Reforma Jorge F. Negrete P.
“El Panaut no es una medida legislativa necesaria en una sociedad democrática, pues no mantiene un equilibrio entre la necesidad de los datos y el derecho a la privacidad de las personas, además de no encontrar justificación”. Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Demoledoras palabras de la Ministra. Ella definió una acción que todo el sector digital de este País reprobó desde un principio. Economistas, comunicólogos, politólogos, ingenieros, abogados, asociaciones y colegas con los que frecuentemente discrepo, coincidimos en calificar como despropósito, irresponsabilidad y traición al sistema de derechos humanos en el mundo digital esta medida legislativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que “es inválido el sistema normativo que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obligaba a los usuarios a otorgar diversos datos personales como el nombre, nacionalidad, número de identificación o CURP, así como datos sensibles (en este caso, datos biométricos)”.
Decir o hacer cosas insensatas, incoherentes o carentes de sentido común nos aproximan a un delirio. No hay forma sencilla de explicar que hablamos de un ejercicio complejo de habilitación de derechos fundamentales por medio de la tecnología. La arquitectura jurídica del mundo digital es un privilegio y una de las grandes aportaciones de la Constitución, al régimen de derechos humanos.
Nunca habíamos estado en el momento de habilitar de forma masiva la mayor cantidad de derechos humanos en la historia de la civilización, como ahora. Esta iniciativa del Gobierno federal y el Congreso fue desmontaba desde distintos frentes.
Desde la protección de datos personales, desde el régimen de los servicios de telecomunicaciones y desde los derechos humanos en materia de conectividad. Se atacaba la institucionalidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones y se le quitaba una de sus dos caras, la de órgano garante en materia de derechos humanos en el mundo digital.
El Gobierno federal tiene el diagnóstico correcto y quiso atacar la inseguridad pública de nuestro País con una ley que desmontaba los principios básicos que garantizan el derecho a la conectividad, la vida digital de los ciudadanos y el sistema que los protege. La obsesión por esta ley les ha hecho perder tiempo en el diseño de política pública y una ley que sí es relevante, pero que tiene que ver con la identidad digital.
El debate de las y los Ministros no tiene desperdicio y aunque me hubiera gustado un debate todavía más exhaustivo, debo reconocer que el ejercicio de aproximación desde múltiples materias fue reconfortante, porque advierto la construcción de una infraestructura jurídica vibrante en materia de derecho de acceso a Internet, derechos humanos, protección de datos personales y el universo digital. Muchas materias unidas y comprendidas cabalmente y por separado por el Pleno de la Corte. Aquí algunas citas destacables:
“Parece absurdo que una persona que tenga un celular va a generar una extorsión con un teléfono a su nombre, esto nunca sucede. El sistema pretende que las obligaciones del Estado ahora sean responsabilidad de los particulares”: Ministro Arturo Saldívar.
“No hay manera de justificar una recolección masiva de datos personales por particulares y, en segundo lugar, el tratamiento que se les puede dar”: Ministro Javier Laynez.
“Obligar a las personas a registrar sus datos biométricos para comprar un celular sólo provocaría que se roben más teléfonos móviles, ya que nadie comete un crimen sabiendo que el Estado tiene todos los datos necesarios para encontrarlo”: Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
“Una persona que no pueda registrarse menoscaba directamente su acceso a la comunicación”: Luis María Aguilar.
El delirio no puede ser una forma para legislar y conculcar derechos humanos.
Decía Konrad Adenauer que “hay algo que Dios ha hecho mal. A todo le puso límites, menos a la tontería”.
Presidente de Digital Policy & Law
