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México: comienza proceso para vincular líneas móviles con datos de usuarios
El 9 de enero de 2026 marcó el inicio de la obligatoriedad para vincular todas las líneas de telefonía móvil en México con la identidad de sus usuarios, bajo los nuevos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Este proceso exige que tanto las líneas nuevas como las ya existentes, incluyendo modalidades de prepago y pospago, sean asociadas a una persona física o moral mediante documentos oficiales como la credencial de elector o pasaporte y la CURP.
El objetivo central de esta medida es crear un padrón confiable que ayude a combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, eliminando el anonimato en el uso de los servicios móviles.
Ante esta inminente entrada en vigor, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) solicitaron formalmente una prórroga a la autoridad reguladora, argumentando que enfrentan serios obstáculos técnicos para cumplir con los plazos establecidos.
El plazo para que todos los usuarios vinculen su línea móvil con sus datos concluye el 29 de junio de este mismo año, y en caso de no hacerlo, la línea será suspendida.
Beyond One: el “rebelde” detrás de lo que queda de Telefónica Hispam
Beyond One puede convertirse en un actorrelevante en el proceso de reconfiguración del mercado de telecomunicaciones de América Latina: mostró interés por las filiales de Telefónica en México y Chile, en el marco de la salida definitiva del grupo español de Hispanoamérica (con Venezuela aún en suspenso). La propietaria de Virgin Mobile se define como una compañía “digitalmente diferente”, con un discurso rebelde y foco en servicios simples, transparentes e hiperpersonalizados. Responde al holding Priora, con base en Dubái.
La empresa ingresó a la región en 2023 con la compra de Virgin Mobile Latin America y hoy opera como OMV en México, Chile y Colombia sobre la red de Movistar. En Colombia concentra su mayor base de clientes, con unos3.3 millones de usuarios, mientras que en México alcanza cerca de 925,000 líneas y en Chile mantiene una presencia marginal, muy por debajo de sus picos históricos. Más allá del negocio móvil, también ofrece Virgin Connect Roam, una eSIM para viajeros con cobertura en 190 países.
La salida de Telefónica de Hispam –ya concretada en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú— abrió un proceso de fusiones y adquisiciones que acelera la consolidación regional. En ese contexto, Beyond One aparece como una compañía dispuesta a dar un salto desde el modelo OMV hacia operaciones más integrales, en mercados altamente competitivos. De concretarse las compras, la compañía ampliaría de forma decisiva su presencia en América Latina y reforzaría su ambición de expansión global.
Venezuela: fallas de red y ley para impulsar IA y ciberseguridad: así se ve el sector tras ofensiva militar de EE. UU.
Ya pasó una semana de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela, que no sólo alteró el tablero político del país, sino que dejó al descubierto la fragilidad de su infraestructura crítica, en particular la de telecomunicaciones. Tras los bombardeos ejecutados en la madrugada del 3 de enero y la captura del presidente Nicolás Maduro, se registraron apagones masivos y fallas generalizadas en los servicios de Internet y telefonía móvil, especialmente en Caracas y otras zonas urbanas. La interrupción del suministro eléctrico en subestaciones clave afectó directamente la continuidad operativa de las redes, evidenciando la alta dependencia del sector telecom de una infraestructura energética vulnerable en un contexto de conflicto armado.
En paralelo, el gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, avanzó en una agenda legislativa orientada a reforzar la soberanía tecnológica, con la presentación de proyectos de ley sobre Inteligencia Artificial (IA) y de ciberseguridad ante la Asamblea Nacional. Estas iniciativas buscan no sólo regular el uso estratégico de tecnologías emergentes y proteger los datos y sistemas del Estado, sino también responder al entorno geopolítico actual, donde la seguridad digital se convierte en un componente central de la defensa nacional.
