sábado, octubre 1, 2022
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Movilidad, leyes, competencia y corrupción

Reforma Jorge Fernando Negrete P.

Barcelona. Después de 8 intentos y varios días de llamar a un servicio de una plataforma sin resultados, llega un taxi tradicional casi 20 minutos tarde. ¿El servicio? 30% más caro que en Madrid. El taxista se excusa, invoca un contrato laboral y privilegia su sistema tradicional de llamadas. Mal servicio.

España. La Ley Raider, el proyecto más importante de Yolanda Díaz, ministra del Trabajo, ni logró que los casi 30 mil repartidores del sector tuvieran un contrato laboral con sus respectivas plataformas, y en sólo 5 meses dejó sin empleo a 10 mil conductores o riders durante 2021. Mala decisión que destruyó empleos, afectó la innovación tecnológica y el derecho a la movilidad.

Reino Unido. La Corte Suprema de este país determina un sindicato para los trabajadores de las plataformas de movilidad. Desastre.

Colombia. Por una decisión de competencia económica, se expulsa a Uber de Internet. La competencia económica vs. el derecho humano a Internet y a la movilidad.

México. Hace unos meses tomé un taxi del aeropuerto de Puerto Vallarta a Punta Mita y me costó 70 dólares (al tipo de cambio). De regreso, el hotel me ofreció un taxi por 120 dólares y les pregunté si podía llamar a una plataforma de transporte. “Sí se puede, pero afuera de las instalaciones”. Con mis maletas cruzando los jardines, recibí la unidad a la entrada del hotel, que me cobró 30 dólares de regreso al aeropuerto. El viernes pasado, esperé hora y media en una fila de más de 100 personas en el aeropuerto de la Ciudad de México y ningún taxi oficial. Ninguna empresa disponible. Más de 500 personas esperando transporte oficial.

Estas imágenes de ciudadanos esperando, taxistas manifestándose y tomando vías públicas, tentativas de regulación laboral, resoluciones de competencia económica en contra del acceso a internet, del derecho a la movilidad y de los derechos del consumidor, se vuelven más esquizofrénicos con la regulación municipal y el ecosistema de corrupción local, estatal y federal. Se repiten insistentemente estos hechos, a lo largo de nuestra geografía y en Iberoamérica.

¿Son nuevos estos fenómenos? No. Donde hay tecnología y telecomunicaciones hay innovación, bienestar digital. Las cadenas de valor y modelos de negocios evolucionan, mejoran y liberan mejores servicios, más eficientes y a mejor precio. Los viejos modelos de negocio evolucionan y crepitan, crujen: la música, la televisión, los libros, los sistemas de mensajería, la economía digital y ahora las plataformas de transporte.

Movilidad, servicios de telecomunicaciones e Internet, un derecho humano. El acceso a Internet es un derecho fundamental en el mundo desde 2012, gracias a las Naciones Unidas. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y programáticos. Por eso, al usar Internet y una aplicación de transporte, habilitamos nuestro derecho a la movilidad, al libre tránsito y, con ello, nuestros derechos de acceso a la educación, a la cultura, salud y seguridad. Hablo también del derecho a la seguridad de mujeres, niños y personas trabajadoras. Ciudadanos en movimiento.

¿Las autoridades defienden los derechos de los consumidores del servicio de taxi? No. ¿La competencia económica protege a los consumidores y ofrece mejores precios y servicio en aeropuertos y ciudades? No y debería.

¿Los taxis tradicionales cuentan con sindicatos? No, todos merecen un régimen de protección social.

Defender a los taxis tradicionales, es defender a un oligopolio, un eufemismo que daña al ciudadano; una defensa pública a la corrupción, en contra de la competencia económica, el derecho de los consumidores, el derecho a Internet y de la habilitación de la movilidad en el mundo digital.

Ningún gobierno que penalice a las plataformas de transporte es innovador, ni quiere inclusión digital, ni le importan los derechos humanos, ni la economía digital.

Hablo de un sistema local, federal y municipal que no ha comprendido que estar conectado es la oportunidad más grande de nuestra civilización.

Presidente de Digital Policy & Law

Twitter @fernegretep

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