El crimen organizado controla el acceso a Internet en 313 municipios brasileños, afirma Conexis
El crimen organizado estaría controlando el acceso a Internet en 313 municipios de seis estados brasileños, afectando a cerca de 6 millones de personas, según representantes del sector de telecomunicaciones escuchados en una audiencia pública en la Cámara de Diputados esta semana.
De acuerdo con Conexis Brasil Digital, las facciones criminales vienen restringiendo la actuación de operadores y proveedores locales, en algunos casos mediante la intimidación de técnicos, el vandalismo de redes y el secuestro de infraestructura, como cables y equipos. El impacto alcanzaría un área equivalente a casi dos veces el territorio del estado de São Paulo.
De acuerdo con el sector, la actuación del crimen organizado se ha expandido con rapidez en determinadas localidades. En Fortaleza (CE), por ejemplo, representantes informaron que las facciones pasaron a controlar el acceso a Internet en áreas que corresponden entre 5% y 10% de la población en apenas una semana, alcanzando cerca del 25% en menos de un mes.
La Asociación Brasileña de Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones Competitivas (Telcomp) sostiene que la escalada del problema requiere una respuesta coordinada entre la Unión y los estados, con enfoque en inteligencia y represión.
Entre las propuestas, se encuentra la inclusión de las redes de telecomunicaciones como infraestructura crítica en la PEC (Propuesta de Enmienda a la Constitución) de Seguridad, lo que permitiría una mayor coordinación federal en las acciones de investigación y combate.
El sector también señala la necesidad de endurecer las penas para delitos como el robo y la receptación de cables y equipos de telecomunicaciones. El tema ya es objeto de un proyecto de ley en trámite en la Cámara, que prevé la exigencia de comprobación de origen legal para la reventa de materiales de telecomunicaciones.
El Ministerio de las Comunicaciones evalúa que la represión del problema también depende de una mayor integración con las policías civiles estatales y de mecanismos regulatorios más estrictos, incluida la posibilidad de revocación de licencias a empresas eventualmente vinculadas a organizaciones criminales.
El debate reaviva la discusión sobre las vulnerabilidades de la infraestructura digital en el país y los límites de la actuación estatal en áreas con presencia consolidada del crimen organizado, especialmente en servicios considerados esenciales como la conectividad.