Reforma Jorge F. Negrete P.
He señalado la mala política pública y legislación del sector de las telecomunicaciones cuando gobiernos pasados equivocaron el rumbo al buscar disminuir la brecha de acceso a la conectividad. La primera pregunta que se hace cuando se prepara una legislación del sector de la infraestructura digital, antes telecomunicaciones, es ¿qué quieres?: ¿competencia, inclusión o consolidación del sector? Cada decisión es un destino y proceso distintos.
Señalé que el periodo de Peña Nieto tuvo a su favor la institucionalización del sector al crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y una ley, razonablemente moderna. ¿Lo malo?: estableció un régimen de competencia económica exorbitante, única en el mundo, que inhibe la conectividad y que, además, se puso en la Constitución: La preponderancia.
La regulación debe ser temporal y competencia del regulador; si es permanente, afecta a terceros y al ecosistema. ¿Cuál fue su objetivo? Consolidar las empresas del sector, desviar recursos financieros del operador incumbente en favor de sus competidores y abandonar al gobierno la responsabilidad de la inclusión digital. Grave error, la regulación también debe estar orientada a la inclusión, cumpliendo el mandato del artículo 6º de la Constitución. La reforma Peña decidió sacrificar la inclusión digital a cambio de buscar la consolidación y el crecimiento de operadores. Ya lo logró, ya están aquí. Sigue vigente esta regulación.
A pocos días de conocer el destino del IFT, comunicó esto: “El pleno del IFT impone medidas regulatorias al agente económico preponderante en telecomunicaciones, para promover una mayor competencia en beneficio de las personas usuarias”.
El silogismo jurídico de la preponderancia es un crimen para la inclusión digital. Por ser preponderante se establecen medidas para promover mayor competencia en beneficio de las y los usuarios… ya conectados. Suena bien, pero nada que promueva más inversión, despliegue de infraestructura o facilidad para que los usuarios del preponderante en telecomunicaciones garanticen su derecho a la información al ofrecer televisión. La preponderancia castiga e inhibe el derecho de acceso a internet, descapitaliza al preponderante, exige menos inversión a su competencia e impide habilitar los derechos fundamentales de nuevos usuarios.
Telmex enfrentó una pérdida de más de 3 mil millones de pesos en 2024, pero invirtió 4,950 millones de pesos para el despliegue y mantenimiento de su red. Telmex perdió valor por la preponderancia y bajó su participación de mercado de 72% a 39% en 10 años y sus competidores han podido ganar 11 millones de accesos de internet fijo en el mismo periodo. Qué bueno. Pero Telcel creció su base de usuarios sólo 10% desde hace 10 años, un despropósito en un país con necesidades de conectividad. Cada usuario lo hace más preponderante.
Bait y Altán. En sólo cuatro años tienen más de 15 millones de usuarios (OMV), con espectro subsidiado. Ni AT&T supera ese éxito. Le ha llevado ocho años llegar a 23 millones que, junto a 24 millones de Movistar, dan 47 millones de usuarios en su red. Bait y AT&T son las empresas de más rápido crecimiento por usuarios en América Latina en los últimos ocho años. Ambas con beneficios regulatorios.
Altán, Movistar y AT&T visitaron al IFT para dialogar sobre la nueva política regulatoria que se aplicará al competidor Telcel en los siguientes dos años. Increíble, empresa pública subsidiada, de la mano de empresas privadas. Todas, adictas a la sobrerregulación.
Las empresas del sector están capitalizadas y consolidadas. Es hora de tratar a todos parejo. El nuevo regulador debe nacer sin trato preferencial para nadie y con un enfoque en derechos humanos. Una regulación pareja para todos, que estimule la conectividad, sin subsidios públicos ni privados. La regulación crea adicción.
El modelo de junkie digital genera un modelo de empresa que no invierte o vende abajo de costo, no expande infraestructura y triunfa sobre la inclusión digital.
Presidente de Digital Policy & Law
X / @fernegretep