Justicia autoriza a Oi a usar 84 mdd en garantías retenidas para pagar obligaciones laborales
La 7ª Vara Empresarial de Río de Janeiro, Brasil, autorizó este 26 de noviembre la liberación inmediata de parte de las garantías que Oi mantiene vinculadas a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) como parte del acuerdo de autocomposición que permitió el fin de la concesión de telefonía fija.
La decisión, firmada por la jueza Simone Gastesi Chevrand, atiende a una solicitud de la administración judicial de la compañía, que sostiene que existe un “exceso de garantías” retenidas y alerta sobre una situación crítica de liquidez en Serede, la subsidiaria responsable por la mayor parte de la fuerza laboral del grupo.
En el despacho, la magistrada destaca que Serede enfrenta un riesgo inminente de no poder pagar el aguinaldo de sus cerca de 17,000 empleados (una cifra muy superior a los menos de 2,000 trabajadores directos actualmente vinculados a Oi). El pago vence este viernes, 28 de noviembre de 2025, y, según la administración judicial, no hay recursos suficientes para cumplir con la obligación sin el desbloqueo de las garantías.
La jueza autorizó a la empresa a iniciar el procedimiento para liberar hasta US$ 84.1 millones (equivalentes a R$ 450 millones) de la cuenta vinculada, pero no dejó claro si toda la suma podrá ser movilizada o si el levantamiento quedará limitado al monto necesario para cubrir la nómina. La decisión resalta que la transferencia bancaria tarda alrededor de 48 horas en compensarse, lo que, según Chevrand, permitiría revertir la operación si la instancia superior considera la medida inapropiada.
A pesar de la autorización, la liberación efectiva dependerá de un aval de la desembargadora Monica Di Piero Costa, relatora en la segunda instancia y responsable por suspender el decreto de quiebra.
La cautela se debe a que el acuerdo entre la Anatel, Oi, V.tal y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) está actualmente bajo análisis del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. La segunda instancia ya reconoció la validez de dicho entendimiento al derribar la sentencia de quiebra de Oi, y por ello cualquier cambio en las garantías vinculadas al arreglo debe ser examinado prioritariamente por la relatora.
No obstante, la 7ª Vara justificó su intervención por la urgencia y el riesgo de paralización de servicios esenciales. La jueza ponderó que, aunque las garantías retenidas por la Anatel tienen la función de asegurar la continuidad de la telefonía fija en regiones donde Oi aún está obligada a operar y garantizar la atención de los servicios públicos esenciales, la propia Agencia ya recibió valores considerados suficientes para contratar otra prestadora en caso de incumplimiento. Este entendimiento fue calificado como un “hecho nuevo” por la magistrada.
Mientras la Justicia evaluaba la solicitud, en Brasilia, a la misma hora, el presidente de la Anatel, Carlos Baigorri, participó en un evento de TIM y afirmó que aún no había tenido acceso a la sentencia, pero adelantó que la Agencia apelará. Indicó que la cuenta garantía existe para proteger la continuidad de los servicios públicos delegados y no debe utilizarse para aliviar presiones de caja de la compañía.
La decisión ahora seguirá para la evaluación de la desembargadora de segunda instancia, quien tendrá la última palabra sobre el levantamiento. Si ella rechaza la liberación, los valores podrán ser restituidos a la cuenta garantía antes de cualquier movimiento, preservando el acuerdo firmado en el proceso de migración del régimen de concesión al de autorización de la telefonía fija.