La Información Jesús Martínez
Después de años sosteniendo una dura batalla con el Gobierno por las competencias en el sector de la energía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alzado la voz esta vez por la nueva Ley General de Telecomunicaciones, cuyo anteproyecto ha sido recientemente presentado. El organismo presidido por Cani Fernández se queja al Ministerio de Asuntos Económicos por haberle ‘robado’ tareas que hasta ahora estaban bajo su paraguas como es la gestión del registro de los operadores españoles, el cobro de diferentes tasas vinculadas a la actividad de competidores o la imposición de varias obligaciones regulatorias.
Cani Fernández tomó posesión en junio de su cargo al frente del regulador de la competencia español en sustitución del hasta ese momento presidente, José María Marín Quemada. Lo hizo después de haber pasado por el bufete Cuatrecasas y, más recientemente, por el Gabinete de Presidencia del Gobierno en La Moncloa. Su mandato no ha tenido grandes sobresaltos, ni rifirrafes políticos significativos. Hasta ahora. El organismo ha puesto el grito en el cielo en un informe de más de cien páginas, al que ha tenido acceso La Información, sobre la reforma de la ley de telecomunicaciones, con la que España transpone la directiva europea. Entiende que el Ministerio de Asuntos Económicos, con Nadia Calviño a la cabeza, ha puesto sobre la mesa un “planteamiento de mínimos” en relación con la distribución de las funciones entre ambos, en virtud del cual se atribuyen a la CNMC sólo las tareas que “de manera expresa e inequívoca” le asigna la directiva. Para el resto, según relata el organismo en el documento, el antproyecto da poderes al propio Ministerio.