Una reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución mexicana, aprobada este mes para generar un contexto más afable para los planes del gobierno federal en los sectores energético y ferroviario, dispuso también de que la función que utilice el Estado en el servicio de Internet no constituirá un monopolio.
La iniciativa ha sido aprobada por 472 votos de 500 posibles en la Cámara de Diputados y eso significa que en el futuro próximo el Estado participará con distintos papeles en la industria de telecomunicaciones.