El modelo regulatorio de las telecomunicaciones en Costa Rica ha sido particular. Quienes participamos activamente de ese mercado hemos sido testigos de su desarrollo y vivimos el impacto que esa regulación ha generado a nivel país.
Hace algunas semanas la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) presentó el informe estadístico del Sector Telecomunicaciones, donde se exponen los resultados obtenidos al finalizar 2018. Según el Registro Nacional de Telecomunicaciones, existen 152 empresas autorizadas por Sutel para prestar servicios de telecomunicaciones, lo que evidencia un incremento de la oferta equivalente a 25% de 2014.
Esos datos también revelan que los ingresos del sector crecieron en el último año 0,03% en relación con 2017, lo que representa la menor tasa de crecimiento reportada en los últimos cuatro años. En términos de inversión, como porcentaje del PIB, para 2018 es de 0,5%, la menor proporción observada en el periodo 2014– 2018. Lo interesante es que, aunque hay una mayor cantidad de operadores, no se refleja un crecimiento importante de los ingresos, ni un mayor dinamismo del mercado.
El mercado mundial de las telecomunicaciones, y el costarricense, atraviesan uno de los momentos más complejos de la historia. Son elevados los riesgos en recuperación de la inversión, los clientes están dispuestos a pagar cada vez menos por mejores y mayores prestaciones de servicio y hay una acelerada evolución tecnológica que ejerce una enorme presión en las inversiones, lo que crea una retadora paradoja en términos de recuperación de la inversión.
La natural y necesaria evolución de los dos servicios de mayor demanda –móviles e internet– requerirá de un gran esfuerzo de inversión adicional que deberá acompañarse de una política regulatoria, que garantice su recuperación y el cumplimiento de los objetivos país. Lo anterior permitirá avanzar hacia una sociedad de la información y el despliegue de la red 5G que cuente con el soporte de una robusta red de acceso y transporte fijo.
Los ajustes a nivel regulatorio deberían dirigirse a eliminar las guerras de precios y la búsqueda de acciones que incrementen el ARPU (Promedio de ingresos por usuario, por sus siglas en inglés) que, en la mayoría de los servicios, muestran una tendencia decreciente.
La sostenibilidad de los ingresos del sector es fundamental para que el Regulador pueda asegurar el desarrollo de las redes y los servicios. Solamente con la reactivación de la inversión se logrará una verdadera dinámica competitiva sostenible en el largo plazo.