Ley de Redes Digitales Europea, un paso insuficiente para el desarrollo de las telecomunicaciones

Por Nicolás Larocca, Efrén Páez y Paula Bertolini

La Comisión Europea propuso la Ley de Redes Digitales (DNA, por sus siglas en inglés), un texto no alejado de encendidos debates, con el fin de modernizar, simplificar y armonizar las normas de la Unión Europea sobre las redes de conectividad. El texto presenta como argumento que la amplia disponibilidad de conectividad avanzada para las personas y las empresas de toda la Unión Europea es la base de la competitividad del bloque.

El documento se proclama como marco jurídico simplificado y armonizado para impulsar la innovación en la Unión Europea. En la práctica, fusionará en un único reglamento cuatro instrumentos jurídicos relacionados: el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, el Reglamento BEREC, el Programa de Política de Espectro Radioeléctrico y Regulación Abierta de Internet.

Según confirmaron fuentes oficiales a DPL News, ahora el texto deberá atravesar la revisión del Parlamento Europeo y el Consejo, instancias en la que se deberá adoptar antes de que se convierta en ley de la Unión Europea.

La industria de las telecomunicaciones recibió con desánimo el detalle de la nueva normativa. En un comunicado, la GSMA advirtió que la ley “no será suficiente para alterar el status quo y significará que Europa seguirá quedándose atrás de los líderes mundiales”.

“Lo que se prometió como una reforma sustancial para que las telecomunicaciones de la UE modificaran su trayectoria, en su forma actual no alcanza el objetivo de fomentar la inversión, la innovación y la competitividad del sector”, señaló el organismo, que puso especial énfasis en que el texto, lejos de simplificar el marco regulatorio, introduce nuevas normas específicas y mayores obligaciones.

En la misma línea se expresó Deutsche Telekom, que subrayó que el borrador —con 210 artículos, 416 considerandos y casi 350 páginas— dista mucho de cumplir con la ambición declarada de simplificar la legislación. “El borrador en general introduce numerosos requisitos nuevos, mayor complejidad y amplía las obligaciones de información. Por lo tanto, el efecto general no es una simplificación, sino una continuación de la carga regulatoria”.

También Connect Europe, la asociación que nuclea a los principales proveedores de redes y servicios de conectividad del continente, cuestionó el alcance de la propuesta. “Se han añadido complejidad y normas adicionales a lo largo de la propuesta”, sostuvo en un comunicado en el que agregó que “la conectividad es la columna vertebral de nuestras economías, defensa y resiliencia democrática. En un entorno geopolítico en rápido deterioro, la UE ya no puede permitirse el exceso de regulación, la fragmentación y la falta de inversión”.

Principales contenido de la DNA

• Pasaporte Único para operar en la UE
  • Notificación única ante un regulador nacional para prestar servicios en uno o varios Estados miembros.
  • Autorización única específica para servicios satelitales, con foco en casos como Direct-to-Device (D2D).
• Espectro radioeléctrico
  • Plazos de adjudicación más largos, incluso de duración ilimitada, con cláusulas de revisión.
  • Renovaciones casi automáticas y subastas orientadas a incentivar la inversión.
  • Fomento de acuerdos de compartición de infraestructura, sin afectar la competencia.
• Transición obligatoria a redes de fibra
  • Apagado total de redes de cobre antes del 31 de diciembre de 2035.
  • Planes de apagado por zonas (CSO) a publicar en 2028.
  • Estrategias nacionales obligatorias de transición a fibra a presentar en 2029.
• Cooperación de ecosistemas
  • No se establecen pagos obligatorios de grandes plataformas a operadores.
  • Se crea un mecanismo voluntario de cooperación y conciliación, facilitado por BEREC.
• Menos regulación, más innovación
  • Reducción de cargas administrativas y obligaciones regulatorias.
  • Marco más flexible para relaciones comerciales entre empresas.
• Competencia
  • Definición de mercados relevantes alineada con los principios del derecho de la competencia.
  • La Comisión podrá emitir recomendaciones sobre mercados específicos tras consulta pública.
• Servicio Universal
  • Derecho de todos los ciudadanos de la UE a Internet asequible y servicios de voz de calidad.
  • Supervisión anual de precios minoristas por parte de reguladores nacionales.
• Seguridad y resiliencia
  • Plan de Preparación a nivel UE frente a desastres naturales e interferencias externas.
  • Criterios reforzados de seguridad y resiliencia en comunicaciones satelitales paneuropeas.

