Intel pierde caso antimonopolio en Europa, pero logra reducir la multa
Intel, el mayor fabricante de chips de Estados Unidos, perdió un recurso de apelación en contra de una multa impuesta por la Comisión Europea (CE) sobre un caso antimonopolio que se remonta hasta 2009, aunque logró reducir el monto de la sentencia en 140 millones de euros, por lo que ahora tendrá que pagar 237,105,540 euros.
La multa se relaciona con un caso antimonopolio abierto en 2009 en contra de Intel, cuando la compañía fue acusada de abuso de posición dominante, ya que su “objetivo era expulsar a su competidor AMD del mercado de los microprocesadores x86”.
La multa impuesta originalmente había sido de 1,060 millones de euros, la cual fue apelada por la compañía de chips. El Tribunal General de la Unión Europea anuló parcialmente la decisión, por lo que en 2023 la CE presentó el caso antimonopolio revisado que “se limitaba a las ‘restricciones manifiestas’ impuestas a HP, Acer y Lenovo en cuanto al uso de procesadores AMD”.
Las “restricciones manifiestas” referidas por la CE se centran en supuestos pagos que Intel realizó a fabricantes como Acer y Lenovo para retrasar el lanzamiento de productos con chips de AMD entre 2002 y 2006. Derivado de estas prácticas, Intel recibió una multa revisada en 2023 de 376,358,000 euros.
La multa fue nuevamente apelada por Intel, cuyo caso se resolvió este miércoles cuando el Tribunal General confirmó la decisión de la Comisión de 2023 contra Intel, pero con una reducción de la multa en aproximadamente 140 millones de euros.
La sentencia del Tribunal desestimó los alegatos de la compañía de chips que consideraba que la acusación de 2023 era insuficiente, y que se le debió enviar un nuevo pliego de cargos. Al mismo tiempo, sostuvo que la facultad de la Comisión y las “restricciones manifiestas” ya habían sido demostradas, por lo que no era necesario abrir un nuevo caso antimonopolio.
En ese sentido, aunque no se cuestiona la legalidad de la decisión tomada por la CE, el Tribunal consideró que la multa debía ser ajustada para tomar en cuenta el número relativamente limitado de dispositivos afectados y el tiempo en que se realizaron las prácticas anticompetitivas.
La Comisión e Intel aún pueden recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, la máxima autoridad constitucional de la Unión.