El Mostrador – Felipe Saleh
La empresa controlada por Liberty Latin America tiene sólidas cifras de ingresos y ganancias finales. Y tiene mucha hambre y quiere seguir creciendo. Pero en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) está la decisión de levantarle o no las restricciones que le fueron impuestas el año 2004 y que le impiden tener una posición de mercado aún más grande que la actual. La mayoría de los otros actores se niegan, se oponen, por las distorsiones que significaría una empresa VTR más hipertrofiada. El proceso está recién comenzando y mucha agua y abogados –y lobbistas– pueden pasar bajo el puente.
“No vemos un efecto relevante en nuestro negocio y nuestras tiendas están funcionando normalmente, así como nuestra red de operación. Estamos preparados para enfrentar un buen primer trimestre, vemos buena demanda en el mercado y los servicios están mostrando resiliencia, especialmente la banda ancha”, aseguraba hace dos semanas Guillermo Ponce, gerente general de VTR, durante una conferencia que sostuvo con inversionistas.
Los negocios en Chile para esta compañía cableoperadora siguen con una envidiable alza. En palabras de su máximo ejecutivo en el país, VTR cerró “un sólido cuarto trimestre y año, con crecimientos de 6% y 5%, respectivamente”, como detalló en relación con el desempeño de la empresa en 2019. La filial chilena es parte de Liberty Latinoamérica, firma que incluye operaciones en Puerto Rico, Bahamas, Jamaica, Panamá y Costa Rica.
VTR y Cabletica de Costa Rica forman una unidad aparte y en conjunto reportaron ganancias, en 2019, por US$1.073 millones. Chile es la estrella del negocio a este lado del continente, compañía que controla desde Denver, Colorado, Estados Unidos, el magnate John C. Malone, presidente de Liberty Global.
Días antes del estallido social en nuestro país, el 9 de octubre, Liberty Latin America anunció que compraba en US$1.900 millones los negocios del gigante AT&T en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En Chile AT&T opera a través de Turner Broadcasting System Latin America, dueña de Chilevisión, CDF y CNN Chile. Hasta 2016, VTR tenía parte de la propiedad de este canal local de noticias.
Las cifras de la Subtel
Precisamente Turner es una de las partes que intervienen en el proceso de consulta que, desde agosto del año pasado, inició VTR en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), buscando que la autoridad le permita crecer en sus mercados relevantes.
VTR se mantiene en silencio por expresa orden de su matriz en Estados Unidos. Aunque en las finanzas las cosas andan muy bien, en el aspecto judicial no se puede decir lo mismo. Por eso la instrucción es no litigar por los medios. El 15 de mayo, después de casi cuatro años de litigio, la Corte Suprema falló en contra de VTR en la demanda que le interpuso el proveedor local de contenido TV, Televisión Interactiva (TVI), que maneja los canales Vía X, Zona Latina y ARTV, por haberle sacado ilegal y unilateralmente sus canales de la parrilla de VTR. TVI sostuvo, y lo impuso judicialmente, que esta decisión significaba transgredir una de las ocho condiciones que impuso el TDLC a VTR en 2004, con motivo de su fusión Metrópolis Intercom.
En específico, con esta estrategia judicial VTR busca que el TDLC le levante un total de ocho restricciones que le impuso en 2004, cuando la compañía se fusionó con Metropolis Intercom y se quedó con el 88% del mercado de la televisión por cable o televisión de pago. Si le fuese bien, la empresa cableoperadora podría “salir de compras”, como lo hizo con AT&T en Puerto Rico.
En la consulta al TDLC, VTR usa un lenguaje menos triunfalista que el que escucharon los inversionistas y asegura que ya no tiene la posición dominante en el “mercado relevante” de la televisión de pago. Estima que con la nueva composición de la industria, marcada por la irrupción de las plataformas OTT (Over The Top, televisión por Internet, como Netflix), se le hace más difícil competir, a causa de las restricciones que la legislación chilena les impuso hace 15 años, y que se le impone una rigidez que los otros no tienen.
