Entra en vigor polémica ley contra las noticias falsas en Corea del Sur
Entró en vigor una controvertida legislación dirigida a combatir la difusión de información falsa y manipulada en Internet en Corea del Sur, una norma que endurece las sanciones contra medios de comunicación, creadores de contenido y grandes plataformas digitales que difundan noticias falsas. Sin embargo, ha despertado preocupación entre periodistas y organizaciones de derechos civiles por su posible impacto en la libertad de expresión.
La denominada ley contra las noticias falsas reforma la Ley de Redes de Información y Comunicaciones y permite a los tribunales imponer indemnizaciones punitivas de hasta cinco veces el daño comprobado a medios de comunicación y grandes canales en redes sociales, incluidos creadores de contenido en YouTube, que difundan información “ilegal, falsa o manipulada” con fines de lucro o para causar perjuicios.
Además, quienes reincidan en la distribución de contenidos que ya hayan sido declarados falsos por un tribunal podrán enfrentar multas de hasta 1,000 millones de wones (unos 656,000 dólares).
La normativa también impone nuevas obligaciones a las grandes plataformas digitales con más de un millón de usuarios diarios, que deberán establecer mecanismos para recibir denuncias sobre contenidos presuntamente falsos o manipulados, retirar publicaciones o suspender cuentas cuando corresponda y publicar informes de transparencia sobre las acciones adoptadas.
Entre las empresas afectadas figuran plataformas surcoreanas como Naver y Kakao, así como compañías internacionales como Google y Meta.
Tras la entrada en vigor de la ley, asociaciones periodísticas, organizaciones de libertades civiles y expertos en medios consideran que la redacción de la norma es demasiado amplia y ambigua.
La Asociación de Periodistas de Corea advirtió que la legislación “podría desalentar la cobertura crítica” sobre funcionarios públicos, políticos y grandes empresas. Mientras que otros grupos sostienen que el apartado de “información falsa” o “manipulada” carece de definiciones claras, lo que abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y posibles actos de censura.
Las preocupaciones también alcanzan a las plataformas digitales. Diversos analistas consideran que, ante el riesgo de sanciones, las empresas podrían optar por eliminar contenidos de forma preventiva o restringir cuentas para evitar responsabilidades legales, generando un efecto de autocensura, incluso sobre publicaciones legítimas.
Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, defendió la legislación al asegurar que busca enfrentar el creciente problema de la desinformación, la cual “representa una amenaza creciente para la democracia” al alimentar la polarización, el discurso de odio y la manipulación de la opinión pública.
Aunque las autoridades sostienen que la legislación no busca restringir el periodismo de interés público ni limitar la libertad de expresión, el inicio de su aplicación será seguido de cerca tanto dentro como fuera del país para evaluar su impacto sobre el ecosistema informativo y el equilibrio entre la lucha contra la desinformación y la protección de los derechos fundamentales.
La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2025 pese al boicot de la oposición conservadora, que cuestionó tanto su contenido como su proceso de aprobación.