El texto que recibió la aprobación bipartidista establece que cualquier persona que envíe, entregue, transfiera, publique o distribuya imágenes o videos de órganos sexuales o contenido sexualmente explícito, destinado a permanecer en privado, sin el consentimiento de las personas representadas, será castigado con prisión de uno a seis años y pagará una multa de 5 mil a 15 mil euros.
En caso de que el delito se cometa por la pareja o por un ex podría agravar la condena o si los hechos se difunden por medios digitales.
La misma sanción se aplica a quienes hayan recibido o, en cualquier caso, hayan adquirido las imágenes o los videos, los envíen, los entreguen, los vendan, los publiquen o los difundan sin el consentimiento de las personas representadas para causarles daño.
Además, la pena se incrementará un tercio más si la persona afectada padece alguna discapacidad física o mental.
El plazo para denunciar es de seis meses.
