Autoridades de Centroamérica y República Dominicana suscribieron una carta de intención para crear una política regional de ciencia, tecnología e innovación (CTI), con el fin de fortalecer la colaboración científica y los sistemas de ciencia abierta en la región y promover áreas de especialización, fomentando la innovación y el crecimiento en sectores estratégicos.

El proyecto Política Centroamericana para la Ciencia Tecnología e Innovación Abierta buscará impulsar la colaboración entre empresas, instituciones académicas y centros de investigación, además de establecer redes de colaboración y el intercambio de conocimientos y recursos.

El proyecto fue postulado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  (Senacyt) de Panamá a una convocatoria de fondos para la implementación de proyectos impulsada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, la cual fue obtenida en marzo de 2023. El IDRC aporta 1.5 millones de dólares canadienses para la ejecución del proyecto a través de tres etapas:

La primera es sobre el estado situacional de las políticas regionales de CTI, durante la cual se identificarán las mejores prácticas, los instrumentos de promoción y las políticas públicas de CTI abierta e inclusiva que se están implementando a nivel internacional. Esta etapa incluye el reconocimiento del estado que guardan los países de la región centroamericana y República Dominicana en cuanto a prácticas de CTI abierta e inclusiva.

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En esta primera fase se realizarán ocho estudios diagnósticos de la situación actual de los países miembros de la región. La política regional de CTI abierta e inclusiva tendrá en cuenta los resultados de cada estudio para formular e impulsar la aprobación de una política que considere un sistema de indicadores para su seguimiento y evaluación.

La segunda etapa consiste en formular una propuesta consensuada de política regional y realizar un piloto de los elementos de una política de ciencia abierta, inclusiva, diversa y con equidad, a través de proyectos específicos.

La última etapa pretende fortalecer las capacidades de gestión regional, nacional e institucional para una adecuada implementación de una política regional de CTI, mediante capacitación a autoridades, organismos empresariales, investigadores y personal de gestión de la ciencia CTI.

La Jornada César Arellano

Académicos e investigadores de instituciones de educación superior públicas y privadas consideraron que una ley general de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que aspire a transformar al país debe asegurar el financiamiento estable de la CTI a partir de un porcentaje incremental del gasto público anual, fortalecido con la colaboración público-privada, la formación de redes internacionales y la protección de derechos de propiedad intelectual, además de poner un objetivo temporal a un mínimo de uno por ciento del producto interno bruto (PIB) que señala la ley.

Al presentar las conclusiones de las Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro, William Lee, investigador y coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, señaló que durante este evento, a través de 13 mesas con más de 120 miembros de 17 instituciones del sector que fueron seguidas en redes sociales por miles de colegas, se desarrolló una lista de 15 puntos, los cuales deberán incluirse en la ley mencionada y que estiman entregarán tanto al Congreso de la Unión como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Con base en estos puntos, Lee dijo que se debe procurar una adecuada distribución de recursos para la CTI entre las secretarías de las entidades federativas y de la Federación, a fin de enriquecer la política pública, promover el desarrollo transversal de competencias institucionales y asegurar la atención a las necesidades de ciencia y tecnología regionales.

También, señaló, es prioritario adoptar un federalismo abierto y constructivo que favorezca la distribución de competencias y la coordinación para el funcionamiento del Sistema Nacional de CTI, así como garantizar la participación amplia de la comunidad académica y de los sectores privado y social en los distintos niveles de planeación, formulación y coordinación de la política de CTI a través de órganos autónomos que den voz a las comunidades en el ámbito nacional y regional.

El especialista añadió la necesidad de laborar el programa de prioridades nacionales a partir de problemas que requieren una solución urgente para la sociedad, a partir de la opinión expresada por las comunidades de científicos, tecnólogos, innovadores y la sociedad en general, tanto como establecer mecanismos institucionales de comunicación pública de la ciencia que garanticen el derecho humano a los beneficios de la CTI. Además de asegurar la libertad de investigación con perspectivas de derechos humanos y equidad de género, así como el reconocimiento del valor estratégico de todas las formas de ciencia y eliminar cualquier discriminación en contra de las y los investigadores que trabajen en instituciones privadas, incluyendo los estímulos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores.