Alianza In México llamó al Congreso del estado de Aguascalientes a rechazar la iniciativa que busca imponer un impuesto del 2% a los servicios de reparto mediante plataformas digitales.

La asociación que agrupa a plataformas digitales como DiDi, Rappi y Uber advirtió que la medida tendría efectos adversos en la economía local, afectaría la competitividad del estado y vulneraría compromisos comerciales internacionales.

El Congreso estatal está discutiendo una iniciativa que plantea reformas en materia de aprovechamientos al Código Fiscal y la Ley de Hacienda. Puntualmente, el proyecto propone cobrar un aprovechamiento de 2% a las aplicaciones de reparto.

De acuerdo con Alianza In México, el impacto de este cobro recaería de manera directa sobre los repartidores, quienes utilizan estas aplicaciones como fuente principal o complementaria de ingresos.

Destacado: “Quieren cobrarnos por usar las calles”: repartidores piden frenar impuesto digital en la CDMX

También afectaría a los pequeños y medianos comercios que dependen de las plataformas para ampliar su alcance comercial, y a los consumidores, que enfrentarían un posible encarecimiento del servicio.

La asociación advirtió que la iniciativa introduce un trato fiscal desigual y discriminatorio, ya que no se aplica a otras industrias logísticas que utilizan la misma infraestructura pública.

Esta diferencia, señaló, distorsiona la competencia, genera barreras al crecimiento del ecosistema digital y podría contravenir los compromisos asumidos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La larga batalla de las plataformas

Aguascalientes busca aprobar un aprovechamiento similar al que ya existe en la Ciudad de México. En 2022, el Congreso capitalino introdujo este cobro como una medida compensatoria sobre el uso y aprovechamiento de la infraestructura urbana.

Las plataformas digitales han sostenido una larga batalla en contra de este cobro. Incluso, el tema escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un amparo promovido por Uber. Sin embargo, la Corte validó la constitucionalidad de dicho cobro.

Si bien a nivel legal se ha manejado como un “aprovechamiento” tanto en Ciudad de México como en Aguascalientes, las plataformas argumentan que en realidad se trata de un impuesto.

Este impuesto, arguyen las plataformas, viola principios de justicia tributaria, dado que la medida sólo se busca aplicar a las plataformas de reparto, pero en realidad existen otros sujetos que también usan la infraestructura pública y no están sujetos a dicho impuesto. Por ejemplo, las empresas de logística, los camiones de mudanzas o las de transporte de carga.

Relacionado: 13 razones por las cuales el impuesto a las plataformas es una (muy) mala idea

En un contexto en el que las plataformas se han convertido en un motor para la economía, el emprendimiento y la generación de empleo, Alianza In México subrayó que medidas de este tipo desincentivan la digitalización y la innovación.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de ahuyentar la inversión nacional y extranjera en un estado que ha basado su competitividad a partir de la certidumbre regulatoria y la apertura económica.

Por eso, la asociación exhortó al Congreso local a no aprobar la iniciativa y, en su lugar, abrir mesas de diálogo con los distintos actores del ecosistema digital y productivo de Aguascalientes.

De esta manera, Alianza In plantea que se podrá evaluar de manera integral los posibles efectos negativos de la medida y construir un marco regulatorio que fomente la competencia, la sostenibilidad y el desarrollo económico equitativo.

Alianza In México, que agrupa a plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi, hizo un nuevo llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que declare inconstitucional el impuesto de 2% aplicado en la Ciudad de México a las plataformas digitales, que será revisado este 9 de octubre.

La organización advirtió que esta medida, presentada como un “aprovechamiento” en el Código Fiscal local, tendría un impacto regresivo en la economía digital y afectaría a cientos de miles de personas que dependen de estas aplicaciones para autoemplearse o generar ingresos adicionales.

De acuerdo con la asociación, el gravamen impone un trato fiscal discriminatorio, al dirigirse únicamente contra las plataformas digitales y no contra otros prestadores de servicios que también utilizan infraestructura pública.

Además, podría traducirse en mayores costos para repartidores, pequeños comercios y consumidores, quienes ya enfrentan condiciones económicas complicadas.

Alianza In México también señaló que la medida pone en entredicho el cumplimiento de México de sus compromisos internacionales, en particular los establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al introducir cargas diferenciadas para empresas tecnológicas que operan en el país.

Destacado: “Quieren cobrarnos por usar las calles”: repartidores piden frenar impuesto digital en la CDMX

La asociación dijo que confía en que las ministras y ministros de la SCJN realicen un análisis profundo sobre las implicaciones económicas y sociales de su decisión, y realicen una interpretación que favorezca a la economía mexicana y proteja a las personas que dependen de las plataformas digitales.

Desde su aprobación en 2021 por el Congreso de la Ciudad de México, repartidores y empresas como DiDi, Uber y Rappi han manifestado su rechazo contra el impuesto, argumentando que se trata de un cobro injusto por “usar las calles”.

En abril pasado, diversos colectivos de repartidores acudieron a la Suprema Corte para exigir la eliminación del gravamen, aunque el tribunal desestimó su solicitud al considerar que no contaban con interés jurídico directo.

Y en junio de este año, la Segunda Sala de la SCJN declaró inconstitucional el cobro previsto en el artículo 307-Ter del Código Fiscal capitalino, al concluir que operaba como un impuesto encubierto y violaba el principio de legalidad tributaria.

Sin embargo, el asunto fue reabierto y turnado a nueva ponencia, por lo que el Pleno de la Corte volverá a analizarlo de fondo en los próximos días.

También lee: Regulación fiscal de plataformas digitales requiere piso parejo

La resolución que adopte la Suprema Corte podría sentar un precedente crucial sobre cómo México regula su economía digital. El fallo deberá determinar si la Ciudad de México tiene competencia para imponer este tipo de cargas o si dichas facultades corresponden al ámbito federal.

Además, se pondrán a prueba los principios de legalidad, igualdad y proporcionalidad en materia tributaria, así como la capacidad del país para construir un marco fiscal que incentive la innovación sin desalentar la inversión.

La asociación de plataformas digitales insistió en que gravar a las plataformas con un impuesto adicional representa una barrera al crecimiento y un desincentivo a la innovación tecnológica.

Hoy en día, la economía digital es hoy un motor de desarrollo y una vía de inclusión laboral. Por ello, la organización reiteró que imponer obstáculos sólo frenará el progreso de quienes encuentran en ella una oportunidad para mejorar su calidad de vida.