Ante el ánimo estatizador del nuevo gobierno, que quedó evidenciado con la reforma eléctrica que le regresó su estatus anterior a Pemex y CFE cuando tan solo eran empresas estatales y cuya finalidad era mantener la hegemonía del Estado en la generación de energía, además de ampliar su preponderancia sobre las empresas privadas en una proporción de 54–46, evidentemente se prendieron las alarmas en la iniciativa privada, pese a que en el discurso del nuevo gobierno se ha insistido en trabajar de forma conjunta en igualdad de condiciones y de apertura a los inversionistas.
Esa visión de izquierda, que busca incluso mantener su hegemonía en los sectores productivos del país, no solo como regulador, sino como jugador activo que fija las reglas de operación, afecta sin duda la misma creación de empleos formales, al tiempo que frena la captación tributaria y la creación de nuevas empresas en sectores de la economía como la energética o de telecomunicaciones.