El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que dispone de 300 millones de pesos dominicanos (alrededor de 5 millones de dólares) para que la Procuraduría General de la República trabaje en la instalación de un sistema de bloqueadores de señal en las cárceles del país.

Mediante esta acción, el Indotel busca crear un entorno digital seguro y priorizar la implementación de tecnologías para fortalecer la seguridad en todos los niveles del sistema penitenciario.

Como consecuencia de estadísticas que ocasionan intranquilidad en la sociedad, el Indotel disponibilizó los fondos para erradicar los actos delictivos cometidos desde las cárceles, detalló su presidente, Guido Gómez Mazara, en una carta enviada a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

“El 90 por ciento de las llamadas fraudulentas que se cometen se hacen desde una cárcel. Además, garantizamos una campaña educativa con la intención de concienciar amplios segmentos de la población, al prevenirles de llamadas molestas con una intencional carga fraudulenta”, reza en la epístola.

El Indotel solicitó que la Dirección General de Presupuesto asuma el control y la vigilancia de los recursos destinados al proyecto. Los 300 millones de pesos dominicanos permitirán que la Procuraduría lleve a cabo la licitación, informó Gómez Mazara.

En la primera fase del proyecto, se instalarán bloqueadores de señal en cuatro centros penitenciarios: El Pino, en La Vega; el Centro de Corrección y Rehabilitación del 15 de Azua; Anamuya, en Higüey y el recinto penitenciario de Santiago, los cuales fueron seleccionados por su alta incidencia de delitos cibernéticos.

Se estima que más del 85 por ciento de las llamadas fraudulentas que afectan a ciudadanos y empresas en República Dominicana provienen de los centros penitenciarios, algo que el Indotel busca combatir con esta medida.

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La propuesta de ampliar el uso de Bloqueadores de Señales de Radiocomunicación (BSR) en Brasil fue impugnada por Neger Telecom en la Consulta Pública Nº 60 de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). La empresa de base tecnológica realizó 25 aportes argumentando que los BSR deben seguir utilizándose sólo en las cárceles, como ocurre actualmente.

La sugerencia de la Anatel es permitir que otras instituciones y organismos utilicen los equipos, como las Fuerzas Armadas, el Ministerio de la Defensa, la Policía Federal, Carretera Federal, Civil, Militar y Penales y el Cuerpo de Bomberos. El uso por parte de personas físicas y jurídicas quedaría prohibido.

En 2018 y 2019, la Agencia autorizó a las Fuerzas Armadas utilizar bloqueadores de señales contra drones en los desfiles del 7 de septiembre, como medida de protección del presidente Jair Bolsonaro. Los equipos también pudieron utilizarse durante los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.

¿Qué dice Neger Telecom?

“Por razones de seguridad, defendemos que no se autoricen bloqueadores para ningún otro tipo de aplicación”, dice el Director de Operaciones de la empresa, Eduardo Neger. “Reforzamos la necesidad de restringir al máximo el uso de estos sistemas, con técnicas para confinar las señales de interferencia y controlar su funcionamiento sólo dentro del perímetro de las unidades penitenciarias”.

Según la empresa, no existe respaldo legal para expandir el uso de BSR, ya que la Ley 10,792/2003 determina el uso de tales equipos sólo para centros penitenciarios. Excluyendo esta excepción, es delito interferir en “información telegráfica, telefónica, informática o de utilidad pública”.

Neger Telecom argumenta que aunque hubiera respaldo legal, sería necesario definir qué productos se quieren aprobar, porque existen tecnologías que bloquean diferentes señales, como Wi-Fi y drones.

Además, el equipo presenta riesgos de causar interferencias con otros servicios, como tráfico aéreo, llamadas a servicios de emergencia y vuelo de drones.

Neger Telecom participó de las primeras pruebas de campo realizadas por la Anatel, en 2001, en prisiones. En 2016, la empresa certificó el primer bloqueador capaz de inhibir drones en Brasil y, en 2021, certificó el primer equipo destinado a inhibir teléfonos celulares en los rangos ofertados para 5G.

El Economista Nicolás Lucas

Este sábado 25 de enero de 2020 entrará en vigor una reforma a diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y del Código Penal Federal, que tiene el objetivo de reducir los delitos cometidos con el uso de aparatos que bloquean las comunicaciones inalámbricas.

Se trata de la llamada “ley anti-jammer”, derivada deuna reforma a los artículos 190 bis de la LFTR y 168 del Código Penalque en adelante permitirá a las autoridades sancionar con penas de 12 a 15 años de prisión a los particulares que fabriquen, comercialicen, distribuyan, instalen, compren, porten, utilicen u operen equipos que entorpezcan o anulen las señales de comunicación en audio, video y datos, dificultando así el auxilio o rastreo de personas y/o vehículos cuando se comete un delito.

La sanción se eleva a 18 años para los funcionarios públicos que caigan en este supuesto, si no cuentan previamente con la autorización correspondiente.

El decreto de reforma publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que los bloqueos de las comunicaciones sólo podrán originarse con base en lo que establezca el reformado artículo 190 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Esto significa que a partir de este sábado 25 de enero serán ilegales y se castigará el uso de aparatos electrónicos que bloqueen cualquier tipo de señal de telecomunicación, sin importar si un particular desea aislarse por motivos personales o de privacidad; esa intención también tendrá que adecuarse al 190 bis de la llamada ley telecom.

A partir de este sábado, las personas que tengan en su poder un equipo de este tipo tendrán 30 días para entregarlo a las autoridades; es decir, las unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de todo el país y éstas lo asegurarán para su posterior destrucción.

