Prórrogas a Altán y Promtel evidencian proyecto fallido de Red Compartida: STRM
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) advierte que la prórroga a Altán Redes y Promtel para cumplir con los objetivos de la Red Compartida evidencia que se trata de un proyecto fallido que distorsiona el mercado, impide la reducción de la brecha digital e incluso afecta el plan de conectividad del gobierno federal.
El STRM entregó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) un documento en el que advierte un colapso del sector de las telecomunicaciones en México por hechos como la prórroga otorgada a la Red Compartida, la salida de inversiones de Telefónica en el país, la ausencia de políticas públicas a largo plazo, así como las restricciones impuestas a Telmex que le impiden seguir invirtiendo.
“No es menos grave el hecho de que las prórrogas de referencia limitan a la empresa concesionada a operar la Red Compartida, Altán, mediante el uso exclusivo de la banda de 700 MHz, lo cual distorsiona el mercado, impide la reducción de la brecha digital e incumple con la obligación de prestar de manera eficiente servicios móviles con mayor cobertura, capacidad y un costo más competitivo.
“Las prórrogas otorgadas por el IFT afectarán a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, quienes se apoyan operativamente en la Red Compartida, con el fin de disminuir la brecha digital, generando incertidumbre y retraso en las inversiones en el sector, evidenciando además la inexistencia de una política digital federal”, advierte el documento entregado por Francisco Hernández Juárez, secretario General del STRM.
El documento también señala que la prórroga solicitada resultaba urgente para que Altán Redes pudiera lograr avanzar en el concurso mercantil interpuesto por dicha empresa, debiendo obtener un preacuerdo con sus acreedores, entre los que están Banobras, Bancomext, Nafin; los socios accionistas y los proveedores o vendors financing, entre los cuales se encuentran Nokia, Huawei –a través de China Development Bank–, Megacable, Axtel, Bestel, Telesites, American Tower Company y Mexican Tower Company.
“Es importante establecer que el concurso mercantil de Altán Redes se encuentra en una de las etapas más importantes del proceso, que es el reconocimiento de créditos y obligaciones de pago a sus más de 70 acreedores, situación que desvía la atención de la empresa respecto de su principal obligación que es la cobertura universal y apoyar en la incorporación de la totalidad de los mexicanos a las Tecnologías de la Información, en cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo sexto”, añade el documento del STRM.
Asimismo, asegura que el otorgamiento de las prórrogas ya ha generado otras manifestaciones de parte de empresas que han invertido en el sector de manera consistente, ya que se advierte parcialidad del regulador en favor del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) respecto a una serie de medidas cautelares que le permitan obtener el pago preferente de diversas contraprestaciones al amparo del contrato de Asociación Público Privada celebrado con Altán Redes.
Por ello el Sindicato de Telefonistas asevera que “en un sector tan polarizado y poco definido, es indebido generar privilegios especiales o reconocer derechos preferenciales no previstos dentro de la legislación en beneficio de uno de los acreedores que forme parte de una misma calidad o categoría de acreedores de la empresa concursada, ya que el hacerlo contraviene el interés general de la sociedad”.
“Es evidente que los legisladores responsables de establecer los marcos jurídicos aplicables para la Red Compartida pasaron por alto escenarios de inviabilidad financiera y operativa, así como el impacto que un fracaso en el despliegue de infraestructura comprometida generaría en el desarrollo económico y social nacional”, agrega el STRM.
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana también realizó una solicitud al IFT, justificada en el trato preferencial a Altán y Promtel, de que le otorguen a la compañía la autorización para ofrecer el servicio de televisión restringida.
“En virtud de que Telmex no dio continuidad a esta petición es que el sindicato que represento, en interés legítimo y dado el derecho a la convergencia de redes y servicios que le asiste a Telmex, empresa con la que tenemos suscrito y vigente un Contrato Colectivo de Trabajo, atentamente solicitamos a usted llevar a cabo el procedimiento administrativo que jurídicamente corresponda para emitir una autorización de servicio adicional a la concesionaria antecitada con el propósito de que preste el servicio de televisión restringida a través de su infraestructura y medios propios.
“Esta solicitud se fundamenta en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo 276, fracción VI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que dispone: VI. El Instituto autorizará a los agentes (económicos preponderantes en telecomunicaciones) a que se refiere este artículo la prestación de servicios adicionales o la transición al modelo de concesión única siempre que con dicha autorización no se generen efectos adversos a la competencia. Para efecto de que el Instituto verifique que no se generan efectos adversos a la competencia deberán haber transcurrido 18 meses a partir de la ejecución del plan aprobado, plazo durante el cual los agentes deberán acreditar también estar en cumplimiento de las leyes aplicables y de sus Títulos de Concesión”, dice el documento firmado por Francisco Hernández Juárez.