Tras poco más de 10 años de la reforma de telecomunicaciones de 2014, el sector de telecomunicaciones mexicano se enfrenta nuevamente a cambios relevantes, que incluyen la posible salida de dos operadores móviles. Si bien ambos operadores enfrentan desafíos comunes en el mercado mexicano, en el caso de AT&T podría responder más a decisiones de negocio globales conforme el operador estadounidense pasa también por un periodo de transición.
Similar a Telefónica que está en búsqueda de abandonar sus operaciones hispanoamericanas, incluido México, informes de prensa apuntan a que AT&T estaría en búsqueda de vender su filial mexicana.
Según Bloomberg, la compañía estadounidense ha explorado la venta de su filial local por un monto de alrededor de 2,000 millones de dólares, una cifra significativamente menor a lo que pagó por entrar al mercado y las inversiones hechas a lo largo de los años. No es la primera vez que la prensa de negocios internacional anuncia ese tipo de operaciones sin éxito.
Aunque AT&T aún no ha confirmado o negado las versiones de prensa, la venta de la filial mexicana tendría sentido al considerar el cambio estratégico global de la compañía, que ha incluido la venta de activos para centrarse en su negocio principal de telecomunicaciones.
Además de las grandes desinversiones en el experimento fallido de WarnerMedia y DirecTV, el operador también ha vendido otros activos, como su participación en Hulu y su filial móvil de Puerto Rico en 2019, y más recientemente la venta de su participación en Sky México en 2024, así como espacios de oficina subutilizados en Estados Unidos que estaban destinados para la operación de redes legadas de cobre.
La venta del operador móvil en México entraría dentro de este plan más amplio del grupo estadounidense para agilizar sus operaciones y centrarse en los mercados más rentables de servicios móviles y de fibra en Estados Unidos.
AT&T ingresó al mercado mexicano con la fusión de Iusacell y Nextel. La compañía pagó 2,500 millones de dólares a Grupo Salinas por Iusacell en 2014, y 1,875 millones de dólares por las operaciones de Nextel a NII Holdings en 2015. Esto representa una inversión inicial de 4,375 millones de dólares, tan sólo para tener presencia en el mercado mexicano.
La entrada del operador estadounidense se vio como un resultado positivo de la reforma de 2014, ya que se formó un proveedor de telecomunicaciones con mayor escala y mejor capitalizado, que se enfrentó al enorme reto de modernizar las redes recién adquiridas.
Iusacell había operado como un proveedor de red CDMA, en declive frente a alternativas GSM y la introducción del estándar LTE; mientras que Nextel se encontraba en medio de la transición a LTE, desde el estándar legado iDEN.
En los últimos 10 años de operación en México, AT&T pasó de poco menos de 5 millones de usuarios en 2014 hasta un total de 23.8 millones a junio de 2025, siendo uno de los principales beneficiarios de la reforma de 2014 que le permitió expandir rápidamente sus servicios.
Desde ese año, el mercado móvil de México ha sumado alrededor de 35.7 millones de líneas hasta 2024, lo cual significa que poco más de la mitad de los nuevos usuarios se sumaron a la red de AT&T.
Mientras que el preponderante Telcel ha registrado una caída de su participación de mercado en 16.9 puntos porcentuales en los pasados 10 años, AT&T se ha consolidado como el tercer operador móvil con una participación de 13.4% a mediados de 2024, según cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un crecimiento significativo frente al 5% de 2014.
Cabe señalar que actualmente el operador también aloja a los usuarios de Telefónica Movistar, que representan otros más de 20 millones de conexiones que utilizan parte de su red. De tal forma, la operación de AT&T en México atiende más de 40 millones de usuarios móviles, siendo una de las operaciones de red móvil más grandes de América Latina.
Por ingresos, la operación mexicana de AT&T generó ventas totales por 1,054 millones de dólares (19,673 millones de pesos) al segundo trimestre de 2025, incluyendo servicios y equipo, lo cual representó una caída de 4.4% interanual. En términos anuales, los ingresos del segmento inalámbrico en México de AT&T registraría un crecimiento promedio anual ponderado (CAGR) de aproximadamente 6.6% en los últimos seis años.
La posible salida de AT&T de México llega también un año después de que el operador finalmente logró la rentabilidad de su filial, tras varios años de desafíos competitivos y operativos. Según el más reciente informe financiero del grupo estadounidense, la filial mexicana mantuvo números verdes a lo largo de 2024, logrando acelerar la tendencia al segundo trimestre de 2025 con una utilidad operativa de 46 millones de dólares, superior a todo lo sumado el año anterior (40 millones de dólares).
Aunque el operador ha señalado constantemente que México tiene un desafiante ambiente competitivo ante la presencia del incumbente Telcel, los números apuntan a que AT&T ya había logrado un modelo de negocio adaptado para apalancar su crecimiento sobre las particularidades del mercado nacional bajo la dirección de Mónica Aspe.
Desafíos regulatorios
Pese a la posición que ha consolidado AT&T a lo largo de los años, incluido el esfuerzo de haber logrado una operación rentable y sostenible, su salida no es coincidencia cuando se consideran los cambios regulatorios que se presentan en el país, especialmente con la amenaza de tener que competir contra el Estado mexicano en el mercado de servicios móviles.
