El Economista Marco A. Mares
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene frente a sí un reto mayúsculo: evitar que se afecte un derecho humano fundamental; la libertad de expresión en los medios de comunicación electrónicos, específicamente en la radio y televisión.
Es un reto que tendrá que enfrentar en un momento en que registra una evidente debilidad institucional, pues opera sólo con 5 de los 7 comisionados con los que debería funcionar.
Y en una coyuntura en la que el comisionado presidente, Adolfo Cuevas, está por dejar el cargo el 28 de febrero de este año 2022.
A partir de esa fecha quedarían sólo cuatro comisionados –si no se realizan los nombramientos correspondientes–: Javier Juárez Mojica, Ramiro Camacho Castillo, Sóstenes Díaz González y Arturo Robles Rovalo.
Frente a la resucitada “Ley Mordaza” con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a los programas noticiosos de radio y televisión a distinguir entre lo que es información y lo que es opinión, el IFT tendrá que aplicarse para encontrar el equilibrio justo entre los derechos de audiencia y los derechos humanos.
La primera sala de la Corte determinó que para garantizar los derechos de las audiencias los programas noticiosos de radio y televisión deben distinguir claramente entre información y opinión. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) reaccionó de inmediato.
Dijo que la Corte cometió “un ataque directo e inusitado” a la libertad de expresión y que la sentencia es, en los hechos, de imposible cumplimiento y contraria al “más elemental” sentido común.
El presidente del IFT, por su parte, asegura que evitará que se afecte la libertad de expresión, sin demérito de que también buscará atender las preocupaciones en torno al derecho de las audiencias.
Sin estridencias, Cuevas recuerda que todavía falta que ocurran varias cosas.En primer lugar, el Congreso de la Unión tendrá que acatar la sentencia de la Corte y emitir un proyecto legislativo.
En ese proceso –dice el funcionario– el IFT será muy proactivo para, con pleno respeto al propio Congreso, pero con decisión y firmeza, vigilar que el proceso legislativo sea acorde a los mandatos de libertad de expresión.
Luego del proceso legislativo el IFT tendría que emitir nuevos lineamientos.El IFT –advirtió Cuevas– no va a establecer una regla que suponga una traba a la libre expresión ó un mecanismo tortuoso, ineficaz, imposible de cumplir, que solo dé lugar a zozobra y riesgo de sanción.
El IFT es garantía –aseguró– de que la libertad de expresión prive y prime sobre cualquier otra consideración.
No podemos tener medios ni comunicadores que se sientan amenazados, coartados, imposibilitados, obstaculizados para ejercer su labor de comunicación, argumenta.
Para el presidente del IFT será fundamental el diálogo con todas las partes incluida la industria de la radio y la televisión.
El comisionado presidente cuya gestión está por terminar confía en que el Presidente de la República cumplirá con su palabra y designará a los comisionados que faltan.
Refirió que en diciembre pasado los comisionados del IFT tuvieron una reunión con el Jefe del Ejecutivo, quien les aseguró que enviaría los nombramientos.
Le explicaron que tras la salida de Adolfo Cuevas se requerirá de un número de al menos cinco comisionados para que el IFT tome decisiones que, por ley deben ser votadas con ese número de votos.
Y también le advirtieron que si el IFT no cuenta con los comisionados necesarios se vería imposibilitado a actuar y esto es un riesgo porque vulnera el carácter autónomo de la institución, que es al mismo tiempo un compromiso del T-MEC.
Ojalá que, como confía el presidente del IFT, ese órgano autónomo reciba en breve los nombramientos de los comisionados, para que efectivamente sea viable y pueda cumplir con todas sus facultades, comenzando con la de vigilar y proteger la libertad de expresión.
Pero hasta no ver no creer. Al tiempo.