Camino sinuoso

Thierry Breton, Comisario Europeo de Mercado Interior, consideró durante el tratamiento previo que la nueva ley será un texto audaz, con visión de futuro y revolucionario, con foco en garantizar que las normas sigan el ritmo cambiante del panorama digital. El plan, dijo, es sustituir normativas vigentes para “garantizar un camino digital saludable, soberano y equilibrado, que sea tierra fértil para la innovación en Europa”.

El camino formal del documento inició en 2023, cuando la Comisión Europea puso en marcha una consulta sobre el futuro del sector de las comunicaciones electrónicas. Con el objetivo de recopilar información y opiniones, se hicieron 62 preguntas en áreas como evolución tecnológica y del mercado; equidad para los consumidores; barreras del mercado único; y contribución justa. Hubo 437 contribuciones, la mayoría de ciudadanos (28%) y empresas (24%).

Entre las conclusiones de la consulta, Cyber Risk GmbH expuso las siguientes:

• Europa requiere innovación e inversión eficiente, por lo que hay que garantizar la coherencia y maximizar el efecto multiplicador de las acciones públicas y privadas que las promuevan.
• Europa necesita aprovechar su potencial como bloque: simplificar su regulación y problemas internos puede acelerar los despliegues.
• Europa necesita proteger sus redes, más aún ante el aumento de tensiones geopolíticas.

La recopilación de esta información derivó en la publicación de un libro blanco sobre las necesidades de la Comisión Europea para alcanzar las metas de la Década Digital 2030. Allí se detallaron desafíos de conectividad y se marcó la necesidad de crear una red colaborativa vinculada, la consolidación de un mercado único digital y la garantía de infraestructuras seguras y resilientes. 

Al mismo tiempo, se sugirieron políticas para incentivar la inversión, armonizar la gestión del espectro radioeléctrico y acelerar la transición hacia tecnologías más sostenibles. Otra premisa fue la de “garantizar la autonomía estratégica” europea a partir de, por ejemplo, mayor seguridad de los cables submarinos y adopción de tecnologías cuánticas.

Aunque la necesidad de actualización de la normativa vigente es siempre multifactorial, y en este caso también responde a la evolución tecnológica, hay tres variables externas sucedidas en los últimos años que encendieron en Europa los debates sobre la necesidad de mayor capacidad, más resiliencia y menos dependencia de terceros en cuestiones digitales: la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto arancelario con Estados Unidos.

Las complejidades de la cuestión generó chispazos hasta último momento y fue, de hecho, una de las explicaciones de por qué el texto no fue tratado y publicado en la última parte de 2025. Medios de comunicación con sede en Bruselas dieron cuenta de que algunos miembros —mencionaron especificamente a Alemania, Austria, Francia, Hungría, Italia y Eslovenia—  enviaron una manifestación conjunta al Consejo de la Unión Europea solicitando un enfoque distinto del documento en revisión; alertaron en particular sobre la necesidad de que cada Estado conserva poder sobre ciertas políticas y gestión de frecuencias. Antes, también hubo contrapuntos respecto a formatos y enfoques.

En medio de los debates, la presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen, aprovechó su discurso sobre el estado de la Unión Europea de 2025 para proponer abiertamente la necesidad del avance hacia un mercado único de conectividad y la necesidad de alentar la inversión en tecnologías innovadoras para un desarrollo digital que sea eje (o al menos parte de) una Europa competitiva y sostenible.

¿El nuevo tablero geopolítico podría modificar la decisión de Europa sobre proveedores chinos?

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y buena parte de Europa Occidental acordaron formar un bloque económico regido bajo ciertos principios y valores similares (que se concretó en iniciativas como la OTAN o la OCDE), que permitiera enfrentar amenazas comunes, desde el comunismo y el terrorismo o el surgimiento de nuevos conflictos bélicos. Sin embargo, las acciones de Donald Trump en su segundo término frente a la Casa Blanca podrían amenazar la estabilidad de este entendimiento y dar paso a un reordenamiento de las alianzas y potencias económicas mundiales.

