La injerencia del Estado en Altán Redes ha despertado cuestionamientos al interior de la industria de las telecomunicaciones sobre un posible trato diferenciado para que la empresa obtenga espectro radioeléctrico respecto a los demás operadores; sin embargo, esta sospecha se estaría materializando paulatinamente.
Altán Redes ha dejado de pagar la contraprestación del arrendamiento del espectro radioeléctrico de 700 MHz, adeudando desde marzo de este año alrededor de 500 millones de pesos al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), con cuya dependencia mantiene un contrato de Asociación Público-Privada desde 2016 para diseñar, instalar, operar y darle mantenimiento a la infraestructura de la Red Compartida, con la que se pretende conectar la mayor parte del territorio del país.
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