El gobierno de Guatemala anunció que se encuentra alistando la subasta por el espectro radioeléctrico de 700 MHz, que servirá para el desarrollo de redes 4G. Aunque no definió una fecha para lanzar el proceso, busca hacerlo en el 2021.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) proyecta licitar 60 MHz después de completar el ordenamiento de la banda de frecuencias, ya que en la actualidad todavía operan en ella emisoras de televisión abierta.
Desde hace varios años, la subasta 4G ha estado en el tintero sin lograr avanzar, debido a obstáculos jurídicos y administrativos, mientras en el resto del mundo y en algunos países latinoamericanos ya se estudian o se han lanzado los concursos públicos para 5G.
Todavía no está claro si se llevará a cabo en este 2021. El año anterior, el gobierno de Alejandro Giammattei, quien asumió como presidente en enero, se propuso concretar el proceso en el 2020, pero en medio de la pandemia por Covid-19 no se logró.
Además, en esta ocasión la licitación se enmarca en una polémica por la compra de frecuencias por parte de Tigo. La empresa se hizo de 30 MHz en la banda de 700 MHz a través del mercado secundario y, según el gobierno, cuenta con sus respectivos títulos.
Sin embargo, el extitular de la SIT, José Monterrosa, quien fue destituido semanas atrás, dijo que tuvo que dejar el cargo debido a presiones del viceministro de Comunicaciones, Rodolfo Letona, para que firmara la resolución mediante la cual supuestamente se favorece a Tigo para quedarse con las frecuencias sin pasar por una subasta.
Monterrosa afirmó que no quiso apoyar la resolución “porque había una arbitrariedad, ya que no hay ningún operador de telefonía que tenga derechos dentro de la banda 700 MHz (…). En los títulos otorgados por la SIT, no hay ninguno que diga que un operador de telefonía tenga derecho dentro de esa banda”.
Al respecto, el viceministro Letona declaró a un medio local que no se está beneficiando a Tigo, no se le está dando algo gratuito ni se trata de competencia desleal, ya que el operador adquirió los títulos de usufructos que eran de Albavisión.
En tanto, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala recomendó a la Contraloría de Cuentas y al Ministerio Público que inicien investigaciones administrativas y penales sobre la adjudicación de espectro, para determinar si hubo discrecionalidad o no.