El Salvador avanza en iniciativa que agilizará permisos para obras de telecomunicaciones
El Salvador avanza en una iniciativa para que el Ministerio de Vivienda tenga la facultad de autorizar permisos para obras de infraestructura pasiva en telecomunicaciones y proyectos de construcción de interés social.
Esta semana, la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para crear una normativa especial que otorgue a la Gerencia de Trámites y Permisos del Ministerio de Vivienda la responsabilidad de autorizar, en todo el país, la construcción de torres de telecomunicaciones, viviendas de interés social y edificaciones de hasta 250 metros cuadrados.
Esta disposición elimina la obligación de presentar solvencias municipales, simplificando procesos, reduciendo los tiempos y requisitos para los solicitantes.
La propuesta también establece que las alcaldías no puedan aplicar tasas adicionales a estos proyectos, salvo cuando se desarrollen en terrenos municipales.
Durante la presentación de la propuesta, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que, en el caso de las obras de infraestructura pasiva para telecomunicaciones, la normativa permitirá a las compañías presentar todos sus permisos en un solo punto, con tasas unificadas. Esta simplificación administrativa, dijo, facilitará la expansión de la conectividad en todo el territorio nacional.
Michelle Sol argumentó que mejorar el acceso a las telecomunicaciones es esencial para la modernización del país, ya que contribuye a cerrar la brecha digital. “La baja cantidad de torres en El Salvador representa una barrera estructural para reducir la brecha digital, democratizar el acceso a la educación y salud, y promover la competitividad del país”, afirmó.
La ministra agregó que fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones debe ser una prioridad nacional, “para seguir avanzando en una economía inclusiva, moderna y digital, que va a abonar especialmente al despliegue de 5G”.
La normativa también busca incentivar la inversión privada en vivienda de interés social, por lo que los empresarios no necesitarían solvencias municipales y el comprador tendría un descuento del 75% ante el registro del Centro Nacional de Registros (CNR), explicó Sol.
Asimismo, los proyectos se gestionarían directamente ante el Ministerio de Vivienda, como permisos de zonificación, revisión vial, factibilidad de aguas lluvias, permiso de parcelación, de construcción y recepción de obras, para agilizar significativamente el proceso de desarrollo habitacional.
El Ministerio de Vivienda también tendría la facultad de realizar inspecciones, emitir lineamientos técnicos y sancionar a quienes incumplan con los requisitos establecidos. Las infracciones se calificarán como graves o muy graves, con multas que van entre el 1 y el 10% del valor del terreno y la obra, según la gravedad del incumplimiento.