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Ecuador | Tulcán obligado a pagar $5 millones a Claro

El monto se definió tras una sentencia judicial por cobros indebidos, que se generaron a través de una ordenanza.

La Hora

El Municipio de Tulcán le debe $4’942.665 a la empresa de telefonía Conecel S.A., representante jurídica de la compañía Claro.

Este monto, sin embargo, no se relaciona con el consumo de llamadas o cualquiera de los servicios que brinda la empresa, sino que se refiere al dinero que la municipalidad tulcaneña le cobró indebidamente a Conecel, en el año 2014, cuando se expidió una ordenanza municipal fijando tasas para regular la utilización del espacio público, así como el espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y tendido de redes.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Tulcán informó que el monto adeudado se comenzó a pagar desde enero de 2022, conforme a la sentencia judicial emitida en enero de  2018, por parte del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en Guayaquil.

El valor total, sin embargo, será cancelado a lo largo de 36 meses, a través de pagos mensuales que bordean los $137.000, los cuales fueron autorizados por el Concejo Municipal, el 30 de septiembre de 2021, “sin que por ello se cobren intereses o multas, desde el año en que el Municipio de Tulcán embargó indebidamente el dinero de la empresa Conecel S.A., hasta la actualidad”.

Ordenanza inconstitucional

La demanda por parte de Conecel contra el Municipio de Tulcán llegó a la Corte Constitucional en 2015.

La principal impugnación se dio contra el artículo 18 de la ordenanza que aprobó el Concejo Municipal, donde se definía que las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales y extranjeras, todas ellas de carácter privado, cancelen anualmente nuevas tasas municipales, generadas por instalación de postes, tendidos de redes y estructuras; además de la fijación de las tasas correspondientes por la utilización u ocupación del espacio aéreo municipal.

Las tasas, según la normativa, se aplicaban principalmente a estructuras metálicas de uso comercial, como antenas de todo tipo, para radio, celulares, televisión, pero también a los tendidos de redes, imponiendo un porcentaje diario de pago por su instalación en zonas rurales o urbanas del cantón.

Por ejemplo, uno de los acápites imponía el 20% del salario básico unificado para antenas para servicios celulares, diariamente, exponiendo que el pago debía ser por cada una de las antenas instaladas en lo alto de las estructuras y que forman parte de las redes para telecomunicaciones, “por concepto de uso de espacio aéreo”.

Entre otros rubros, se pidió que las antenas para radio ayuda y radioaficionado paguen $0,10 centavos diarios y las comerciales $1,50, mientras que por los tendidos de redes que pertenezcan a empresas privadas se quería sujetar una tasa diaria de $0,01 centavos por cada metro lineal.

Litigio

Tras ser notificados con la demanda, el entonces alcalde de Tulcán, Julio César Robles Guevara, así como el procurador síndico municipal de la época, Luis Marcelo Portilla Revelo, pidieron que se deseche la causa y argumentaron que Conecel, “por más de seis años, ha venido operando en Tulcán, sin reportar ningún beneficio al cantón, sin pagar impuestos, tasas o contribuciones por el uso de suelo”.

Sin embargo, la Corte Constitucional falló en su contra y declaró inconstitucional la ordenanza, exponiendo, entre una de las observaciones, que solo le compete el Gobierno Central el cobro de temas referentes al espectro de comunicaciones y telecomunicaciones, mas no a los gobiernos municipales.

Además, mencionaron que las siete tarifas fijadas dentro del artículo 18 de la ordenanza impugnada, alcanzaban valores excesivos, “afectando de manera considerable la economía de las empresas privadas que, bajo el afán de brindar el servicio comercial por el que fueron constituidas, se ven en la necesidad de hacer uso del espacio público, activando el hecho generador de las tasas reguladas en la ordenanza y, en consecuencia, cumplir con el pago obligatorio de dicho tributo”.

Tras los responsables

Desde la Procuraduría Síndica del Municipio de Tulcán se ha expuesto que el juicio contra Conecel, al asumir la presente administración municipal, ya estaba perdido, por lo que no pudieron hacer mayor gestión para evitarlo.

Ante esto, el único trámite que hicieron, prácticamente, fue mediar con los representantes legales de la empresa, para que el pago de los casi $5 millones no sea inmediato, tal como lo pedían en primera instancia, sino que se pueda cancelar en tres años, con mensualidades que bordean los $137.000, cumpliendo la primera cuota en enero de 2022.

“Es una preocupación que la hemos manifestado desde el primer día que asumimos la administración municipal, ya que nosotros hemos encontrado estas sentencias ya perdidas y lo que hemos logrado es llegar a acuerdos de pago, para no caer en incumplimientos, como se lo vino haciendo desde el año 2016”, dijo, en su momento, Nataly Polo, procuradora síndica del Municipio de Tulcán.

Además, expusieron que una vez comenzado el pago, iniciarán los trámites correspondientes para que las autoridades responsables rindan cuentas sobre los destinos de estos rubros, así como por las evasiones constantes para evitar el desembolso del dinero.

“Se embargaron las cuentas de la telefónica Conecel en el año 2015, por lo que siguieron el proceso judicial para que se pueda restituir los valores, que ahora el GAD Municipal de Tulcán tiene que pagar obligatoriamente”, agregó Polo.

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