Los riesgos de fusionar 4 órganos reguladores en Perú como propone PCM

Una vez más, el gobierno peruano busca que el Congreso le otorgué facultades para intervenir en aspectos específicos de diversas materias: desde el sistema tributario, las telecomunicaciones y hasta la energía.

Y como parte de esa ampliación de poderes, la Presidencia del Consejo de Ministros plantea fusionar cuatro órganos reguladores sectoriales en uno solo, con el supuesto de que la regulación sea más eficiente.

Esto significaría que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se concentrarían en una sola entidad.

La fusión de las instituciones que regulan sectores tan diferentes entre sí, con particularidades y dinámicas muy distintas, ha desatado la preocupación de diversos especialistas en el país y de las propias entidades.

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A principios de mayo, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que solicita que le sean delegadas facultades para legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

El punto 3.1.59 de dicha iniciativa plantea modificar la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, para establecer medidas de articulación y coordinación de dichos organismos con el fin de mejorar la gestión regulatoria.

Si bien el texto no menciona una fusión de las agencias reguladoras, la Presidencia del Consejo de Ministros expuso la idea de unificar las diferentes labores ante una comisión de asesores del Congreso la semana pasada.

Gonzalo Ruiz, académico y expresidente del Consejo Directivo del Osiptel, explicó que la PCM deslizó el planteamiento de que la posible fusión de los organismos permitiría acabar con una supuesta duplicidad de funciones.

No obstante, dado que el proyecto de ley no menciona la unificación, puntualizó que hasta ahora no está clara cuál es la racionalidad del gobierno con esta propuesta.

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Lo que sí es evidente es que la idea de una posible fusión del Osiptel, Ositran, Sunass y Osinergmin carece de sustento técnico y sería contraproducente, dado que los organismos regulan mercados muy distintos, advirtió a DPL News el también integrante del Grupo Impulsor de la Mejora de la Calidad Regulatoria.

“Son organizaciones que tienen niveles de especialización muy diferentes. Las telecomunicaciones tienen una especialidad totalmente distinta al sector de energía o al sector de infraestructura y transportes. No tendría mucha lógica juntar sectores con características y expertis tan diferentes”, señaló el especialista.

En ese sentido, el impacto de una integración de este tipo, si el proyecto logra avanzar, sería contraproducente para los distintos sectores involucrados.

“Hacia lo que tiende la organización del Estado y los Estados modernos es hacia la institucionalización; concentrar cuatro organismos en una sola cabeza creo que facilitaría la estructura y la influencia política de las autoridades de turno sobre el manejo de estos reguladores autónomos, que en los últimos años se han mantenido relativamente a toro”.

“Sería un retroceso en el proceso de reformas que se inició en el Perú desde la década de los 90 y que ha permitido atraer inversiones en los servicios públicos. Entre todos estos, quizás el único en donde no se ha logrado tanto atraer inversiones privadas es agua y saneamiento, pero en el resto de sectores sí han sido claves los autónomos reguladores”, destacó Gonzalo Ruiz.

OCDE recomienda reguladores autónomos

Precisamente, la existencia de órganos reguladores independientes es una de las condiciones necesarias para brindar seguridad jurídica y promover las inversiones en sectores económicos relevantes.

Actualmente, los cuatro órganos reguladores antes mencionados tienen independencia administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Cuentan con autonomía para llevar a cabo sus tareas, aunque están adscritos a la PCM.

Incluso, en 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo un informe sobre la política regulatoria en el país, en el que advierte que los reguladores económicos aún tenían vínculos con el gobierno central que podrían perjudicar su autonomía y recomendaba resolver esa problemática.

Para la OCDE, es muy importante cuidar la independencia de los entes reguladores, dado que esto influye directamente en la competitividad de las economías y en la protección de los consumidores.

Durante la reunión con la comisión de asesores del Congreso, la Presidencia del Consejo de Ministros dijo que la integración de los cuatro organismos en uno solo permitiría conseguir una mejor coherencia regulatoria entre sectores, aminorar el riesgo de captura regulatoria y coadyuvar a la mejor asignación de personal y de recursos.

Incluso, la PCM argumentó que la OCDE ha señalado que tener un órgano regulador multisectorial posibilitaría desbloquear estos beneficios.

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Flavio Ausejo, experto en regulación de servicios públicos y docente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aclaró que la OCDE no recomienda la implementación de un superregulador de ese tipo.

Por el contrario, detalló, la organización destaca que contar con órganos especializados con independencia del gobierno da más ventajas a los países para atraer inversiones extranjeras.

La unificación de los organismos reguladores, en realidad, conlleva más riesgos que posibles soluciones para mejorar la calidad regulatoria, consideró el especialista durante un foro virtual.

En sintonía con los riesgos previstos por Gonzalo Ruiz, Ausejo comentó que la propuesta del PCM podría incrementar el peligro de corrupción, politización de temas técnicos y capturar la regulación.

Sería también un retroceso en la institucionalidad regulatoria, que ha sido resaltada incluso por la OCDE. Y, en última instancia, dejaría a Perú fuera del proceso de adherirse a dicha institución, pues la nación tiene la meta de unirse a la OCDE en 2027.

De momento, no está del todo claro por qué el gobierno quiere apropiarse de funciones de órganos reguladores autónomos.

Flavio Ausejo consideró que podría deberse a que los entes reguladores son incómodos para el Ejecutivo.

Los reguladores ―expuso― tienen una mejor percepción de los mercados debido a la información y capacidad técnica que manejan; hacen notar la ausencia de política nacional sectorial o su inexistencia; pueden formar sus propios juicios gracias a su autonomía, y rinden cuentas a la población en el proceso tarifario, entre razones por las que pueden chocar con los planes del gobierno en turno.

Los directores del Osiptel, Ositran y Sunass ya se posicionaron al respecto y enviaron una carta a la PCM, en la que manifestaron su preocupación por una medida que, a su juicio, afectaría a los consumidores de servicios públicos y los mercados regulados.

Los organismos dijeron que la medida propuesta distorsionaría los mercados y la competencia, y, por lo tanto, frenaría la expansión y el desarrollo de los servicios prestados a la población.

Esta no es la primera vez que se presenta en Perú una iniciativa para la delegación de funciones de los órganos reguladores. Ya se han promovido propuestas relacionadas en 2012, 2016, 2019 y 2023.

Aun así, Ausejo y Ruiz coincidieron en que no deja de ser alarmante la intención del Ejecutivo en este momento.