Gravamen TIC para financiar el deporte argentino avanza sin voces del sector
Diputados de Argentina debatieron, en reunión conjunta de las Comisiones de Deporte, Comunicaciones, Informática y Presupuesto y Hacienda, sobre proyectos que podrían traer como resultado un nuevo gravamen para las TIC, en este caso para financiar el deporte en el país. Aunque su impacto sería directo, no hubo representantes del sector en el debate en comisiones: habrá reunión para dictamen el próximo martes 21 de octubre.
La iniciativa, promovida por los diputados Rogelio Iparraguirre y Victoria Tolosa Paz, ya atravesó distintas instancias internas y seguirá avanzando en tanto no se considere la opinión de las TIC, que pidieron ser parte del debate. Busca, entre otros puntos, modificar el artículo 39 de la ley 26,573, que atañe a la financiación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), y volver a incluir a los licenciatarios de servicios de comunicaciones como instancia de aporte.
El texto propone la financiación del Ente a través de “un cargo del 1%, aplicado sobre la facturación total anual neta de IVA de las empresas Licenciatarias de servicios TIC conforme los términos de la Ley Argentina Digital. Los servicios TIC afectados a esta disposición son: comunicaciones móviles, telefonía fija, TV por suscripción (VFR + SAT), Internet Fija y los restantes servicios de comunicación audiovisual”.
Una regla similar funcionó hasta 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri aplicó cambios de modo que el presupuesto del Ente sea incluido en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional. Hasta entonces corría el cargo del 1% para proveedores TIC pero con variantes respecto a la nueva iniciativa, pues por entonces había luz verde para que las empresas aplicaran el costo de la normativa a los clientes.
“En esta nueva instancia, proponemos que el cargo total por el sostenimiento del Enard sea soportado totalmente por las empresas (…) considerando su integración horizontal de 2009 a la fecha, la desregulación tarifaria y el notorio crecimiento de sus ingresos netos”, proponen los defensores del nuevo proyecto y agregan, en otras palabras, que como ya pagaron los usuarios, es turno de que paguen los operadores que, a criterio de los firmantes, “cuentan además con superbeneficios derivados de su condición de mercado con un alto grado de concentración”.
Pedido de revisión
En sintonía con el alerta que había emitido Asiet sobre el tema, desde la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC) también solicitaron revisar la propuesta y, al mismo tiempo, que se considere al sector en las instancias de debate. Es que de la discusión más reciente, que tuvo lugar hace algunos días, solo participaron representantes del deporte, entre ellos el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, Rodolfo Paverini; y secretarios deportivos de distintas provincias.
En una carta previa a la reunión conjunta de Comisiones, ATVC pidió a las autoridades legislativas “que se reconsidere el mecanismo propuesto de financiamiento” y “se haga partícipe a la industria de TIC del debate sobre estas iniciativas”, para entender los impactos potenciales de la medida sobre la industria y la población en su conjunto.
El pedido del sector se basa principalmente en lo “distorsivo” de financiar una actividad con aportes de una industria que no tiene que ver con su naturaleza e incluye otros elementos tales como que la industria TIC “es uno de los mayores contribuyentes del país y Argentina uno de los países de la región con más proporción de impuestos y tasas como porcentaje del costo total de la conectividad”; el sector está sujeto a más de 20 tributos y tasas con una presión tributaria promedio de 41,5%.
Además, desde la Asociación señalaron a DPL News que en el cambio de 2017 “se mantuvo el impuesto del 1% pero como parte de los impuestos internos que se cobran a las empresas de telefonía celular y satelital, llevando la alícuota del 4 al 5% en ese momento”. Esto significa que “los recursos aportados por la industria se mantuvieron; ha fallado la correcta asignación al Enard”, por lo que cualquier cambio sobre la normativa vigente también debería contemplar la baja al 4% de lo previsto en el artículo 30 de la ley de Impuestos.
Así, aunque el valor social de la actividad deportiva es innegable y el espíritu del proyecto pueda perseguir buenas intenciones, el avance de esta normativa puede ser otro palo en la rueda para una industria que “representa cerca del 5% del PBI nacional y es uno de los mayores empleadores del país”. Esto, además, podría ser igual a otra barrera para la inversión en un país en el que si bien mejoraron los ratios de cobertura aún hay déficit de uso de los servicios y otros desafíos integrados sobre el reto de cerrar la brecha digital.