jueves, mayo 19, 2022
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El Salvador I La arriesgada apuesta por el bitcoin pone en riesgo sus bonos y las arcas del Estado

El Economista

En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en la primera nación del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de uso legal. Pasados escasos cuatro meses, parece que el arriesgado plan del presidente Nayib Bukele no está cosechando los resultados esperados. Dada la caída del bitcoin en los últimos meses, la inversión directa del Estado en la criptomoneda está perjudicando a las arcas públicas, mientras que sus emisiones de bonos ligadas a la divisa digital podría derivar en un problema de impagos en el medio plazo.

En este tiempo, el país habría desembolsado unos 71 millones de dólares de fondos públicos en la compra de al menos 1.391 bitcoins, según los cálculos de Bloomberg basados en los tweets del presidente salvadoreño. Dadas las fluctuaciones que vive el precio de la criptomoneda, que el 10 de enero marcó mínimos de tres meses hasta los 39.000 dólares, su cartera habría sufrido una pérdida de aproximadamente el 14%, hasta los 61 millones de dólares.

La adopción del bitcoin como moneda de curso legal y las medidas poco ortodoxas puestas en marcha por la nueva Asamblea Legislativa habrían provocado además que los bonos de El Salvador registraran “el peor desempeño del mundo” en 2021, con pérdidas de casi el 30%. Unos datos que preocupan a los inversores, quienes creen que el país no va a poder hacer frente al pago de los bonos que vencen en 2023. Según el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento bruto podría alcanzar el 98,6% del producto interior bruto en los próximos cinco años.

Por su parte, Moody’s alertaba hace unos días de que las operaciones con bitcoin de El Salvador se han convertido en un riesgo adicional para la de por sí débil perspectiva crediticia del país. No obstante, por el momento, la cartera actual de bitcoin del país centroamericano no es lo suficientemente grande como para representar una amenaza para la capacidad del Gobierno de cumplir con sus obligaciones, señalaba la agencia de calificación.

Pese a todo esto, el presidente Nayib Bukele mantiene su apuesta por el bitcoin. A principios de 2022, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció que El Salvador prevé emitir bonos ligados al bitcoin por valor de 1.000 millones de dólares entre febrero y marzo de este año. Los bonos se emitirán a través de Blockstream, en lugar de por las vías convencionales y se destinarán, en parte, a financiar la “Bitcoin City”, que estará ubicada en la ciudad de Conchagua y tendrá forma de moneda.

Según Moody’s, dicha emisión de bonos podría representar una oportunidad para aliviar la presión sobre la liquidez del país. Sin embargo, a menos que los bonos sean muy bien recibidos, El Salvador no tendrá más remedio que reestructurar sus bonos del mercado tradicional.

El Salvador, el nuevo centro de minado mundial

El apagón de internet ordenado por el Gobierno del autoritario Kassym-Jomart Tokayev la semana pasada a raíz de las protestas en Kazajistán ha puesto a El Salvador en el punto de mira de los inversores de criptomonedas.

En los últimos tiempos, el autoritarismo de Kazajistán, sus recursos energéticos y la poca regulación hicieron del país el lugar idóneo para asentar el mayor centro de minado del mundo. Sin embargo, todo eso cambió al estallar las protestas. Ahora, los inversores ven en El Salvador y en las políticas de Nayib Bukele su nueva tierra prometida.

Bukele ya anunció hace unos meses su intención de convertir El Salvador en un gran centro de minado de la moneda virtual de la mano del proyecto “Bitcoin City”. Atraído por la propuesta del presidente salvadoreño, Paolo Ardoino, el jefe de tecnología de la plataforma Bitfinex Securities, domiciliada en Kazajistán, ha manifestado al presidente su interés por hacerla realidad. La empresa ha puesto a disposición del Gobierno salvadoreño su plataforma para la emisión de los bonos ligados a bitcoin. Como paso previo, el Ejecutivo deberá que otorgarles una licencia, como la expedida por Kazajistán basada en regulaciones del Reino Unido, además de crear un marco legal que regule dicha emisión.

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