“En el mercado de la televisión pagada hoy existe efectiva competencia, por lo que no se justifica en absoluto que un solo actor sea sujeto pasivo de una regulación particular. En efecto, de contar el 2004 con casi el 90% de participación en el citado mercado relevante, a marzo de 2019 la participación de VTR cayó a solo un 32.6%, según las cifras oficiales que publica la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL)”, reza el escrito presentado por el abogado de VTR Miguel Oyonarte, quien antes fue director legal de Claro, otra de las empresas que figura como interviniente en el proceso.
La industria en contra de VTR
De hecho, la mayoría de las empresas que fueron aceptadas como intervinientes en la causa ante el TDLC por tener “interés legítimo” en lo que en definitiva resuelva este tribunal, afirman que en la práctica VTR sí mantiene una posición dominante en el mercado, que en los hechos no solo se compone de televisión de pago sino también de los paquetes que incluyen conexión a Internet y telefonía fija. Además, los intervinientes que se oponen al alzamiento de restricciones citan a la propia Fiscalía Nacional Económica (FNE), que habla expresamente de “monopolios locales” por parte de VTR, al existir dificultades de ingreso de otros competidores a determinados edificios o inmuebles.
Según el escrito presentado por Claro en el expediente, “acotándose el mercado geográfico a las comunas de altos ingresos, la información pública disponible indica que la participación de VTR es 76,4% en el segmento de televisión de pago y 62.8% en el segmento de Internet Banda Ancha. Además, es muy probable que dichas cifras se incrementen sustancialmente considerando la oferta conjunta de ambos servicios”, afirma la compañía ligada al mexicano Carlos Slim.
Respecto a la oferta conjunta de servicios, la precisión la hace WOM, en su escrito, con el que también se opone a la petición de VTR. “Hoy en día, VTR posee el 58% del total de usuarios que poseen un pack de servicios de Televisión de Pago + lnternet Fijo; además, ostenta el 40,8% de los usuarios que tienen contratado un triple pack de servicios fijos (Televisión de pago + telefonía fija + internet fijo)”, sostiene WOM, y agrega que “en términos geográficos y desde el punto de vista del mercado de servicios de índole domiciliario, VTR es monopólico en el 65,4% de los inmuebles y una potencial operación de concentración con una compañía de televisión satelital le permitiría ampliar aún más su presencia domiciliaria”.
En un sentido similar reacciona Entel, la empresa controlada por el grupo Hurtado Vicuña, que también se opone a que se levanten las restricciones a VTR.
Distinta es la posición de Telefónica, que a “primera vista” no se opone a la petición de VTR. “En general y prima facie Telefónica Empresas Chile S.A. y Telefónica Chile S.A. consideran que las medidas estructurales y conductuales impuestas en la Resolución No1/2004 de este H. Tribunal no tendrían en la actualidad mayor justificación”, dice el escrito de la firma con base en España y que a fines del año pasado anunció que “revisaría” sus activos en Hispanoamérica. De hecho, ya vendió importantes activos en Ecuador y Colombia. En ese contexto, se estima que VTR podría tener los ojos (y algo más) puestos sobre Telefónica en Chile, y sería esta la verdadera razón de la postura tan “relajada” de esta última ante el TDLC.
La mano de VTR y abuso de posición de poder
Igual la posición de Telefónica es en parte cautelosa. “Existe la posibilidad de que parte del estudio de la totalidad de los antecedentes que se recaben en este proceso, Telefónica Empresas Chile S.A. y Telefónica Chile S.A. concluya finalmente que el alzamiento de una o más de las medidas en cuestión podría derivar en ventajas competitivas artificiales en favor de VTR, derivadas por ejemplo de alguna asimetría regulatoria o cualquier otro riesgo para el correcto funcionamiento competitivo del mercado”, dice el escrito. La empresa está representada por dos abogados del estudio Contreras Velozo.
