La Silla Rota

La alcaldía Coyoacán, a cargo de Giovani Gutiérrez Aguilar, mantiene un programa de reordenamiento y limpia urbana en el que, continuamente, se recuperan espacios tanto en ámbito comercial, como de infraestructura; por ello, esta vez fue el espacio aéreo el que se atendió, dando como resultado el desmantelamiento de 40 toneladas de cables viejos y en desuso que atravesaban algunas calles y avenidas de la demarcación.

De acuerdo con autoridades locales, el retiro de cableado aéreo es parte de viejas instalaciones de servicio de telecomunicaciones que hoy ya están en desuso. La suma total del cable retirado deriva de muchos operativos desde mayo de 2022.

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El Salvador Juan Carlos Mejía

El proyecto de instalación de cables subterráneos en el Centro Histórico de San Salvador aún no tiene una fecha específica para ser entregado, sin embargo, el titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Manuel Aguilar, detalló que será en los próximos meses.

Según el funcionario, quien estuvo en la entrevista de Frente a Frente, no hay fecha clara pero se espera que el proyecto concluya junto a los planes de reordenamiento que está implementando la Alcaldía de San Salvador desde el año pasado.

En este punto, Aguilar afirmó que realizar esa instalación de cables que estarán bajo tierra tendrá un costo de hasta $9 millones, solo en el Centro Histórico.

Según el superintendente, es un proyecto caro (hasta 15 veces más de lo que cuesta la instalación de cables aéreos), pero afirmó que es algo “que vale la pena”.

Además, Aguilar indicó que el proyecto no solo abarca al cableado del servicio eléctrico, sino, también el de telecomunicaciones, el cual incluye cableados de las líneas telefónicas y de internet.

Algunas de las arterias que contarán con este tipo de cableado son la calle Rubén Darío, la avenida España y la 1a. Calle Oriente.

Hasta el momento, dentro de los planes de reordenamiento que ha ejecutado la comuna capitalina se han desalojado a miles de vendedores informales, y según la Alcaldía, los avances de este proyecto ya alcanzan un 90% de lo planificado.

Panamericana

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros elaborar y aprobar con urgencia el reglamento de la Ley 31595 que establece el retiro del cableado aéreo de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país.

De esta manera, se busca que no se incurra en una demora excesiva como con la reglamentación de la Ley 30477, aprobada en junio del 2016 y que también contempló el retiro del cableado en desuso o mal estado, y que debió ser reglamentada en 120 días calendario.

La Defensoría señaló que el reglamento debe precisar los supuestos de aplicación de las disposiciones de retiro de cableado, y las competencias de supervisión y fiscalización de la infraestructura pública y el rol de a los organismos reguladores, desde la instalación, mantenimiento, reposición, reordenamiento, reubicación y retiro de los cables empleados para la prestación del servicio de su competencia.

Plazo límite

La norma establece un plazo límite de 24 meses luego de la entrada en vigencia de su reglamento, para que las empresas de servicios de electricidad y de telecomunicaciones retiren el cableado aéreo en desuso o en mal estado que se encuentre en las zonas urbanas.

Indica además que el referido reglamento debe aprobarse en 90 días calendario, siendo requisito indispensable para su entrada en vigencia.

Organismos reguladores

Para la Defensoría del Pueblo, los organismos reguladores deben ser los responsables de determinar el cableado que, efectivamente, corresponde ser retirado, sustituido o mantenido por su conocimiento, especialidad y experiencia.

La República

La Ley 31595 para retirar el cableado aéreo en desuso o mal estado busca “la descontaminación ambiental” en las zonas urbanas del Perú, según el Congreso de la República, pero ¿te cobrarán más del recibo de luz o internet por sacarlo? ¿Cuánto tiempo tienen las empresas para quitar los cables de las calles? Te lo explicamos en esta nota.

El Proyecto de Ley 109/2021-CR fue aprobado por el Pleno del Congreso y su ley fue publicada el último 28 de octubre en el Diario Oficial El Peruano, por lo que las “empresas concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones, así como las proveedoras de infraestructura pasiva de telecomunicaciones” tienen dos años para cumplir con la norma.

¿Cuál es la multa por no quitar el cableado aéreo en desuso o mal estado?

