. Eso viola el principio de buena fe,… y Panamá entraría en una situación de mora internacional”.

El caso

Este miércoles, 21 de julio, Martinelli enfrentará un nuevo juicio, tras la anulación del primero, por un caso de espionaje político durante su periodo de mandato entre 2009-2014.

La audiencia comenzará un mes después de la fecha prevista debido a dos suspensiones. Pero ahora solo enfrentará dos delitos: interceptación de telecomunicaciones; y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, que lo expondrían a una pena de hasta ocho años.

Martinelli dijo través de las redes sociales que esta vez sí asistirá al juicio, después de haberse ausentado en dos fechas anteriores, alegando un reposo médico por una cirugía de la columna. El Tribunal advirtió que no aceptaría más dilaciones.

El caso conocido como pinchazos comenzó en junio del 2015 en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando Martinelli era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero tras ser extraditado el 11 de junio de 2018 por Estados Unidos, donde estuvo preso un año, renunció a la diputación y pasó a la justicia ordinaria panameña.

En agosto de 2019 fue declarado “no culpable” en un primer juicio, en el que enfrentó cuatro cargos que sumaban 21 años de cárcel y que fue anulado por un tribunal de Apelaciones.

Martinelli, de 69 años de edad, creó el nuevo partido Realizando Metas, con el que pretende presentarse a las elecciones de 2024.

La Estrella de Panamá Gustavo A. Aparicio O.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, decidió de manera unánime confirmar la decisión proferida en primera instancia por una Juez de Garantías, de rechazar la afectación de derechos en el caso “pinchazos” que se le sigue al ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, en donde su defensa argumentaba una prescripción de la acción penal.

El Tribunal conformado por los Magistrados Manuel Sánchez (Presidente), Giovanina Antinori y Omaira Jaramillo, en vídeo audiencia realizada este lunes, 28 de junio de 2021, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, consideró que el pedido de afectación de derechos ha sido ampliamente debatido por otros Tribunales de Justicia; aunado a ello, que con los nuevos insumos no se encontró evidencia suficiente para su declaratoria.

Previamente en este acto de audiencia el Tribunal Superior de Apelaciones, luego de escuchar a las partes intervinientes, concedió un Recurso de Hecho interpuesto por la Defensora Técnica Particular, Licenciada Alma Lorena Cortés.

El expresidente Martinelli, quien es acusado por la presunta comisión de los delitos de Interceptación de Telecomunicaciones, Seguimiento, Persecución y Vigilancia sin Autorización Judicial, deberá afrontar un nuevo juicio oral el próximo 5 de julio de 2021.

La Segunda Oficina Judicial de Panamá, agendó para esta fecha la realización del nuevo Juicio Oral a partir de las 9:00 a.m., en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, por la presunta comisión de los delitos antes mencionados.

En este acto de audiencia de este lunes el Ministerio Público estuvo representado por el Fiscal Superior, Ricaurte González; mientras que por parte de los Abogados de la Querella participaron los Licenciados Carlos Herrera Morán, Carlos Manuel Herrera, David Cuevas González, Rosendo Rivera y Jovan Jaramillo. 

En tanto, la Defensa Técnica Particular estuvo a cargo de la Licenciada Alma Lorena Cortés.

La Estrella de Panamá Ismael Gordón Guerrel

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli enfrentaría desde hoy martes, 22 de junio, un nuevo juicio por el caso de las escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014). Sin embargo, por incapacidad presentada por la defensa el inicio del nuevo juicio será el 5 de julio.

Martinelli es señalado por dos delitos: interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución, y vigilancia sin autorización judicial, por lo que se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel. Un tribunal dictó en noviembre la anulación del primer juicio, en el que fue declarado “no culpable” de cuatros delitos, incluida malversación.

El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Juicio Oral la verificación de certificado de incapacidades presentadas por la defensa del expresidente de la República, en caso Pinchazos.

Además, se solicitó la revisión médica por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del exmandatario y la asignación de un defensor público, porque su única abogada, Alma Cortés, no se presentó por una cita de odontología.

