Oi S.A. presentó este martes 1 de julio una adición a su segundo plan de recuperación judicial. La propuesta contempla cambios en las condiciones de pago a los acreedores laborales (Clase I) y quirografarios (Clase III), con el objetivo de reajustar los compromisos a la generación de caja del grupo, reducir el pasivo y “garantizar un respiro” a la nueva gestión para reorganizar la estructura de capital de la compañía.
Simultáneamente, la empresa solicitó a la Justicia una tutela anticipada con validez de 180 días, pidiendo la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del plan actual, la prohibición de ejecuciones y embargos judiciales, y la prohibición de pedidos de quiebra o vencimiento anticipado de deudas mientras se analiza la nueva adición. El objetivo es evitar colapsos durante el periodo de deliberación de la propuesta.
La petición detalla las nuevas opciones de pago a los acreedores, como la oferta de hasta R$ 9,000 en 180 días tras la homologación, limitada a un monto global de R$ 30 millones, además de la extensión de plazos y mantenimiento de descuentos para proveedores, con pagos vinculados a la venta de activos hasta 2038.
La empresa también propone utilizar parte de los depósitos recursales laborales como capital de trabajo o pago, y crear un vehículo para gestionar y enajenar los cerca de 7,000 inmuebles del grupo.