Incumplir la Ley 31595 constituye una infracción muy grave, la misma que sanciona a las empresas con una multa que puede ir de 5 a 20 UIT. Esta sanción es impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

¿Quiénes fiscalizan el retiro del cableado aéreo en desuso o mal estado?

La supervisión ambiental para quitar cables aéreos sin utilizar o malogrados está a cargo de la entidad de fiscalización competente, según las normas del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Por su parte, las municipalidades provinciales y distritales de la zona perjudicada fiscalizarán dentro de sus competencias, según la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y Ley 30477, “Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público”.

¿Las empresas descuentan de tu recibo de luz o internet el retiro de cables?

No, lo asumen las compañías. Según la Ley 31595 y desde la entrada en vigencia de su reglamento, “las concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones, así como las empresas proveedoras de infraestructura pasiva de telecomunicaciones” tienen 24 meses para sacar el cableado aéreo en desuso o en mal estado que se encuentre en las zonas urbanas.

El Poder Ejecutivo deberá aprobar y publicar el reglamento de la ley de retiro de cables en desuso o dañados en los próximos 90 días, contados desde la publicación de esta ley.

La República

Sobre las entrañas del centro histórico de Lima y distritos adyacentes a la comuna, una vista árida de marañas de cables eléctricos y de telecomunicaciones colgantes oscurece la capital y acecha a diario con desencadenar trágicas consecuencias para la vida de la población. En tanto, los vecinos, sus calles, casas y centros comerciales quedan vulnerables a accidentes por descargas eléctricas, caídas de postes, incendios de gran magnitud y contaminación visual. 

Estos peligros estructurales reflejan no solo la informalidad, sino también la falta de fiscalización de los entes reguladores del Estado y el rol de las concesionarias para evitar cualquier desastre. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que el mal estado de postes y cableado pone en riesgo a la ciudadanía, como lo dejó ver en el Cercado de Lima y La Victoria. Sin duda, el panorama más crítico se presenta en Mesa Redonda, Mercado Central y el emporio de Gamarra.

En entrevista para La República, el ingeniero electricista Luis Arellán Yanac, del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), advirtió: “Lo grave es que cuando hay una falla en las redes eléctricas —y si el sistema de telefonía está muy cerca, pegado o enmarañado— puede transmitir corriente que puede descargar en las personas que están usando el teléfono. Y el otro problema es la contaminación visual”.

¿Qué entidad debe fiscalizar el retiro de cables?

El especialista del CIP explicó que, a pesar de que “el ‘Código nacional de electricidad’ dice expresamente que debe haber una separación entre los cables eléctricos y de telecomunicaciones (sección 23, ‘Distancias de seguridad’)”, el Osinergmin solo “tiene la facultad de supervisar y fiscalizar las instalaciones eléctricas de las (concesionarias), mas no las de telecomunicaciones, que le corresponde al Osiptel”. No obstante, “las municipalidades tienen una potestad sancionadora y función de supervisión”.

Entonces, entre las empresas reguladoras, “hay un vacío legal. Si uno va a la empresa de la telefonía a reclamar, por ejemplo, el levantamiento de un poste caído, no lo levantan porque no hay una entidad supervisora que fiscalice eso. El Osiptel no tiene esas facultades, pero sí las municipalidades”, detalló.

Por su parte, el ingeniero electricista Juan Cayetano, especialista en soluciones industriales y media tensión, incidió en que esta problemática se debe a la falta de planificación y fiscalización para el cumplimiento del “Código nacional de electricidad” y las normativas correspondientes ante el “crecimiento de las familias, viviendas y construcciones” de forma vertical en la ciudad.

Cayetano también cuestionó “cómo se ha venido realizando el mantenimiento de estas redes de distribución”, ya que “las concesionarias son quienes deberían darle prioridad; y las municipalidades, en conjunto con Osinergmin, son los entes que deben fiscalizar que todo se cumpla”, añadió.

Luego de revisar la “Ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en telecomunicaciones”, su modificatoria (Ley 30228), el Reglamento de la Ley 29022, el artículo 5 de la Ley 29022 y el artículo 79 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la competencia para autorizar la instalación y solicitar el retiro de este tipo de infraestructura —que incluye “cables”— es de las municipalidades, así como la supervisión y fiscalización.

