Ley de Mercados Digitales en Brasil: ALAI advierte sobre riesgos de seguir modelo europeo
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) divulgó una nota pública contra el proyecto de ley 4675/25, enviado por el gobierno a la Cámara de Diputados, que establece la creación de la Superintendencia de Mercados Digitales en el CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica) y reglas específicas para plataformas de “relevancia sistémica”.
La entidad argumenta que Brasil importaría incertidumbres al reflejar el modelo europeo. “No hay evidencias de que un régimen regulatorio preventivo, como el propuesto, sea la mejor respuesta. Brasil no debe repetir los mismos errores de Europa”, afirma la Asociación, en referencia al Digital Markets Act (DMA).
Entre los principales puntos de crítica de la ALAI se encuentran la posibilidad de superposición institucional, ya que el CADE ganaría una estructura paralela dedicada al sector digital; la falta de criterios objetivos para designar empresas como de relevancia sistémica; y la imposición de obligaciones preventivas, como interoperabilidad y portabilidad de datos, sin comprobación de fallas de mercado.
La Asociación también cuestiona la duración de las designaciones, que podrían llegar hasta 10 años, y advierte que la exigencia de auditorías independientes costeadas por las propias plataformas puede “cargar de manera desproporcionada” a todo el ecosistema digital. “La propuesta crea barreras que terminan penalizando a startups y pequeñas empresas que dependen de la publicidad digital y de servicios ofrecidos por grandes plataformas”, añade el texto.
Asimismo, la ALAI cuestiona la propia premisa de separar un “mercado digital” dentro de la política de competencia. Para la entidad, las tecnologías digitales son transversales a todos los sectores económicos y no constituyen un sector aislado.
Una fuente del gobierno consultada por DPL News sostiene que el proyecto de ley justamente reconoce el papel de ciertas plataformas como infraestructura esencial para otros segmentos; es decir, no se trata sólo de las Big Tech globales, sino de empresas cuya posición de mercado les da capacidad de condicionar la entrada, la innovación o la competitividad de terceros.
Restaurantes que dependen de aplicaciones de entrega, bancos y Fintechs condicionados por tiendas de aplicaciones, y medios de comunicación cuya audiencia es impactada por buscadores y redes sociales fueron algunos de los ejemplos citados.
Además, el gobierno refuerza que el proyecto sigue una línea intermedia entre la regulación estricta de la Unión Europea y el modelo litigioso de Estados Unidos. Según la fuente, “es un proceso más de institucionalidad, que otorga atribuciones al CADE para definir caso por caso, con salvaguardas y participación de la sociedad civil”.
La evaluación del Ejecutivo es que la modernización permitirá al CADE actuar con rapidez y de forma preventiva frente a prácticas anticompetitivas en el entorno digital, fortaleciendo la soberanía regulatoria y preservando la competitividad en sectores afectados por el poder de mercado de las plataformas.