El decreto publicado en el DOF también establece que las autoridades correspondientes tienen un máximo de 180 días contados desde este 25 de enero para adecuar la Norma Oficial Mexicana 220-SCFI-2017 que trata sobre los equipos para el bloqueo de señales, a fin de armonizarla con la presente reforma.

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) celebró la aparición del decreto de reforma este viernes, pues aseguró que en 2019 sus afiliados reportaron más de 3,400 robos a nivel nacional y que en el85% de los casos se utilizaron equipos conocidos como “jammers” para cometer el delito.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) asegura a su vez que estos robos significan un daño económico superior a los 92,000 millones de pesos, equivalente a aproximadamente el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

En el caso de los robos en carreteras nacionales, las rutas más objeto de delitos con el insumo de los “jammers” son el corredor San Martín Texmelucan–La Tinaja de Veracruz; Querétaro-Celaya-Salamanca y Cuautitlán-Querétaro, Arco Norte y Circuito Exterior Mexiquense.

Queda por conocer además de qué manera impactará esta reforma al bloqueo de las comunicaciones que salen de las prisiones.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) autorizó a la Oficina de Seguridad Institucional Presidencial (GSI) a usar Equipo de Bloqueo de Señal de Radio (BSR) en y alrededor de los lugares donde el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el Vicepresidente,  Hamilton Mourão, trabajan, residen o “van a estar”.

El rango va desde dentro de los límites de estos lugares hasta una distancia de 200 metros a su alrededor.

La autorización fue publicada en el Diario Oficial de la Unión el 14 de octubre de 2019. La medida entrará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

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Sin embargo, la agencia enfatiza que el uso de bloqueadores “se limitará a operaciones específicas, episódicas, urgentes y temporales, en las que se identifique evidencia concreta de riesgo potencial o inminente de acciones necesarias para preservar la seguridad del presidente y el vicepresidente de la República”.

La determinación especifica además que “los BSR pueden ser de un tipo que impida el uso de radiofrecuencia o bandas específicas de radiofrecuencia o equipos de banda ancha que funcionen en varias bandas simultáneamente”.

Convergencia Digital – Luís Osvaldo Grossmann

A Anatel informa que autorizou o Ministério da Defesa a utilizar equipamentos bloqueadores de sinais de radiocomunicações na Esplanada dos Ministérios durante a semana que antecede e no dia da realização do desfile de 7 de setembro. O recurso foi usado durante a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro, como medida de segurança e sob a justificativa de bloquear drones, assim como no desfile da Independência de 2018.

Como explica a agência, “os Bloqueadores de Sinais de Radiocomunicações são equipamentos cuja finalidade é restringir o emprego de radiofrequências ou faixas de radiofrequências específicas para radiocomunicações. Ou seja, têm como objetivo interromper ou impedir serviços ou aplicações que utilizam radiofrequências. Exemplos de aparelhos que podem ser bloqueados por esses dispositivos a fim de garantir a proteção de pessoas, incluem, entre outros, telefones celulares e drones”.

Leer más: https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=51628&sid=8

Tele.síntese – Abnor Gondim

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana substitutivo do Projeto de Lei Complementar (PLP) 470/2018.  A proposta fixa prazo de 180 dias para a instalação de bloqueadores de celulares em presídios com o uso de 5% dos recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel). Hoje, a Lei 10.792/13 já prevê que os presídios disponham desses equipamentos, mas não estabelece prazo para a instalação.

Em regime de urgência, a tramitação do texto poderá ser concluída na Câmara mais rapidamente, com a votação em plenário dos pareceres das comissões de Segurança Pública e Finanças e Tributação. A matéria já foi aprovada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação  (CCTCI), onde teve parecer favorável do deputado Luís Miranda (DEM-DF).

Leer más: http://www.telesintese.com.br/avanca-projeto-sobre-uso-do-fistel-para-bloquear-sinal-de-celulares-em-presidios/

En Brasil, la Comisión de Ciencia y Tecnología, Comunicación e Información de la Cámara de Diputados, aprobó el uso del Fondo Penitenciario Nacional (Funpen) para financiar la instalación de bloqueadores de señales de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios.

La medida modifica el Proyecto de Ley Complementaria 470/2018 del Senado, donde ahora se establece que el fondo penitenciario recibirá la contribución del Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones (Fistel) de 5 por ciento del fondo.

Con esto, dependerá de la Unión instalar los bloqueadores, y los operadores sólo serán responsables de proporcionar la información técnica necesaria.

La medida aprobada también establece que “los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben proporcionar la información necesaria y suficiente para que la autoridad del estado y/o el tercero, indicado por el administrador del sistema penitenciario responsable de la instalación y operación del bloqueador de señales, pueda impedir la radiocomunicación, en un determinado establecimiento penitenciario”.

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Datos del Departamento de Administración Penitenciaria del Estado de São Paulo, muestran que en 2018 se incautaron 10 mil 138 teléfonos celulares en sus cárceles, lo que significó un aumento de 5.73 por ciento en relación con las incautaciones realizadas en 2017.

Otro dato presentado en el documento indica que, en 2012, el número total de teléfonos incautados en prisiones en todo el país indicó la existencia de al menos un dispositivo celular por cada 15 reclusos en las prisiones.

El proyecto se dirige a la Comisión de Constitución y Justicia y Ciudadanía (CCJC); si se aprueba en sesión plenaria, se establece un plazo máximo de 180 días, a partir de la fecha de su publicación, para que la Unión instale los bloqueadores, lo que también obliga a los estados y al Distrito Federal (Brasilia) a colaborar en el proceso.