La maldita deuda: inclusión digital

Reforma Jorge Fernando Negrete P.

“Me decían los técnicos que estaba fácil, que estaba papita, ¡y no ha estado como dicen!, está cañón, no hemos podido”: Andrés Manuel López Obrador.

Una tercera parte de América Latina está sin conectar y tenemos enormes áreas sin conectar en Centroamérica, Colombia, Paraguay, Brasil y prácticamente en toda la región, México incluido. Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) da cuenta de que se necesitan casi 50 mil millones de dólares para proporcionar conectividad universal sólo a los países de la región para 2030.

Tres países lideran casi la plena cobertura: Chile, Uruguay y Costa Rica. Algunos podrían decir que son países pequeños, pero también lo son Ecuador o Guatemala. El tema es ¿qué hicieron bien?, y ¿qué se ha hecho mal? Difícil sintetizar experiencias regulatorias y política pública, pero va un intento.

Cuando existe asimetría en el consumo de bienes y servicios, el Estado interviene vía la rectoría económica que tiene varias herramientas:

Orientación. Coordina y dirige las acciones del gobierno con política pública. En materia digital hablamos de agendas digitales, hojas de ruta programática que tienen un largo periodo de aceptación en América Latina, desde el mítico Plan Vive Digital de Colombia, Argentina Conectada, la Estrategia Digital de México, el Plan de Banda Ancha de Brasil o Europa y España Digital. Son documentos robustos con objetivos, indicadores y estrategias precisas para conectar y generar transformación digital en la sociedad.

Estímulo. Los gobiernos generan herramientas de estímulo a la inversión como deducción fiscal, zonas especiales de inversión, alianzas público-privadas o créditos especiales para proyectos. Por ejemplo, el presidente Biden acaba de autorizar el apoyo de 60 mil millones de dólares para el desarrollo de la industria de chips y procesadores en Estados Unidos.

Intervención indirecta. El gobierno crea y opera Fondos de Acceso Universal a partir de los ingresos generados por las licitaciones de espectro o impuestos especiales. El caso más famoso es el de Costa Rica, que cuenta con un mítico fondo de 400 millones de dólares para poder ser invertido en conectividad.

Otros países con fondos de acceso universal son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

Empresa pública. Hay muchos casos donde el gobierno no confía en el mercado y alega una falla, en ese momento decide entrar a operar y competir en el mercado.

Colombia cuenta con la mayor cantidad de empresas públicas o asociaciones: UNE (Medellín), Emcali, ETB (Bogotá) y 30% de Movistar. Brasil tiene Telebras, Honduras a Hondutel, Costa Rica al ICE, Uruguay a Antel y Paraguay a Copaco. Recientemente, México adquirió la Red Mayorista privada Altán y creó CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para tomar el reto de abatir la brecha de acceso de conectividad.

Un común denominador de este modelo es la inversión intensiva de recursos económicos que se necesita en el sector de la conectividad y el alto grado de innovación.

Las empresas de telecomunicaciones son globales para obtener economías de escala y deben contar con un portafolio de bandas de espectro radioeléctrico.

Los fondos de acceso universal han demostrado su falta de adaptabilidad y eficiencia operativa, además de que cuentan con un enemigo llamado gobierno, que frecuentemente desea esos fondos para su tesorería, las empresas públicas son anticompetitivas y carecen de la escala global de operaciones y eficiencia en la ejecución de su modelo de negocios.

Chile, el país mejor conectado en América Latina y con los anchos de banda más rápidos, no tiene empresas públicas, no tiene fondos de acceso universal y lidera con regulación eficiente para abatir las barreras a la inversión y los precios del espectro más bajos de América Latina.

Combatir la brecha de acceso parece ser más fácil de lo que imaginamos: desregular el sector y bajar los precios de espectro radioeléctrico.

Presidente de Digital Policy & Law

Twitter: @fernegretep

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