En una primera reacción sobre la nueva Ley contra el lavado, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas, la oposición manifestó estar de acuerdo con acatar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero no cree que haya capacidad para fiscalizar las transferencias en bitcoin o activos digitales.
La nueva ley obligará a los proveedores de servicios de activos digitales a reportar transacciones sospechosas.
El diputado Rodrigo Ávila, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), está de acuerdo en que “la ley sea más ágil y se cumplan recomendaciones del GAFI” pero no cree que se garantice realmente el control de las transferencias de bitcoin o de activos virtuales.