domingo, mayo 22, 2022
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México | SCJN, ¿ley mordaza?

Reforma Clara Luz Álvarez

El amparo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos (CLEDH) en materia de derechos de las audiencias de radio y televisión (A.R. 1031/2019) se ha dicho que equivale a una ley mordaza. ¿Es así? Veamos.

Antecedentes. En 2014 al expedirse la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) se reconocieron diversos derechos de las audiencias de radio y TV (p. ej. el distinguir la publicidad de la información, y la opinión de la información), se ordenó que los concesionarios tuvieran un código de ética y un defensor de la audiencia. En ese momento nadie dijo que era una ley mordaza.

En 2017 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió los lineamientos sobre defensa de la audiencia que llevaron a la interposición de controversias constitucionales y, finalmente, a la modificación de la ley, en lo que se conoce como la contrarreforma de audiencias que está impugnada en una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución en la SCJN.

CLEDH interpuso el amparo por considerar que la contrarreforma de audiencias violentaba su derecho a defender derechos humanos porque los códigos de ética serían sólo por autorregulación, el defensor únicamente se regiría por estos, porque se eliminó el derecho a que se distinga información de opinión, y por limitar la obligación de radiodifusores de distinguir publicidad de la programación.

Polémica. Esta ha sido intensa porque con la decisión de la SCJN parece que se restaura el derecho de la audiencia a distinguir información de opinión sobre lo cual no ahondaré, sólo le recomiendo el artículo de Ernesto Villanueva en https://bit.ly/3r10Dxa.

SCJN. Con base en el proyecto de resolución, no se está imponiendo una mordaza, sino dejando la LFTR según fue expedida en 2014. Debe decirse que esta no fue impugnada de inconstitucional por los concesionarios de radio y TV, por lo que esos derechos de las audiencias fueron consentidos por ellos tiempo atrás.

Además, las deficiencias de la LFTR hacen que no haya sanciones por contenidos que quebranten derechos de las audiencias, tampoco existe riesgo alguno de que se cancelen, ni que se eliminen notas informativas. Basta una lectura integral de la LFTR para constatarlo. El IFT al día de hoy carece de facultades para ello en la LFTR y ni con lo que se restauraría por la SCJN alcanza para habilitar una sanción por un contenido o programa específico.

¿Unos sí, otros no? Las audiencias tienen derechos, independientemente de que sean de un medio comercial, uno público o uno social. Ahora la pregunta que surge es, ¿los derechos de las audiencias debieran ser igualmente aplicables a la televisión de paga, a los servicios de streaming y otras plataformas? Lo cierto es que en la LFTR los derechos de las audiencias se concibieron únicamente para radio y TV abierta, y en algunos casos también para la televisión de paga.

Publicidad-Info. En la Constitución está prevista la prohibición de presentar publicidad como información periodística o noticiosa. Además, en la LFTR se obliga a que los radiodifusores “aporten elementos para distinguir publicidad y el contenido de un programa”, lo cual está en línea con las mejores prácticas de países como Reino Unido. Este derecho fue eliminado con la contrarreforma de 2017 y podría ser reinstalado con esta decisión de la SCJN, pero tendremos que esperar para ver el detalle en la sentencia definitiva para saber los efectos del amparo concedido.

El diseño de regulación para distinguir publicidad y programación debe partir de un diálogo en que se puedan escuchar los legítimos puntos tanto de las audiencias como de los radiodifusores y anunciantes, siempre recordando que lo que debe regir dicha regulación es el derecho a no ser engañado y la transparencia.

Investigadora de la Universidad Panamericana

claraluzalvarez.org

@claraluzalvarez

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