Argentina presentó recomendaciones para una Inteligencia Artificial (IA) fiable, un documento en el que constan definiciones, principios y desafíos que propone la tecnología y su abordaje. Se considera un manual para ofrecer herramientas teóricas y prácticas a quienes forman parte del sector público, ya sea liderando proyectos, desarrollando tecnologías o adoptando tecnologías desarrolladas por otros equipos.

El texto, que está anexo a la disposición 2/2023 publicada en el Boletín Oficial, lleva la firma de la subsecretaria de Tecnologías de la Información, Agustina Brizio. Señala en sus primeras páginas que el Estado cumple un rol fundamental no sólo promoviendo la investigación y el desarrollo de soluciones de IA que estén diseñadas para atender las necesidades reales de las personas, sino también garantizando que se desarrolle en un contexto transparente, equitativo y responsable.

“Para un abordaje ético de la Inteligencia Artificial son claves la perspectiva de género, derechos humanos y valores democráticos; eso lo cruzamos en el diseño, pero también en la constitución y compromiso de los equipos diversos y multidisciplinarios que llevan adelante los proyectos de IA”, señaló Brizio ante la consulta de DPL News.

El desarollo e implementación de la IA genera desafíos, los cuales demandan que su adopción se proyecte siguiendo una serie de principios éticos, indica el documento y luego responde a preguntas abiertas, entre ellas cómo es recomendable concebir la Inteligencia Artificial o qué es recomendable hacer antes de comenzar con el ciclo de la IA, a lo que responde con sugerencias como la conformación de un equipo dinámico e interdisciplinario, análisis del alcance y responsabilidad humana.

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En un punteo, se mencionan desafíos de largo plazo recogidas en distintas instancias de diálogo:

• Valores humanos: los sistemas deben diseñarse y operarse de forma que sean compatibles con los ideales de dignidad humana, derechos, libertades y diversidad cultural.
• Privacidad personal: las personas deben tener derecho a acceder, administrar y controlar los datos que generan.
• Libertad y privacidad: la aplicación de la IA a los datos personales no debe restringir injustificadamente la libertad real o percibida de las personas.
• Beneficio compartido: las tecnologías de IA deberían beneficiar y empoderar a tantas personas como sea posible.
• Prosperidad compartida: la prosperidad económica creada por la IA debe compartirse ampliamente para beneficiar a toda la humanidad.
• Control humano: los humanos deben elegir cómo y si delegar decisiones a los sistemas de IA para lograr los objetivos elegidos por los humanos.

El texto también recoge ideas ampliamente debatidas en el mundo sobre el tema, como la necesidad de un abordaje centrado en el ciudadano y sus derechos.

Para su confección, la subsecretaria dependiente de la Secretaría de Innovación Pública participó de una serie de eventos y congresos de relevancia internacional, entre ellos el primer Foro Global sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, celebrado en Praga. “En el foro se vio un consenso general de un abordaje colaborativo y la cooperación para poder cubrir las aristas de desafíos que tiene la IA, entre Estados pero sobre todo entre todos los actores; consensuar principios éticos es el pilar para construir un abordaje efectivo”, agregó Brizio.

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Sobre los aportes tomados para la realización del documento, la funcionaria comentó a este medio que “la base más fuerte es la declaración de la Unesco, pero también tomamos experiencias de los trabajos de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), grupos de la OCDE y del trabajo bilateral que venimos realizando con la Unión Europea”.

De esas conversaciones, agregó, destacan recomendaciones como principios transversales a todas las etapas del ciclo del proyecto, definición de riesgos por etapa y responsabilidad no sólo de desarrolladores, sino también de los responsables del proyecto.

“Nuestro principal foco es consolidar nuevas herramientas, generar campañas de concientización y reforzar la capacitación para la ciudadanía y puertas adentro del Estado”, inició su presentación Agustina Brizio, subsecretaria de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Innovación Pública de Argentina. La funcionaria habló de proyectos y expectativas locales en materia de ciberseguridad junto con la Directora Nacional de Ciberseguridad, Olga Cavalli, y Abel Decaroli, Director de Prevención de Seguridad de Sistemas y Redes Informáticas.

Cyber Range

El BID otorgará un crédito de 30 millones de dólares a Argentina que tendrá entre sus objetivos la instalación de una plataforma que permite emular ciberataques en un entorno seguro para que los servicios técnicos puedan entrenarse en la resolución de problemas. “En enero tendrá lugar la reunión final para la aprobación. A esta misma altura del año próximo debe estar funcionando”, dijo Decaroli y agregó que el dinero también servirá para la creación de una plataforma de e-learning específica para ciberseguridad dirigida a trabajadores del Estado y trabajar con Arsat para contar con un centro de operaciones (SOC) que atienda específicamente los requerimientos de la administración pública nacional.

Integración regional

“Los vínculos con los otros países de la región son fundamentales”, indicó Cavallí y se mostró abierta al diálogo con todo el Mercosur pero también con otros bloques en el mundo. “Participamos activamente de múltiples encuentros sobre el tema”, subrayó y mencionó algunos venideros, como una reunión ministerial de ELAC en Uruguay que tendrá lugar la próxima semana y un foro de gobernanza de Internet que se hará en Etiopia. El plan local es fortalecer su participación en foros internacionales, en marco de reactivación de la temática en la esfera de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: “La UIT reflotó una agenda de ciberseguridad que no se actualiza desde 2007 e instruyó a reveer el tema y fortalecer esto porque no existe un organismo específico de ciberseguridad”, destacó Brizio.

Concientización y capacitación

Se lanzará la próxima semana una campaña de concientización a nivel nacional con consejos técnicos para un uso seguro del entorno digital. Será 100 por ciento a través de canales digitales. Además, la Subsecretaría mantiene capacitaciones y cursos orientadas a trabajadores del Estado. También hay propuestas para la ciudadanía en general, como cursos sobre elementos básicos de ciberseguridad, al que se inscribieron 518 personas. “Habrá otra de seguridad informática antes de fin de año”, amplió Brizio. También se lanzará la próxima semana la segunda edición del seminario de accesibilidad y ciudadanos digitales y se desarrolló la cuarta edición de la CyberWoman Challenge, con un 65 por ciento más de participación que el año pasado.

Políticas públicas y normativa

Está convocado el Comité de Ciberseguridad para la aprobación de la segunda estrategia que quedó pendiente y ya se trabaja en el plan de acción para que tenga hitos concretos en la materia. Además, Brizio indicó que hay un proyecto para una nueva versión de la política de modelo de seguridad de información en vías de generar un estándar claro de cómo las administraciones pueden reportar, registrar y actuar ante incidentes de seguridad en el mundo virtual. Por último, las autoridades trabajan en la revisión de la normativa 641/2021, que establece requisitos mínimos de seguridad de la información para organismos del sector público nacional. “Estamos generando la primera revisión, que es obligatoria cada 12 meses”, cerró Brizio.

Así las cosas, capacitación permanente puertas adentro, con múltiples herramientas y estrategias; generación constante de campañas de prevención y concientización para la ciudadanía y participación en foros y eventos internacionales como parte del objetivo de “posicionar a América Latina como bloque” en la discusión de la temática a escala global fueron los mensajes de la Subsecretaria TI que, bajo una nueva estructura, presentó los  desafíos de seguridad en el mundo hiperconectado.