“Ya no se puede seguir dilatando esto y las tres juezas deben tomar una decisión, para saber si la justicia panameña tiene pantalones cortos o se puso los pantalones”, aseguró Balbina Herrera, quien fue víctima de las escuchas telefónicas.

Mitchell Doens, otro de los afectados por las interceptación de comunicaciones, aseguró que el tribunal tiene los mecanismos para evitar que este juicio sea un circo.

Ambas declaraciones se dan luego que el ex presidente se sometiera a una cirugía un día antes de iniciar el juicio.

La defensa de los querellantes dijo que de ser presentada la incapacidad del exmandatario pedirán que se ordene una investigación y se interrogue al médico que lo operó y que la situación sea evaluada por un médico del Instituto Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

El fiscal Ricaurte González previo al inicio de la audiencia dijo que el Ministerio Público está preparado y calificó este día como importante, desde el momento en que se dio la oportunidad para un nuevo juicio.

Los querellantes acusan a la defensa de Martinelli de intentar frenar el proceso con la presentación de múltiples recursos legales, que no prosperaron en los tribunales, para impedir el nuevo juicio.

Bio Bio Chile – Nicole Briones

La discusión en particular de la Ley Corta Antiterrorista abrió un fuerte debate en la comisión de Constitución del Senado, por la falta de control sobre las escuchas telefónicas permitidas en la persecución de algunos delitos, que según cifras entregadas, alcanzarían más de 100 mil interceptaciones en los últimos cinco años.

En el marco del debate por la ley corta antiterrorista, académicos y parlamentarios cuestionaron duramente al Ministerio Público por el descontrol que existiría en el uso de las interceptaciones telefónicas.

Según cifras aportadas en la comisión de Constitución del Senado, habrían afectado a más de 100 mil números telefónicos en los últimos cinco años, sin que se conozca la efectividad de dicha medida intrusiva y en muchos casos, sin que los interceptados hayan tenido conocimiento de estar bajo dicho procedimiento, como lo establece la ley.

En este contexto, el académico de la Universidad de Chile, Jean Pierre Matus, sostuvo que la falta de control sobre las escuchas telefónicas, ha generado un efecto negativo en la investigación de delitos. Además acusó un verdadero “shopping judicial” a la hora de solicitar autorización para interceptar teléfonos, donde los fiscales escogen a qué juez le piden autorización y en muchos casos vía telefónica, sin entregar mayor fundamento para aquello.

“Este descontrol en la autorización judicial es el problema fundamental que tenemos antes de empezar a discutir sobre delitos terroristas, porque este descontrol se basa en un hecho muy sencillo, las solicitudes se hacen verbalmente punificada junto a quien estime conveniente, al juez que estime conveniente”, dijo.

En ese contexto, el senador socialista, Alfonso de Urresti, exigió que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sea citado a la comisión de Constitución, para que explique cómo se custodian los protocolos de interceptación telefónica y no descartó que esas escuchas telefónicas estén en manos del hampa.

“Que nosotros invitaramos al fiscal nacional a dar una explicación, aquí no se está contestando nada. ¿Dónde está el protocolo de custodia de esas interceptaciones? ¿Dónde está la notificación? Además en la ley antiterrorista vamos a tener este instrumento que está fuera de control. No sé qué podemos a esperar, quizás en qué mercado secundario o terciario del lampa están esas comunicaciones”, aseveró.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, defendió otorgar herramientas intrusivas a los fiscales en investigaciones de delitos antiterroristas, y aseguró que el Ejecutivo está en disposición -vía indicaciones-, para establecer controles adecuados a los procedimientos de interceptación telefónica.

“A juicio del Ejecutivo, no se ve que existe una razón dada la gravedad de las conductas terroristas, a que no esté también dentro de la legislación antiterrosita, con la medidas de control y garantías que nos permitan hacer que esas medidas especiales estén debidamente aplicadas”, señaló.

El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, propondrá esta semana a la instancia legislativa, un procedimiento para comenzar la votación en particular, de la denominada Ley Corta Antiterrorista.