Por ello, como parte del recorrido que realizó La República en el centro de la capital, se consultó a la Municipalidad de Lima sobre sus gestiones para retirar las marañas de cables eléctricos y de telecomunicaciones en las zonas de su competencia para la recuperación del centro histórico de Lima y el diseño urbanístico. De igual manera, se contactó al Osinergmin, Luz del Sur y Enel.

¿Más cables aéreos que subterráneos? ¿Por qué?

“Lo que pasa es que en 1992, cuando se privatizaron las empresas eléctricas, se aplicó el sistema económicamente adaptado. Es decir, para las (concesionarias) es más rentable el uso de sistemas aéreos que los subterráneos, ya que también son más fáciles de detectar los robos de energía eléctrica”, describió el ingeniero del CIP.

“Para ellos es más económico hacer redes aéreas que las subterráneas. Y eso lo permite la Ley de Concesiones Eléctricas: las empresas eléctricas están obligadas a instalar sistemas económicamente adaptados. Instalar una red subterránea es casi dos o tres veces más caro que (colocar) una aérea”, informó el especialista.

A su vez, el ingeniero electricista Cayetano detalló que “mientras más cable y más resistencia mecánica hay, se genera más tensión en los postes”; sin embargo, “las concesionarias prefieren abaratar costos, ya que a veces las líneas aéreas son más económicas”, añadió.

Contaminación por cables aéreos en desuso o mal estado: ¿qué hacer?

Si bien el Proyecto de Ley 109/2021-CR busca que las empresas de telefonía y electricidad tengan que retirar los cables aéreos en desuso o mal estado en menos de 24 meses y señala como responsables de la labor de supervisión a las municipalidades provinciales y distritales, el retiro de cables de las empresas “involucra la intervención de no solo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sino también de los organismos técnicos reguladores, tales como Osiptel y Osinergmin, por ejemplo”.

Así lo previene la asociada senior de Hernández & Cía. Natalia Gallardo, especialista en infraestructura y construcción, en un artículo para el portal Link Empresarial, el mismo que permitió referenciar para este trabajo periodístico. “La participación de los organismos reguladores resulta indispensable desde el punto de vista técnico, dado que ellos (…) están en capacidad de determinar cuándo el cableado debe ser retirado y/o sustituido. Dichos organismos son los encargados de determinar si estas labores implican costos adicionales para los concesionarios y/o usuarios”.

“Nuestro marco legal obliga al retiro del cableado en desuso y, a la vez, determina qué entidades deben supervisar dichas labores. Lo que en realidad se requiere es analizar por qué no se cumple con esas obligaciones y qué hace falta para contar con una supervisión eficaz en materia ambiental y regulatoria”, recomendó Gallardo Garrath.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el problema de las marañas de cables “no puede erróneamente ser circunscrito solamente a su dimensión ambiental”.

“Las competencias en materia de instalación, mantenimiento, reposición, reordenamiento, reubicación y retiro de la infraestructura empleada para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de electricidad deben ser atribuidas a Osiptel y Osinergmin, respectivamente, incluyendo los plazos para el desarrollo de dichas acciones, y no a los Gobiernos locales, cuya posibilidad de intervención es mínima”, explicó.

¿Qué alternativas desarrollar?

Los ingenieros electricistas Juan Cayetano y Luis Arellán coincidieron en que se tiene que liberar los cables en desuso y apostar por la instalación de líneas subterráneas para tener una ciudad limpia, sin contaminación visual y sin riesgo eléctrico para el bienestar de la población.

Asimismo, Moisés Valencia, especialista en sistema y seguridad electrónica y vocero de Tgestiona, empresa de facility management, se inclinó por una planificación oportuna para la fiscalización antes que la sanción a las concesionarias debido a las “limitaciones de las municipalidades” en comparación con “la capacidad de los organismos reguladores, como Osinergmin y Osiptel”.

“Hay que analizar los efectos colaterales, posicionamiento de viviendas, riesgos eléctricos, antigüedad, historial de empresas, instaladores de cables, dónde se ubican, cómo se conectan o conviven los cables de luz y de telecomunicaciones”, recomendó.

