El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia quiere incrementar el pago de impuestos a través de plataformas como Nequi, Dale y la recién lanzada Bre-B, al eliminar las diferencias en la tarifa de retención en la fuente entre los pagos electrónicos y los realizados con tarjetas de crédito o débito.
Por ello, presentó una propuesta de decreto, la cual busca equiparar la retención en la fuente del 1.5% para todos los medios de pago electrónicos, con el fin de evitar arbitrajes regulatorios entre los diferentes productos financieros. En otras palabras, todos los pagos electrónicos, ya sean transferencias, QR, tarjetas virtuales o tradicionales, quedarían sujetos a la misma tarifa de retención, bajo un régimen uniforme que garantice trazabilidad y transparencia.
La propuesta parte del reconocimiento de que el sistema financiero colombiano ha experimentado una rápida transformación tecnológica. Hoy existen múltiples métodos de pago que facilitan las transacciones sin dinero en efectivo. Sin embargo, las normas tributarias mantienen un tratamiento en el que los pagos con tarjetas de crédito o débito están sujetos a una retención del 1.5%, que no se aplica a otros pagos electrónicos similares.
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El texto del decreto señala que esta disparidad ha generado “un tratamiento inequitativo que favorece el arbitraje entre productos financieros”, además de complicar la administración tributaria.
En consecuencia, el Ministerio considera necesario “reconocer un trato similar entre los productos que ofrecen plena trazabilidad transaccional”, y así fortalecer la formalización e inclusión financiera.
El decreto también propone redefinir a los agentes de retención. Actualmente, las entidades emisoras de tarjetas débito o crédito (como bancos) son las responsables de aplicar la retención, pero con la nueva norma esa función pasaría a los adquirentes y agregadores que desempeñan un papel clave en el ecosistema de pagos digitales.
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Los adquirentes son las entidades que vinculan a los comercios para procesar sus ventas con tarjetas o medios digitales como PSE (Pagos Seguros en Línea), mientras que los agregadores son intermediarios que permiten a varios comercios procesar pagos sin tener una relación directa con una entidad adquirente, como ocurre en plataformas de comercio electrónico o aplicaciones móviles.
Asimismo, el decreto aclara el orden de prelación en la práctica de la retención del impuesto sobre las ventas, pues las entidades emisoras deberán aplicarla cuando los pagos no se realicen a través de adquirentes o agregadores; en los demás casos, serán estos últimos quienes asuman la responsabilidad.
El Ministerio de Hacienda subraya que la medida se enmarca en un esfuerzo más amplio por fortalecer la formalización económica y la inclusión financiera. Los pagos digitales, incluidos los depósitos de bajo monto y las transferencias electrónicas, permiten reducir el uso de efectivo, mejorar la trazabilidad de los recursos y fortalecer el control fiscal.
Opiniones encontradas sobre el decreto
Colombia Fintech manifestó su preocupación por el impacto del proyecto de decreto que propone el Ministerio de Hacienda.
La asociación señaló que “extender la retención en la fuente del 1.5% a todas las transacciones electrónicas puede generar un efecto desincentivador sobre pequeños comercios y emprendedores, precisamente en un momento en que Colombia avanza hacia la modernización del sistema de pagos con la implementación de Bre-B, la nueva infraestructura de pagos inmediatos e interoperables”.
Según el gremio, el enfoque debería centrarse en eliminar, y no extender, las retenciones para incentivar la formalización y la digitalización de los servicios financieros.
“El país no puede seguir premiando el uso del efectivo y castigando la digitalización de los servicios financieros”, advirtió Colombia Fintech a través de su comunicado oficial.
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En su análisis, medidas de fiscalización como la propuesta podrían frenar el avance del ecosistema Fintech y desalentar la adopción de herramientas digitales. Para Colombia Fintech, este es un momento clave para “actualizar el marco regulatorio y generar incentivos reales para la inclusión financiera, la formalidad y la competencia en el sistema financiero nacional”.
Por su parte, los presidentes del Banco de Bogotá y Davivienda manifestaron su rechazo a la propuesta del Ministerio de Hacienda y lo calificaron de un acto de “desespero ante la calamitosa situación fiscal que tiene el Gobierno Nacional buscando recursos por todas partes”, aseguró César Prado, presidente del Banco de Bogotá, de acuerdo a la prensa local.
María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) advirtió que la medida “castiga los pagos digitales, encarece las operaciones por Internet y podría ralentizar la digitalización financiera”.
El proyecto de decreto se encuentra en etapa de comentarios públicos y podría ser ajustado antes de su firma definitiva.