Novedades en el juicio contra Google por monopolio. Microsoft en problemas. Nuevas reglas de FCC para proteger las redes de ataques

En nuestra nota en DPL News del 3 de octubre, “Google: opciones del juez para restaurar la competencia y más problemas”, comenzamos a tratar el tema. Acá va la segunda parte. 

El Departamento de Justicia de EE.UU. versus Google

El 20 de noviembre de 2024 el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez Amith Mehta, que Google se desprenda de su navegador Chrome, como parte de los remedios adecuados para modificar la situación de abuso de su posición dominante. 

No está solo, “un grupo de estados se sumaron al escrito del Departamento de Justicia” (bbc.com).

Google Chrome es el navegador más utilizado mundialmente.

En el escrito presentado, los abogados sugirieron al juez que dicte una medida impidiendo a Google continuar cerrando contratos con otras compañías tecnológicas cuyo objetivo es que su motor de búsqueda sea usado en sus productos. Paralelamente, que le prohíba volver al mercado de los navegadores por cinco años.

Estas limitaciones afectarán sus millonarios negocios con otras de las grandes tecnológicas como Apple.

Frente a estas demandas, Google estima “radical y arrolladora la propuesta del Departamento de Justicia” (El País), ante la eventualidad de verse obligada a separar Chrome y Android.

Frente a esa situación, el Presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, declaró que la pretensión del Departamento de Justicia era “salvajemente exagerada” y que “va millas más lejos que la decisión del tribunal”.

Kent Walker siguió diciendo: “romperá un abanico de productos de Google más allá de las búsquedas, que la gente ama y encuentra útiles en su vida diaria”(bbc.com).

Si bien el inicio de esta demanda fue durante el último año de la presidencia de Donald Trump, desde entonces muchas cosas pueden haber cambiado y con ellas la disposición hacia este caso. 

¿Qué dispondrá Donald Trump en su segundo gobierno a partir del 20 de enero de 2025, teniendo en cuenta la acusación de Google de que se estaría impulsando “una agenda intervencionista radical”?

¿Podría ordenar al Departamento de Justicia que retirara la demanda?

¿Los estados que apoyaron podrían continuar la demanda? En caso de que el gobierno federal siguiera adelante, ¿con cuánto empuje lo haría? ¿Cuáles serían sus requerimientos?

El otro tema que personalmente visualizo es cómo afectará el resultado de este juicio la inversión en innovación. De todas maneras se espera que el juez se expida recién para el verano del hemisferio norte.

Microsoft investigada por monopolio

La actual administración Demócrata en Estados Unidos, que finaliza el 20 de enero de 2025 con la asunción del nuevo presidente Donald Trump, ha demandado a Google, Meta, Amazon y Apple por aprovecharse de su posición dominante (El País).

Ahora es el turno de Microsoft.

Microsoft comenzó a ser investigada por monopolio por la Comisión Federal de Comercio de EEUU. El 27 de noviembre de 2024, 22 años después de una sentencia en el caso Estados Unidos c/ Microsoft.

El objetivo es realizar un análisis de sus licencias de software, ciberseguridad e Inteligencia Artificial a fin de “investigar posibles comportamientos ilegales en sus negocios de computación en la Nube y su dominio en Inteligencia Artificial” (Bloomberg).

Al respecto, Google dijo que “hemos manifestado públicamente nuestra preocupación por las licencias en la Nube de Microsoft. Nosotros y muchos otros creemos que las prácticas anti competitivas de Microsoft bloquean a los clientes y crean efectos descendentes negativos que afectan la ciberseguridad, la innovación y la elección” (El País). 

A tal efecto, Google UK presentó una queja formal ante la Comisión Europea.

Pero ¿qué fue lo que provocó esta investigación? En julio de 2024, millones de aparatos que utilizaban el sistema Windows de Microsoft colapsaron con la caída de CrowdStrike, lo cual hizo evidente que, por la utilización masiva del Windows de Microsoft, un error o una falla en sus productos puede afectar la seguridad nacional y la economía mundial. 

El Departamento de Defensa de Estados Unidos es uno de sus grandes clientes, así como el mundo financiero y el sistema aeroportuario a nivel planetario. 

Estos incidentes de ciberseguridad que alteraron el funcionamiento de los productos de la empresa fueron decisivos para el inicio de la investigación.

La FCC dispuso nuevas reglas contra los ataques de ciberseguridad

El descubrimiento de que los hackers chinos Salt Typhoon podrían haber estado infiltrados en la infraestructura de comunicaciones de Estados Unidos, llevó a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) a proponer un conjunto de reglas que obligan a los operadores a tomar medidas para proteger sus redes contra las amenazas de ciberseguridad (Bloomberg).

Los operadores deberían ineludiblemente “asegurar sus redes del acceso ilegal o la interceptación de comunicaciones”.

A estos efectos, la presidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, anunció que “mientras las contrapartes de la Comisión en la comunidad de inteligencia están determinando el alcance y el impacto del ataque de Salt Typhoon, necesitamos poner en marcha un marco moderno para ayudar a las empresas a proteger sus redes, prevenir y responder mejor a los ciberataques en el futuro”.

La FCC también reconoció la manifestación de la Casa Blanca de que las redes de ocho compañías de telecomunicaciones habían sido intrusadas por Salt Typhoon, entre ellas, AT&T y Verizon Communications. El Wall Street Journal había informado de esta situación en octubre de 2024.

T-Mobile US dijo a Bloomberg News que la compañía había localizado y cerrado rápidamente una brecha potencialmente vinculada con el grupo hacker Salt Typhoon.

Ante la declaración del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, de la vinculación con China, Beijing negó su implicación.

Los cinco comisionados de la FCC deben aprobar la reglamentación, que obligará a las compañías a comprometerse a garantizar que las partes no autorizadas no puedan acceder o interceptar las comunicaciones. 

Los deberes de los operadores de telecomunicaciones incluyen al equipo que utilizan y abarcan la administración de sus redes. De allí que deberían certificar anualmente sus planes de gestión de riesgos cibernéticos. ¿Y las compañías aseguradoras qué papel tendrán en este juego?

Esta historia recién empieza.