“A nivel técnico, definitivamente, la municipalidad no tiene la capacidad para poder fiscalizar y supervisar este tipo de trabajos (…). Estamos hablando de un trabajo de alto riesgo para las desinstalaciones y retiro. También se puede recurrir a organismos que están al frente del medioambiente que pueden ayudar a esta fiscalización”, finalizó.

Opinión

La cooperativa de Telecomunicaciones de Cochabamba (Comteco) es la primera operadora de telecomunicaciones en sumarse al plan “Cable Cero”, impulsado por la Alcaldía en cumplimiento de la Ordenanza Municipal 3722, aprobada en agosto de 2017, que dispuso el retiro de los cables que no tienen uso y que convierten al casco viejo en un área de riesgo, sobre todo para los peatones.

En mayo de 2015, la Alcaldía había hecho los anuncios de que ese mismo año la ciudad lograría la meta de “cable cero”.

El plan  “cable cero” consiste en retirar del centro de la ciudad los cables de diferentes operadoras para reducir el riesgo de incendios y la contaminación visual. El proyecto es coordinado por la Dirección de Alumbrado Público dependiente de la Alcaldía de Cochabamba, repartición que acordó con todos los operadores que en una primera etapa se retirará los cables en desuso y se sistematizará los cables que todavía brindan servicios.

“Comteco es una cooperativa 100 por ciento cochabambina que cumple las normas y que está comprometida con la seguridad de la población y el cuidado del medio ambiente, por ello estamos realizando este esfuerzo que es humano y económico también y vamos a continuar con los trabajos de forma coordinada con las instancias pertinentes”, sostuvo el Presidente del Consejo de Administración de COMTECO, Edwin Jimenez.

Explicó que la cooperativa ha desplegado dos  cuadrillas con 6 trabajadores y dos camionetas habiendo iniciado su trabajo en la intersección de las avenidas San Martín y Aroma, avanzando hasta la calle Uruguay y posteriormente Ladislao Cabrera y Calama.

“Todo el material retirado es almacenado en nuestros depósitos de Arocagua.  En estos 3 días del plan piloto hemos retirado 600 kilos de cable en desuso, pero en anteriores días, realizando retiros focalizados por la seguridad de la población,  hemos retirado otros 1000 kilos por lo que aproximadamente en este momento tenemos en depósitos unos a 1.600 kilos de cables en desuso”, complementó.

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) está examinando un nuevo proyecto de decreto que busca que las alcaldías puedan implementar y administrar infraestructura subterránea para el desarrollo de redes neutrales de fibra óptica, que pondrían a disposición de los operadores de telecomunicaciones.

La iniciativa, presentada por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Nanette Larios Pérez, plantea reformar la Ley Orgánica de Alcaldías para que las autoridades locales tengan la atribución de diseñar, implementar, resguardar y administrar infraestructura subterránea, con el objetivo de que esta sustituya el cableado aéreo en las calles y colonias de la capital.

Así, las alcaldías darían acceso a las empresas de telefonía e Internet para utilizar la infraestructura subterránea, a cambio de contraprestaciones y la eliminación del cableado aéreo y postes que en la actualidad soportan este tipo de servicios.

De esta manera, la iniciativa argumenta que se podría acabar con la problemática de contaminación visual y riesgos en el entorno urbano que representa el exceso de cableado en la Ciudad de México.

Actualmente, las alcaldías deben coordinarse con el Gobierno de la CDMX en los temas relacionados con la política digital. Por eso, el proyecto propone que las administraciones de cada demarcación tengan la facultad de intervenir en el despliegue de infraestructura subterránea.

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Si se cambian los postes y el cableado aéreo que soportan las redes de telecomunicaciones por las instalaciones subterráneas, no sólo mejoraría la imagen del entorno urbano, sino que también se modernizarían los servicios de Internet y banda ancha y mejoraría su calidad, de acuerdo con el documento.

En el proyecto, la diputada del PRI sostiene que la infraestructura subterránea ofrece reconocidas ventajas para operadores y consumidores finales, pues permiten flexibilizar las instalaciones y adaptarse a las diversas necesidades de usuarios y dispositivos conectados a la red.

Además, se optimizarían los tiempos de instalación de los servicios, disminuiría el personal que interviene en las obras, reducirían los costos de inversión inicial y los asociados a las operaciones de las redes.

