Suprema Corte en Brasil forma mayoría contra exigencia de compartición de torres cercanas
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil retomó, en juicio virtual, la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI 7708), presentada por la Asociación Brasileña de Infraestructura para Telecomunicaciones (Abrintel), que cuestiona la derogación de la exigencia de compartición obligatoria de torres de telefonía móvil dentro de un radio de 500 metros, inicialmente prevista en el artículo 10 de la Ley 11.934/2009 y revocada por la Ley 14.173/2021.
El ponente, ministro Flávio Dino, había concedido una medida cautelar en septiembre de 2024 para restablecer la norma, argumentando que la derogación representaba un grave retroceso socioambiental y perjudicaba la inclusión digital. En la primera fase de votación, cuatro de los 11 ministros, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin y André Mendonça, se posicionaron contra la medida cautelar, entendiendo que la flexibilización se justifica ante la evolución tecnológica, especialmente por las exigencias de la red 5G.
El ministro Alexandre de Moraes, quien había solicitado vista del caso en marzo, acompañó la posición de la mayoría al votar el pasado 13 de junio, elevando el marcador a 5 a 2 contra la imposición de la distancia mínima.
Entidades municipalistas, como la Federación de Municipios de Goiás, se manifestaron a favor del mantenimiento de la medida cautelar, alertando también sobre los riesgos de desorden urbanístico y contaminación visual derivados de la proliferación descontrolada de torres.
Argumentos
Abrintel sostiene que el fin de la exigencia de compartición generaría costos adicionales para los municipios, reduciría la eficiencia económica y provocaría la instalación de torres innecesarias, especialmente en áreas ya cubiertas. Su presidente, Luciano Stutz, advierte sobre un posible “enjambre de cables” y el desperdicio de recursos financieros y ambientales.
En contrapartida, Conexis, que representa a operadoras como Vivo y Claro, argumenta que la norma de los 500 m es obsoleta ante el 5G, que requiere una densidad de antenas 4 a 5 veces mayor, y que la derogación permitió una reducción de hasta el 90 % en los costos promedio de alquiler de infraestructura.
El juicio continúa en el pleno virtual hasta el 24 de junio de 2025.