Durante su primer mandato, el presidente Trump identificó a China como el principal desafío a la supremacía geopolítica de Estados Unidos. Argumentaba que el país asiático incurría en prácticas comerciales desleales contra EE. UU., lo que posteriormente usó como justificante para imponer múltiples restricciones de acceso a tecnología estadounidense.

Mediante la restricción de acceso a tecnología y al prohibir el ingreso de proveedores chinos a su propio mercado, Trump esperaba contar con una herramienta de coerción para obligar al país asiático a firmar nuevos acuerdos comerciales, y evidentemente, frenar su avance tecnológico en áreas como 5G o Inteligencia Artificial (IA).

Para hacer estas medidas más efectivas, el mandatario buscó el apoyo de naciones aliadas como la Unión Europea y los países miembros de la alianza Five Eyes (Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) para sumarse al boicot en contra de empresas chinas, principalmente proveedoras de tecnología como Huawei y ZTE.

Dentro de este escenario, múltiples países de la Unión Europea decidieron apoyar las medidas dictadas por la administración estadounidense, si bien de forma vacilante, ante los riesgos comerciales y políticos que implicaba enemistarse con la potencia asiática. Aunque no tan restrictivas, algunas naciones impusieron nuevas normas que buscaban limitar la participación de proveedores chinos en sus redes de telecomunicaciones.

En general, Europa estaba dispuesta a seguir el liderazgo de los Estados Unidos, en el entendido de que la alianza con el país norteamericano era beneficiosa en términos de comercio internacional y seguridad, a la vez que ambas regiones podrían seguir colaborando en temas críticos como la defensa de la democracia, los derechos humanos y la cooperación diplomática.

Sin embargo, las amenazas recientes de Trump, quien ha impulsado la imposición de tarifas arancelarias en contra de sus socios comerciales europeos, además de una renovada política expansionista que incluye la anexión de Groenlandia -territorio autónomo de Dinamarca-, ha despertado la desconfianza entre los europeos sobre la estabilidad de la alianza en el largo plazo.

“Ser un vasallo feliz es una cosa. Ser un esclavo miserable es otra cosa muy distinta”, dijo el primer ministro belga, Bart De Wever, durante su participación en la más reciente edición del Foro Económico Mundial en Davos. “Si ceden ahora, perderán su dignidad”. Incluso el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, fue más directo y aseguró que la tensión con Estados Unidos se trata “de una ruptura, no de una transición”.

Si bien la tensión en la relación política entre Estados Unidos y sus principales aliados europeos no conducirá automáticamente a estos últimos a alinearse con China, la realidad es que Europa podría optar por no seguir ciegamente las directrices de su socio norteamericano. En su lugar, buscaría adaptarse a un nuevo mundo multipolar que le permita mantener una relación estable y equilibrada con cada una de las principales potencias económicas.

En este contexto, la nueva ley propuesta aún incluye disposiciones y referencias para atender los riesgos de seguridad, interferencia y dependencia estratégica relacionados con “terceros países” y actores extranjeros controlados por gobiernos. Aunque no se refiere directamente a China, este tipo de medidas han estado dirigidas principalmente a evitar la posible inferencia del país asiático en el ecosistema tecnológico europeo.

Por ejemplo, el texto de la ley en el artículo 26, sobre las reglas de armonización de frecuencias radioeléctricas, establece que las autoridades nacionales podrán bloquear la transferencia o arrendamiento de derechos de uso del espectro radioeléctrico si el nuevo titular está bajo control de un tercer país.

En específico, la ley se refiere a entidades controladas “directa o indirectamente, por ejemplo, mediante una financiación significativa, incluidas subvenciones, por el gobierno de un tercer país” o que persiguen proyectos dirigidos por el Estado.

Asimismo, la ley busca dar más claridad a las preocupaciones alrededor de las cadenas de suministro que surgieron a partir de la pandemia y las tensiones geopolíticas entre las principales potencias económicas.

La propuesta subraya el riesgo de que la UE sea “estratégicamente dependiente de actores extranjeros” para servicios cruciales de seguridad y defensa, particularmente en el sector satelital.