“Desarrollar redes neutrales es fundamental cuando se proyecta la construcción de ciudades inteligentes o sustentables para los próximos años, ya que este modelo permite desplegar en forma eficiente y masiva los servicios digitales en determinadas zonas geográficas –capitalizando así la infraestructura existente–”, señala el documento.

Sin embargo, la iniciativa reconoce que para lograr el reemplazo del cableado aéreo por la infraestructura subterránea se requieren esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado, debido al reto técnico y financiero que la tarea representa.

Anteriormente, al Congreso de la Ciudad de México ya habían llegado otros proyectos normativos para el retiro del cableado aéreo de las calles de la capital. En 2020, los legisladores y las legisladoras estudiaron una propuesta de ley que buscaba la sustitución por las instalaciones subterráneas y planteaba aplicar multas a los operadores que no cumplieran con la disposición.

Incluso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó ese mismo año la iniciativa de Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y para el Uso y Aprovechamiento del Subsuelo.

La industria de telecomunicaciones se ha mostrado de acuerdo con implementar acciones para mejorar el entorno urbano, pero han pedido que la situación se aborde de manera conjunta entre el gobierno y los operadores.

En ese entonces, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la Asociación Internet MX y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información dijeron que se debía encontrar el mayor equilibrio posible entre la conectividad, la protección civil y la imagen urbana y las inversiones del sector.

Las organizaciones advirtieron en ese entonces que modificar el cableado actual podría impactar negativamente en la calidad de los servicios que reciben las personas usuarias y en las inversiones de las compañías.

Expreso José Daniel Acosta Gutiérrez

Postes de energía eléctrica convertidos en albergue de cables de telefonía, internet y televisión por paga. Es un problema que Quito viene lidiando hace muchos años. Recorrer sectores populares del norte de la ciudad dan cuenta de aquello. Y es que los “tallarines” de cables en los postes preocupan a los moradores capitalinos por las consecuencias que estos podrían tener a largo plazo. “Vienen y colocan cables sin ver que el poste ya no soporta más o sin pensar en que eso daña la imagen del barrio”, cuenta doña Mercedes, una moradora del sector del Inca.

Estos pilares de cemento son propiedad de la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ), instalados para la distribución de la energía a cada hogar y por cada uno de ellos se transportan máximo hasta ocho conductores, los esenciales para que cada vivienda cuente con el servicio básico. Entonces, ¿si son de la EEQ, por qué se permite más cables de los que podrían compartir cada poste? Es lo que se le consultó a Ana María Soria, gerente de Distribución de la institución, quien alega que las empresas de telecomunicaciones arriendan el espacio en el poste y estos son asignados tras un análisis. 

“Cuando nos hacen un pedido de arrendamiento de postería hacemos una inspección para ver cómo está la carga de cables y luego de la instalación hacemos controles, pero hay bastantes redes piratas que se colocan sin ninguna autorización. Para nosotros es imposible controlar toda la infraestructura dentro de nuestra área de servicios que son 7 mil kilómetros cuadrados”, señaló Soria.

Y cuando hay problemas con estas líneas de telecomunicaciones la EEQ se deslinda de responsabilidad. Santiago Gómez denunció a través de Twitter que “en la calle Ayapamba, a pocos metros del redondel del mercado mayorista de Quito”, existían cables que se habían caído del poste, la respuesta de la Empresa Eléctrica fue que al tratarse de cables que no pertenecen al servicio eléctrico “no es responsabilidad de la EEQ”.

“Es peligroso, porque a veces hay accidente de autos y todos esos cables quedan en el suelo por días sin que nadie se haga cargo. La Empresa Eléctrica debe ayudarnos”, Omar Mosquera, morador de La Comuna.

Soria también mencionó a EXPRESO que la responsabilidad del control del exceso de cables de telecomunicaciones es de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Este Diario contactó al equipo de comunicación de dicha institución para obtener información oficial, pero esperamos por cuatros días sin tener éxito en el pedido.

La ciudadanía coincide en que las autoridades deben ejecutar el soterramiento de cables, como solución a este problema, porque con aquello se “evitarían accidentes” y “mejoraría la imagen de la ciudad”. Sin embargo, estos proyectos no llegarán a los barrios populares este 2022. Para este año la EEQ tiene centrado un proyecto en los alrededores de la avenida Naciones Unidas, del parque La Carolina, y el Estado Olímpico Atahualpa, al norte de la ciudad.

