Legisladores presentan proyecto para crear primera ley federal de IA de amplio alcance en EE. UU.
La Great American AI Act bloquea a los estados de legislar la IA. Si bien conservarían facultades para regular su uso, tendrían limitaciones para imponer requisitos propios sobre el diseño y entrenamiento de modelos avanzados.
Imagen generada con IAEl republicano Jay Obernolte y la demócrata Lori Trahan presentaron el borrador de la Great American AI Act, un proyecto de ley que busca establecer el primer marco regulatorio federal amplio para la Inteligencia Artificial (IA).
La iniciativa se propone equilibrar dos objetivos: promover la innovación tecnológica y, al mismo tiempo, garantizar mecanismos de supervisión sobre una tecnología que avanza a un ritmo sin precedentes.
A lo largo de 269 páginas, el borrador propone una arquitectura nacional de gobernanza para la IA que abarca desde estándares técnicos y transparencia hasta protección de denunciantes, ciberseguridad, investigación y alfabetización digital.
También contempla fortalecer mecanismos federales para supervisar la adopción de sistemas de IA en el gobierno; la necesidad de fortalecer la capacitación laboral para la IA; así como facilitar la investigación y desarrollo en torno a esta tecnología.
El proyecto llega en un momento decisivo. Mientras la IA se integra cada vez más en sectores estratégicos, como salud, educación, servicios financieros, telecomunicaciones y gobierno, los estados estadounidenses han comenzado a desarrollar sus propias reglas.
Destacado: Nuevo marco de IA de Estados Unidos busca más innovación y evitar fragmentación regulatoria
Para los promotores de la iniciativa, esta diversidad regulatoria amenaza con crear un mosaico de requisitos que podría ralentizar el desarrollo tecnológico y afectar la competitividad del país.
En ese sentido, el proyecto busca determinar un marco nacional y, a su vez, prohibir a los estados regular el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial, dado que se argumenta que el desarrollo de la IA “es un asunto de importancia económica nacional y de competitividad internacional que requiere una supervisión federal uniforme”.
De esta manera, el borrador plantea “anular la regulación estatal dirigida específicamente al desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial y permitir que el gobierno federal establezca marcos de prueba, evaluación y supervisión para dichos modelos”.
Lo anterior significa que los estados conservarían facultades para regular el uso de estas tecnologías, pero tendrían limitaciones para imponer requisitos propios sobre el diseño y entrenamiento de modelos avanzados.
El proyecto de Great American AI Act se alinea con la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en diciembre de 2025, que determina la prevalencia de la política nacional de IA sobre las leyes estatales.
Además, la iniciativa daría mayor certidumbre regulatoria a la industria tecnológica. Las organizaciones empresariales consideran que una política nacional facilitaría las inversiones y aceleraría el despliegue de nuevas aplicaciones de IA en sectores estratégicos para la competitividad del país.
Te recomendamos: Fiscales de EE. UU. desafían a la FCC por leyes estatales de IA
Debate entre innovación y protección
Sin embargo, la propuesta ya enfrenta críticas de organizaciones de derechos digitales y grupos de defensa de consumidores, los cuales consideran que el texto podría limitar la capacidad de los estados para responder a riesgos emergentes asociados con la IA.
La Federación de Consumidores de América cuestionó que el proyecto bipartidista no protege los datos de los consumidores, su economía, su sustento y sus comunidades.
Ben Winters, director de IA y Privacidad de Datos de la Federación, explicó que, en lugar de que el Congreso apoye o enmiende dicha iniciativa, “debería impulsar proyectos de ley sobre privacidad, para detener las estafas generadas por IA, sobre responsabilidad civil por chatbots peligrosos, sobre precios de vigilancia, sobre el control de Centros de Datos y mucho más”.
Además, las preocupaciones de algunas asociaciones y la sociedad civil incluyen posibles sesgos algorítmicos, discriminación automatizada, fraudes impulsados por IA y la creciente concentración de poder en un reducido grupo de empresas tecnológicas. Las legislaturas estatales han sido, hasta ahora, los principales laboratorios regulatorios para abordar estos desafíos.
Por ahora, el texto se encuentra en fase de consulta pública. Los legisladores solicitaron comentarios de especialistas, empresas, académicos y organizaciones de la sociedad civil antes de presentar una versión definitiva ante el Congreso.