Para mitigar estos riesgos, el texto vincula las autorizaciones generales y el uso del espectro al cumplimiento de los requisitos de seguridad de la cadena de suministro de las TIC (conforme a la Ley de Ciberseguridad y el conjunto de herramientas de ciberseguridad 5G); y permite a las autoridades retirar el derecho a proporcionar redes o servicios si un proveedor no cumple con dichos requisitos de seguridad de la cadena de suministro.

Espectro y fibra

La nueva norma establece que, por defecto, los derechos de uso del espectro tengan duración ilimitada, con cláusulas de revisión y la posibilidad de revocación en casos justificados. Esto reemplaza el enfoque actual de licencias con plazos relativamente cortos. Además, se introduce el principio de renovación cuasi automática de las licencias, siempre que el operador cumpla las condiciones establecidas.

La propuesta habilita la armonización de las condiciones de autorización (uso, obligaciones, diseño de subastas), atacando uno de los principales problemas del marco actual: subastas mal diseñadas, licencias cortas y reglas divergentes entre países, que elevaron los costos del espectro y ralentizaron el despliegue de 5G.

Se promueve explícitamente el uso de diseños de subastas pro-inversión, priorizando resultados de despliegue y calidad de red por sobre la maximización de ingresos fiscales.

En definitiva, se incentivará la inversión y el despliegue de 5G Stand-Alone y 6G.

Estas medidas fueron de las pocas aplaudidas por la industria móvil: “Es alentador ver un enfoque más inteligente y a largo plazo para esta cuestión clave, que refleja cómo el espectro es el motor de la industria de la conectividad. El enfoque del Mercado Único descrito en la Estrategia Nacional de Transparencia (AND) brindará mayor seguridad en la inversión a los operadores móviles, y ahora es vital que los colegisladores de la UE apoyen esta medida”, sostuvo la GSMA.

Connect Europe considera que hay que garantizar la certidumbre regulatoria tanto en los servicios especializados como en la segmentación de red, para que los operadores puedan ofrecer servicios 5G avanzados e innovadores a sus clientes: “Si no corregimos el enfoque fragmentado y restrictivo actual, Europa corre el riesgo de quedar aún más rezagada respecto a otras regiones del mundo en 5G avanzado”.

Lo que no fue aplaudido fueron los calendarios de transición a la infraestructura de fibra. “La ley final debe volver a centrarse en promover el despliegue de fibra, en lugar de establecer fechas arbitrarias para la desconexión del cobre. Las normas de transición propuestas prevén procedimientos complejos y onerosos, que prevemos tendrán efectos indeseados que inhibirán la competencia, la inversión y la elección de los clientes”, sostuvo en su comunicado Connect Europe. 

El fair share no llegó a la ley

Uno de los principales reclamos de las telcos europeas quedó fuera del texto: la contribución justa o fair share. Desde hace algunos años, los operadores de telecomunicaciones abogan para que empresas como como Meta, Youtube o Netflix contribuyan en la inversión en la infraestructura digital que realizan las telcos. El sector asegura que las tecnológicas son las principales responsables de la generación de tráfico y las más beneficiadas, por lo que debían compartir la responsabilidad de ampliar las redes de telecomunicaciones.

La iniciativa sobre contribución justa se había establecido en junio de 2023, en un documento de política de competencia que votó el Parlamento Europeo, aunque la Comisión Europea no avanzó en la propuesta.

Luego, el fair share fue perdiendo peso, hasta que el año pasado, en un acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos (cuna de las principales Big Tech) y Europa se establecieron compromisos de la UE respecto de su enfoque regulatorio alrededor de las tecnologías digitales, entre ellos la no adopción de tarifas por uso de la red.

A pesar de que en instancias previas los operadores esperaban que se incluyera esta idea en la normativa, el texto publicado propone “un mecanismo de cooperación voluntaria para solucionar conflictos relacionados a interconexión y eficiencia de tráfico”. En otras palabras, no se incluyen provisiones para pagos obligatorios o tasas directas para proveedores de contenido, sino que se introduce este sistema de conciliación voluntaria facilitado por el BEREC (el regulador europeo) a fin de resolver cuestiones técnicas y comerciales afines a la prestación de servicios de forma eficiente, económicamente sostenible y fiable.

Al mismo tiempo, el documento sostiene que “se mantienen plenamente los principios de neutralidad de la red”, incluso con la incorporación de un mecanismo para aclarar las normas de Internet abierta para los servicios innovadores, a fin de aumentar la seguridad jurídica.