Desde la conceptualización de la Red Compartida como parte de la reforma de telecomunicaciones de 2014, la industria advirtió que ese modelo debía operar únicamente como un proveedor de servicios mayoristas, al considerar que se trata de una operación subsidiada por el gobierno mexicano, que se refleja en el uso exclusivo total del espectro de la banda de 700 MHz a través del Organismo Promotor de Inversiones (Promtel), además de las recientes rondas de capitalización hechas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la nueva reforma impulsada por el actual gobierno buscará habilitar la participación directa del Estado como proveedor de servicios de telecomunicaciones a través de la nueva filial de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Telecom.
Si bien el gobierno afirma que su único interés es el de proveer servicios en zonas de escasos recursos y actualmente subatendidas por los operadores, la propia presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el operador también debe estar autorizado para vender servicios en todo el país para cumplir con su labor social.
Y aunque en la ley se acordó que CFE Telecom ingresaría al mercado en las mismas condiciones que los privados, incluido competir por el espectro radioeléctrico y cuidar que sus operaciones cumplan con el principio de “neutralidad a la competencia”, la realidad es que el gobierno siempre podrá subsidiar los precios finales para acelerar la adopción entre los usuarios, ya que su operación no tiene que responder a accionistas, ni están enfocadas a la búsqueda de rentabilidad.
Incluso operadores pequeños y comunitarios han advertido sobre el posible impacto negativo que podría tener la participación directa del gobierno en la venta de servicios móviles, mientras acusan que actualmente los precios ofrecidos por las marcas gubernamentales (Internet para el Bienestar) se encuentran muy por debajo de la oferta de pequeños operadores.
También hay que mencionar la irrupción de Operadores Móviles Virtuales como Bait, de la cadena de tiendas de autoservicio Walmart. Este proveedor disruptivo ha sabido aprovechar los beneficios que le ofrece la Red Compartida de Altán Redes. Bait ha hecho crecer rápidamente su base de usuarios con ofertas comerciales atractivas y estrategias de fidelización vinculadas a su amplia red de tiendas.
Tanto AT&T como Telcel han pedido al regulador que revise las estadísticas de crecimiento de Bait y han entablado juicios por lo que consideran una competencia desleal por parte parte de un OMV que se beneficia de los subsidios públicos que recibe su proveedor de red mayorista, Altán Redes.
La participación directa del gobierno, tanto proveedor mayorista (Altán) como proveedor directo al consumidor, podría dificultar la búsqueda de rentabilidad a corto y largo plazos de operadores como Telefónica y AT&T, cuya base de usuarios se compone principalmente de recargas de prepago.
Según datos del propio AT&T, 73% de su base de usuarios es de prepago, mientras que su ingreso promedio por usuario (ARPU) consolidado es de aproximadamente 140 pesos mexicanos, una diferencia abismal frente al ARPU de 34 dólares (650 pesos mexicanos) de sus operaciones prepago estadounidenses.
Impacto de la visión de Trump
También se debe hacer una lectura del panorama político de Norteamérica bajo la presidencia de Donald Trump, quien aún cuestiona los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) –renegociado por él mismo en su primer mandato– y ha impulsado una agresiva política arancelaria para forzar a diversos países a acceder a nuevas condiciones de comercio.
En un reciente informe publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que identifica barreras al comercio internacional, advierte que a pesar de las reformas, el sector de las telecomunicaciones de México sigue dominado por un único proveedor, lo cual plantea desafíos para los nuevos operadores.
Además, señala que el alto costo del espectro genera preocupación, ya que contribuye a la dominancia del operador incumbente, a la vez que representa un incumplimiento de las obligaciones del país frente al T-MEC.
“Estados Unidos sigue presionando a México para que considere cambios en sus normas que reducirían los costos generales del espectro y abordarían el poder de mercado del proveedor dominante”, señala el informe.
Cabe mencionar que la más reciente reforma en materia de telecomunicaciones que entró en vigor este año mantiene la figura de la preponderancia para Telcel, que aún tendrá que cumplir con obligaciones específicas para facilitar el crecimiento de sus competidores.
No obstante, el gobierno mexicano se ha mostrado poco flexible para revisar las altas tarifas del espectro, que se han convertido en un lastre para la inversión y expansión de las redes. Esto pese a los llamados de la industria por reducir las tarifas anuales, las recomendaciones de organismos multilaterales como la OCDE por adoptar las mejores prácticas, y la experiencia positiva de otros países en la región que han otorgado espectro a cambio de compromisos de inversión.
Tras varios años de crecimiento y consolidación de sus operaciones en México, además de haber alcanzado finalmente la rentabilidad de la operación, la salida de AT&T apunta a factores más allá del mercado nacional.
Bajo un ambiente incierto del comercio internacional, desafíos para la expansión de sus redes en Estados Unidos, y el reenfoque del operador a su negocio central desde un modelo fallido basado en la integración vertical multimedia, la venta de su filial mexicana sería un paso adicional para cumplir los objetivos de eficiencia y rentabilidad del grupo estadounidense.
La potencial salida de AT&T del mercado mexicano, aunque parezca atractiva por su precio de venta en comparación con la inversión realizada, dista de ser un proceso sencillo.
La historia reciente ofrece un precedente claro con Telefónica, que a pesar de sus intentos previos de desinversión en el país, finalmente optó por una estrategia de adaptación y mantenimiento de una operación estable. Esta experiencia demuestra la complejidad y las altas barreras de salida de un operador de telecomunicaciones de un mercado consolidado como el mexicano.