Gobierno de Colombia venderá sus acciones en Movistar
El gobierno de Colombia anunció oficialmente la venta de su participación accionaria en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, empresa que opera bajo la marca Movistar en el país, con el cual se autoriza y regula el programa de enajenación de estas acciones. Colombia es dueña del 32.5% del capital accionario de Movistar, esta participación accionaria será enajenada en su totalidad como parte de la política de gestión y optimización de activos del Estado.
De acuerdo con el Decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025 , el precio de oferta por cada acción de Movistar será de 772.38 pesos colombianos, unos 0.21 centavos de dólares. En total, el Estado colombiano suma 1,108,269,271 acciones ordinarias. Esta operación coincide con el proceso de fusión de Tigo-Movistar, que ya fue aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Oi: el colapso de una campeona brasileña de las telecomunicaciones
(Contenido en portugués)
La historia de Oi es la de una empresa que creció demasiado, demasiado rápido, y que pasó los últimos años intentando sobrevivir a través de sucesivos procesos de recuperación judicial. Cada intento de salvación implicó la venta de activos estratégicos: precisamente aquellos que podrían haber permitido a la compañía competir, recuperarse y volver a ofrecer servicios en un sector en plena transformación. Al final, Oi sigue viva en el papel, pero cada vez más vaciada económicamente.
En el centro de este relato están decisiones que parecían soluciones y terminaron profundizando la crisis. La apuesta por una fusión internacional con Portugal Telecom, presentada como un salto estratégico, contaminó el balance de la empresa. Más tarde, la conversión de deuda en participación accionaria llevó a grandes acreedores a ejercer un control de facto sobre la compañía, con especial protagonismo de Pimco, dando inicio a un periodo de disputas societarias, acusaciones de interferencia en la gestión y conflictos judiciales que comenzaron a bloquear decisiones esenciales para la operación.
El colapso de Oi, sin embargo, nunca fue sólo un problema empresarial. Incluso debilitada, la compañía siguió siendo responsable de contratos y redes que sostienen servicios esenciales en todo el país, conectando organismos públicos, servicios críticos e infraestructura sensible. Por ello, su crisis arrastró a reguladores, tribunales y órganos de control al centro de la escena. Más que la caída de una operadora, el caso Oi expone el riesgo de convertir la preservación formal de una empresa en un problema permanente para el Estado y para la continuidad de servicios que Brasil no puede simplemente dejar de prestar.
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Oi: da privatização ao colapso de uma crise sistêmica nas telecomunicações
A história da Oi é a de uma empresa que cresceu demais, rápido demais, e passou os últimos anos tentando sobreviver dentro de sucessivas recuperações judiciais. Cada tentativa de salvação implicou a venda de ativos estratégicos: justamente aqueles que poderiam permitir à companhia competir, se reerguer e voltar a vender serviços em um setor em transformação. No fim das contas, a Oi segue viva no papel, mas cada vez mais esvaziada economicamente.
No centro desse enredo estão decisões que pareciam soluções e acabaram aprofundando a crise. A aposta em uma fusão internacional com a Portugal Telecom, apresentada como um salto estratégico, contaminou o balanço da companhia. Mais tarde, a conversão de dívidas em participação acionária levou grandes credores ao controle de fato da empresa, com destaque para a Pimco, abrindo um período de disputas societárias, acusações de interferência na gestão e conflitos judiciais que passaram a travar decisões essenciais para a operação.
O colapso da Oi, porém, nunca foi apenas um problema empresarial. Mesmo fragilizada, a companhia permaneceu responsável por contratos e redes que sustentam serviços essenciais em todo o país, ligando órgãos públicos, serviços críticos e infraestrutura sensível. Por isso, sua crise arrastou reguladores, tribunais e órgãos de controle para o centro da história. Mais do que a queda de uma operadora, o caso Oi expõe o risco de transformar a preservação formal de uma empresa em um problema permanente para o Estado e para a continuidade de serviços que o Brasil não pode simplesmente deixar parar.