“Deben poner los cables debajo de la tierra. Es un problema convivir con estos tallarines en nuestro sector. Y lo peor es que siguen instalando más cables de internet”, Ángel Díaz,  morador de El Ejido.

Hasta junio del año pasado se ejecutaron y finalizaron 11 proyectos de soterramiento con inversión de la EEQ que alcanzó los $ 62 millones. 

El detalle

Normativa. Desde 2020 se trabaja en una ordenanza municipal para el soterramiento de cables de electricidad y otros servicios. 

La Gaceta

Con la finalidad de planificar el cumplimiento a la Ordenanza que regula la implantación de estaciones base celular, centrales fijas y de base de los servicios móviles avanzados, en el cantón Latacunga, se mantendrá una reunión de socialización con los proveedores de este servicio. 

Andrés Garzón, comisario de Construcciones del Municipio de Latacunga, dio a conocer que esta ordenanza está vigente desde septiembre de 2015, y establece los lineamientos para la instalación del cableado para las empresas proveedoras de internet y tv cable en nuestro cantón.

En esta (ordenanza), se menciona que en los edificios existentes que no cuenten con la infraestructura para telecomunicaciones, harán las instalaciones de cables por ductos de instalaciones, canaletas o tuberías adecuadas por espacios comunes del edificio o por zonas no visibles.

Explicó que desde la Municipalidad se han realizado varias visitas técnicas en la parte céntrica de la ciudad, verificando que a lo largo de las calles existe tendido de cables de manera desordenada.

“Trabajaremos para que se dé cumplimiento a la ordenanza vigente, por lo que pedimos a las empresas que dan el servicio de internet que acaten la ordenanza”, puntualizó.

Dio a conocer que en la ciudad existen 16 empresas proveedoras de servicios que han cruzado cables de manera desordenada, que ahora deberán cumplir con los requisitos establecidos para su funcionamiento.

Aclaró que, debido a la pandemia y a que muchas personas realizan teletrabajo y clases virtuales, el alcalde de la ciudad, Byron Cárdenas decidió que no se suspenderán los servicios de internet y tv cable. “Socializaremos con las operadoras para que podamos tener una ciudad más ordenada”, finalizó Garzón.

Radio Panamá José I. Huertas F.

En 2012 fue aprobado el proyecto de Soterramiento de Cables el cual es liderado por la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), sin embargo, se han presentado algunos retrasos.

El gerente de la Compañía de Soterramiento de Cables, José Ignacio Quirós, explicó que se mantienen dos frentes de trabajo en el área Bancaria. “Un frente se enfoca en obras civiles que es la construcción de toda la infraestructura soterrada que permitirá la colocación de los cables de telecomunicaciones y televisión pagada, estos trabajos se realizan a través de la construcción de cámaras y vigaductos en el área conocida como Campo Alegre que inicia en la Calle 53 colindando con Calle 50 y Vía España, y avanza hasta la Federico Boyd, el otro frente son los trabajos de relocalización de cables y en este momento se está haciendo el soterramiento de los cables de telecomunicaciones en toda el área de Obarrio desde Calle 54 colindando con Calle 50, Vía España y Vía Brasil”, indicó.

Resaltó que la meta es que en los próximos 24 meses se pueda mostrar el área de Obarrio y áreas aledañas sin presencia de cables de telecomunicaciones.

Reconoció que el proyecto ha tenido una serie de contratiempos, agregando que a pesar de que el proyecto nació en 2012, 12 meses después se creó la compañía para iniciar los trabajos como tal, “inicialmente empezó la parte eléctrica, en 2013 se contrató a un primer contratista, luego en 2016 se ejecutó con otro contratista y lo que fueron obras civiles durante la JMJ fueron concluidas, luego la pandemia nos afectó la ejecución; la intención es ejecutarlo sin que haya afectación en la comunicación de las personas”.

Destacó que el monto en obras civiles dentro del área Bancaria, Obarrio y Campo Alegre está en unos $14 millones, mientras que en infraestructura en soterrar el monto está por unos $6 millones.