Como era de esperarse, la industria móvil reaccionó ante este punto. La GSMA afirmó que los mecanismos voluntarios de conciliación “distan mucho de abordar las importantes y persistentes asimetrías en el poder de negociación. La falta de un mecanismo de resolución de conflictos más vinculante y la ausencia de una transición de la regulación sectorial a la horizontal perpetúan unas condiciones de competencia desiguales que perjudican al sector de las telecomunicaciones y a la competitividad general de la UE”. 

Mercado único europeo sin consolidación

A través de foros, documentos, conferencias y comunicaciones directas con las autoridades europeas, los operadores del Viejo Continente han sido muy claros en que se requiere facilitar la consolidación entre los múltiples operadores de la región para reducir la fragmentación actual. Según los grandes grupos de telecomunicaciones, al relajar las medidas de fusiones y adquisiciones entre operadores de los países que conforman la organización, se permitiría generar una mayor escala requerida para hacer frente a las cuantiosas inversiones que requieren las redes para la modernización hacia 5G y fibra óptica.

Con una población cercana a los 450 millones de habitantes a través de los países miembros de la Unión Europea, se estima que la región cuenta con al menos 48 grandes operadores de redes móviles, una cifra que contrasta con los apenas tres operadores nacionales que se cuentan en países como Estados Unidos y China, este último incluso con un territorio y población significativamente más amplios que Europa.

Lo anterior se refleja en la amplia disponibilidad de nuevas tecnologías de conectividad en Estados Unidos y China, donde operadores mejor capitalizados y operaciones a gran escala son capaces de ejecutar importantes inversiones de despliegue y actualización. Según las más recientes cifras de Ericsson, tanto China como Estados Unidos poseen una cobertura nacional 5G del 95% de la población, superando el 85% registrado en Europa (excluyendo Rusia).

Las propias cifras de los operadores son incluso más fatalistas al afirmar que el mercado europeo “se encuentra rezagado con respecto a otros grandes mercados”, pues actualmente sólo 2% de los europeos se conecta a redes 5G independientes, frente al 25% de los estadounidenses y más del 77% en China.

Adicionalmente, la alta fragmentación del mercado europeo no se trata únicamente del despliegue, sino de la viabilidad y rentabilidad económica de los grupos de telecomunicaciones en Europa. Durante el pasado MWC 2025 en Barcelona, Tim Höttges, CEO de Deutsche Telekom, hizo una clara comparación del rendimiento financiero entre Estados Unidos y Europa: mientras que en el país norteamericano el ARPU se encuentra en 42 euros por móvil y 58 euros por fibra, en Europa apenas llega a los 15 euros por móvil y 13 euros la fibra.

Los grandes grupos de telecomunicaciones europeos consideran que las autorizaciones para la consolidación entre operadores al interior de la región sería un avance regulatorio positivo que permitiría a la industria operar en una mayor escala y alcance, facilitar el despliegue de redes continentales, acelerar la actualización de la infraestructura a redes de última generación, mejorar sus márgenes de beneficios y, finalmente, lograr el tan buscado mercado único europeo.

Aunque el tema llegó a convencer a ciertos personajes de la Comisión Europea -como Thierry Breton, antiguo comisario de Mercado Interior-, las demandas de los operadores no han logrado concretarse en una regulación o normativa que facilite la integración de grandes grupos continentales con escala similar a los operadores chinos o estadounidenses.

En ese sentido, la nueva propuesta de redes digitales se limita a introducir nuevas medidas y actores para monitorear el impacto de las fusiones en el mercado, dejando que la decisión sobre fusiones y adquisiciones se mantengan dentro de las leyes de competencia aplicables.

La nueva ODN estaría encargada de publicar informes anuales sobre el progreso hacia el mercado único. Específicamente, analizar el impacto en el mercado de las fusiones y los “efectos ex post” que estas han tenido en la estructura del mercado.

Competencia de los reguladores sectoriales y el rol de BEREC

La propuesta de ley mantiene a los reguladores sectoriales de los Estados miembros como actores centrales del sistema, pero redefine sus competencias dentro de un marco europeo mucho más amplio. Las autoridades nacionales conservan la regulación cotidiana de los mercados, incluyendo el análisis de competencia, la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones de acceso e interconexión, bajo principios reforzados de independencia, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, su margen de discrecionalidad se reduce de forma significativa, debido a que muchas reglas pasan de ser directivas a reglamento, por lo que los reguladores ya no “transponen”, sino que aplican directamente el derecho europeo.