VTR se mantiene en silencio por expresa orden de su matriz en Estados Unidos. Aunque en las finanzas las cosas andan muy bien, en el aspecto judicial no se puede decir lo mismo. Por eso la instrucción es no litigar por los medios. El 15 de mayo, después de casi cuatro años de litigio, la Corte Suprema falló en contra de VTR en la demanda que le interpuso el proveedor local de contenido TV, Televisión Interactiva (TVI), que maneja los canales Vía X, Zona Latina y ARTV, por haberle sacado ilegal y unilateralmente sus canales de la parrilla de VTR. TVI sostuvo, y lo impuso judicialmente, que esta decisión significaba transgredir una de las ocho condiciones que impuso el TDLC a VTR en 2004, con motivo de su fusión Metrópolis Intercom.
La condición 5 (de las 8) puntualiza que “se prohíbe a la empresa fusionada usar su poder de mercado sobre terceros programadores que vendan señales o producciones de TV pagada, para negar injustificadamente la compra u ofrecer por ellas un precio que no tenga relación con las condiciones de competencia del mercado”
En el fallo de la Corte Suprema a favor de TVI, se consigna que VTR tiene una posición ventajosa a partir de su presencia mayoritaria en los segmentos de mayores ingresos. En estos sectores es donde están instalados los medidores de rating que determinan la participación en la publicidad de los canales. En la práctica, si los canales no están en VTR, aparecen con rating cero y los avisadores no compran espacio. Lo que técnicamente se llama un “mercado de dos lados”.
El fallo de la Corte Suprema lo especificó de la siguiente forma. “Para determinar su poder de mercado, hay que analizarlo no solo aguas abajo, sino que también aguas arriba, ámbito en que es determinante el vínculo de VTR con el mercado de la publicidad”.
“De todas las instituciones y empresas que se han pronunciado, ninguna ha puesto en cuestión el levantamiento de la condición Quinta, que es lo que también ratifica la Corte Suprema”, dice Rodrigo Gil, abogado de TVI, del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana.
Turner, un megaproveedor de canales de TV a nivel internacional y dueño de CHV y CDF, representado por el estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos, tuvo una posición más amistosa y solo presentó un “levantamiento de hechos”, sin expresar una oposición explícita a que se levanten las restricciones. En el mercado se interpreta esta postura a partir de la cercanía de VTR con Jorge Carey (su exvicepresidente ejecutivo), actual cabeza de Turner en Chile. También los entendidos mencionan las gestiones realizadas por la lobbista Cristina Bitar.
Más peleas entre estudios grandes
La situación de TVI, que ganó el juicio a VTR y que obligó al cableoperador a reponer sus canales en la parrilla de VTR, motivó a otro proveedor de contenidos, esta vez de alcance multinacional, AMC Latin America, a demandar a VTR, también por sacarle ilegalmente sus canales. Esta empresa está representada por el estudio de Jorge Bofill, hermano de Octavio Boffil (socio del bufete que representa a TVI).
La situación de AMC Latin America generó que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia agrupara en diciembre este proceso con la consulta de VTR y lo transformara en un procedimiento contencioso. Lo que implica que el proceso se viene largo y cada interviniente puede presentar pruebas y distintos insumos que aporten a la resolución final del conflicto. VTR sabe que el proceso será difícil y extenso, y no va a terminar antes de seis meses o un año. Por eso se armó con la abogada Nicole Nehme, reconocida internacionalmente como una experta chilena en libre competencia y conocida por representar a Farmacias Ahumada en el caso de colusión con las otras dos cadenas farmacéuticas grandes, Cruz Verde y Salcobrand.
Por ahora, la posición de VTR ha sido estar en los medios defendiendo la posición que tiene actualmente en el mercado, que según ellos no es monopólica, a través de notas en los medios con asesoría de Azerta, la empresa de comunicación estratégica fundada por Cristina Bitar.