Ecuador establece 7 ejes estratégicos para su transformación digital hacia 2030
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) de Ecuador expidió la Política Pública para la Transformación Digital 2025-2030. El documento establece una hoja de ruta integral para acelerar la adopción de tecnologías digitales en todos los sectores del país, cerrar brechas tecnológicas, y garantizar que tanto el Estado como la ciudadanía estén preparados para afrontar los retos y oportunidades de la era digital.
La política fue elaborada siguiendo las etapas definidas por la “Guía Metodológica para la Formulación de Política Pública”, emitida por la Secretaría Nacional de Planificación. El proceso incluyó cuatro fases: preparación, diagnóstico, propuesta y validación-aprobación, con una fuerte participación interinstitucional y multisectorial.
La propuesta actualiza los siete ejes estratégicos establecidos en la anterior agenda de transformación digital (2022-2025). El primero es la Infraestructura digital, que plantea mejorar la conectividad a nivel nacional, expandir la red de banda ancha, modernizar sistemas de información institucionales e incentivar la inversión en infraestructura tecnológica. El eje Cultura e inclusión digital busca fortalecer la alfabetización digital de la ciudadanía, especialmente en zonas rurales, mujeres y pueblos indígenas, para asegurar una participación equitativa en la sociedad digital.
El tercer eje es sobre Economía digital, por medio del cual se espera fomentar la innovación, digitalizar los procesos productivos, apoyar a startups tecnológicas y potenciar el comercio electrónico, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Las Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible son el cuarto eje, el cual pretende promover la aplicación de tecnologías como Inteligencia Artificial (IA), Blockchain, Big Data, Internet de las cosas (IoT) y robótica en sectores clave como salud, educación, medio ambiente, energía y agricultura. Seguido de Gobierno digital, que buscará la digitalización de servicios públicos y la implementación de plataformas electrónicas seguras, accesibles y orientadas al ciudadano.
El sexto eje es la Interoperabilidad y tratamiento de datos, por medio del cual se establecerán estándares comunes para el intercambio de datos entre instituciones, y se fomentará la apertura de datos (datos abiertos), la protección de datos personales y la seguridad jurídica en el tratamiento de información.
Por último, el eje de Seguridad digital y confianza busca garantizar un entorno cibernético seguro, promoviendo la educación en ciberseguridad, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la confianza de los usuarios en el ecosistema digital.
La política pública no sólo se centra en aspectos tecnológicos, sino también en la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, la equidad de género y la transparencia. De hecho, uno de sus principios rectores es garantizar que ninguna persona quede excluida del proceso de transformación digital, por lo que incluye un principio de gobernanza participativo y colaborativo, que promoverá el trabajo articulado entre el Estado, el sector privado, la academia y la ciudadanía.
A través de esta política pública se deroga formalmente la política anterior (2022-2025) y entra en vigencia inmediata tras su publicación en el Registro Oficial.