Según el texto, la transposición nacional del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC) fue el problema central de la normativa. “La experiencia con la EECC muestra que los Estados miembros no han podido abordar a tiempo los desafíos sectoriales, debido al largo tiempo que llevó transponer la EECC a la legislación nacional”.

Uno de los cambios clave es el refuerzo de los mecanismos obligatorios de coordinación a nivel de la Unión. Cuando una medida nacional pueda afectar al comercio entre Estados miembros o al funcionamiento del mercado único, los reguladores deben notificar a la Comisión Europea y a BEREC, y tener en cuenta sus observaciones antes de adoptarla. En materia de espectro, los reguladores nacionales siguen siendo responsables de la asignación, pero dentro de un sistema más disciplinado a nivel europeo, con condiciones armonizadas sobre duración, renovación y uso del espectro, y con estrategias y hojas de ruta comunes que buscan dar previsibilidad a la inversión.

En este nuevo esquema, BEREC refuerza su papel como garante de la coherencia regulatoria en la Unión. Sin convertirse en un “superregulador”, pasa a ocupar una posición central en la elaboración de guías, opiniones e informes que orientan la aplicación uniforme del reglamento. Aunque sus pronunciamientos siguen sin ser jurídicamente vinculantes, el texto eleva su peso político y técnico, ya que los reguladores nacionales deben justificar cualquier desviación relevante respecto de sus recomendaciones.

Además, BEREC amplía su campo de acción hacia áreas estratégicas como la resiliencia de las redes, la gestión de crisis y la coordinación en espectro, en cooperación con el nuevo Radio Spectrum Policy Body (nuevo órgano europeo de gobernanza estratégica del espectro radioeléctrico). También juega un rol clave en el funcionamiento del pasaporte único para servicios transfronterizos y en la recolección y análisis de datos de mercado a escala europea, apoyado por la nueva Office for Digital Networks. En conjunto, la propuesta consolida un modelo en el que la regulación sigue siendo nacional en la ejecución, pero claramente europea en la orientación y el control de coherencia.

BEREC reaccionó positivamente a la publicación de la propuesta. El ente regulador destacó que el texto apunta a mejorar la armonización normativa y la competitividad de las redes avanzadas en Europa, reforzar el mercado único de la conectividad y crear un entorno más favorable para el desarrollo de los servicios digitales en la Unión. Asimismo, en un comunicado, manifestó su disposición a contribuir activamente con su experiencia técnica y regulatoria a lo largo del proceso legislativo y a mantener un diálogo estrecho con las partes interesadas a medida que avancen las discusiones sobre la iniciativa. 

Pasos insuficientes

En perspectiva global, el diagnóstico es incómodo para Europa: mientras Estados Unidos y China avanzan a gran velocidad en la carrera por la digitalización, con despliegues masivos de 5G, 5G Stand Alone, fibra e Inteligencia Artificial, apalancados en operadores de gran escala y marcos regulatorios más ágiles, el Viejo Continente continúa atrapado en un modelo sobrerregulatorio que ha limitado la inversión, la innovación y la competitividad. La fragmentación del mercado, la carga normativa y la falta de decisiones estructurales han ido erosionando la posición europea frente a dos potencias que conciben la conectividad como un activo estratégico central para su desarrollo económico, tecnológico y geopolítico.

En ese marco, la nueva Ley de Redes Digitales introduce algunos avances puntuales y corrige ciertos desequilibrios históricos, pero no logra imprimir la velocidad ni la profundidad que el sector reclama. La ausencia de medidas contundentes en materia de consolidación, fair share, simplificación real y estímulos claros a la inversión deja a la normativa lejos de resolver los problemas estructurales de las telecomunicaciones europeas. Tras años de debates, consultas y negociaciones, el resultado es una ley que reconoce los desafíos, pero no termina de enfrentarlos con decisión. Así, la Ley de Redes Digitales se presenta como un paso adelante, aunque insuficiente, para revertir el rezago de Europa en un escenario digital cada vez más competitivo y acelerado.