Persecución de SIC contra DiDi, Uber y Cabify atenta contra la economía popular de colombianos
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia formuló un nuevo pliego de cargos a DiDi, Uber y Cabify, para determinar si han infringido el régimen de libre y leal competencia “al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector y en condiciones que habrían generado ventajas competitivas en beneficio de los prestadores que están vinculados a las plataformas”.
En conversación DPL News, José Daniel López, director de Alianza In, expresó la preocupación del gremio e hizo un llamado “para que el camino sea la regulación y no la persecución ni la prohibición contra las plataformas de transporte”.
La decisión de la SIC surge como una acción que va en contravía de la decisión previa de la Corte Suprema de Justicia, que en octubre de 2023 resolvió que “las plataformas de transporte no son competencia desleal. Los administradores de justicia deben proceder con cautela examinando si las disposiciones correspondientes responden a las nuevas problemáticas, pues lo contrario se traduciría simplemente en un obstáculo jurídico e irrazonable al ofrecimiento y disfrute de productos mediante las TIC”.
“El disfrute de los avances de la ciencia y la tecnología es un derecho humano que la Corte Suprema de Justicia ratifica apoyada en varias normas internacionales de las cuales Colombia hace parte”, agregó López.
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Por otro lado, la investigación de la SIC pone en juego el trabajo de al menos 100 mil familias que generan ingresos por medio de las plataformas de transporte, de acuerdo con datos de Fedesarrollo de 2021.
“La prohibición y/o persecución de estas apps atenta contra la economía popular y la lucha contra la desigualdad social y económica, así como la libertad de al menos 8 millones de colombianos que eligen cómo moverse en la ciudad”, detalló el director ejecutivo de Alianza In.
Cabe recordar que las plataformas de transporte también son una oportunidad para que los taxistas ofrezcan sus servicios.
“En Colombia se han contabilizado al menos 230 mil cuentas registradas de usuarios tipo taxi, lo que demuestra la profunda coexistencia entre la tecnología y los taxis tradicionales, ampliando las oportunidades de los conductores”, detalló López.
Cabify, una de las plataformas afectadas, informó que hasta el momento no ha recibido la notificación del acto administrativo de inicio de la investigación y formulación de pliego de cargos. “Una vez recibamos notificación formal, ejerceremos nuestro derecho de defensa y presentaremos la argumentación que proceda en el marco del debido proceso que regula este tipo de procedimientos administrativos”, agregó.
Esta situación se convierte, nuevamente, en un llamado para legislar de acuerdo a las necesidades actuales de las sociedades. Pues en el caso puntual de Colombia, el Código de transporte, que contempla la SIC, se remonta a mediados de los años 90, cuando no existían aplicaciones como las que ahora se pretenden legislar y en muchos casos prohibir.