Según norma publicada esta noche en el diario oficial El Peruano
El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo Nº 1688 que regula las obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
Dicho DL, publicado esta noche en la edición extraordinaria de normas del diario oficial El Peruano, tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales en el interior de establecimientos penitenciarios y centros juveniles, salvaguardando los derechos de acceso a las telecomunicaciones de las poblaciones aledañas.